La crisis económica propiciada por la Covid-19 y agravada por la mala gestión, tanto sanitaria como precautoria, del Gobierno de España es ya una realidad inevitable, y sus costes devienen cada día más claros y palpables. Con un déficit estimado cercano a los 120.000 millones de euros para el año 2020, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y cocapitaneado por Pablo Iglesias busca maneras de cubrir los agujeros presupuestarios y fiscales que no cesan de abrirse ante sus ojos. Para ello, Unidas Podemos ha propuesto un “impuesto a la riqueza”, que viene a ser un Impuesto al Patrimonio con esteroides, lo cual multiplica sus efectos distorsionadores y su ineficiencia, tanto en el plano fiscal como en el puramente económico. El impuesto a la riqueza, o Tasa Covid, no respeta el principio de no confiscatoriedad ni tampoco la equidad horizontal y vertical que, en un sistema tributario progresivo, ha de caracterizar a todo impuesto.
En primer lugar, debemos restarle algo de mérito a Iglesias por la ocurrencia. Dicho impuesto a la riqueza no ha salido por obra y gracia de la oficina económica de Unidas Podemos, sino que se trata de una réplica barata y mal armada del Wealth Tax diseñado por Emmanuel Saez y Gabriel Zucman para la campaña presidencial de Elizabeth Warren, que finalmente no tendrá ningún recorrido. Aun así, existen diferencias: Warren proponía un impuesto del 2% anual para patrimonios superiores a los 50 millones de dólares y de un 3% para aquellos por encima de los 1.000 millones. Sin defender la propuesta de Warren, la adaptación de Iglesias viene corregida y aumentada, al estructurarse de la siguiente manera: un 2% del valor total del patrimonio a partir de 1 millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones de euros, un 3% para patrimonios superiores a 50 millones de euros y un 3,5% para aquellos que rebasen los 100 millones de euros. En todos estos tramos, se encuentran exentos los primeros 400.000 euros de la vivienda habitual.
El argumento básico y falaz esgrimido por los seguidores de Unidas Podemos para defender este impuesto se cifra en que “un 2% o 3% no es nada” y que “únicamente lo pagarán los ricos”. Veamos cómo ambas justificaciones son absolutamente falsas. En primer lugar, el impuesto sobre la riqueza propuesto por Unidas Podemos supone un fortísimo desincentivo al ahorro y la inversión, a la vez que fomenta la fuga de capitales (aunque esta se produjese entre CC.AA.) y la erosión de la base imponible. En vez de generar riqueza, se acabará repartiendo la miseria.
Este impuesto obligaría a los contribuyentes a descapitalizarse para poder afrontarlo
En segundo lugar, según las estadísticas de la Agencia Tributaria, en España, en el año 2017 (últimos datos disponibles al respecto), había cerca de 60.000 contribuyentes con un patrimonio superior a los 1,5 millones de euros. De esos 60.000, 53.245 disponían de un patrimonio neto inferior a los 6 millones de euros. Lo más curioso es que Hacienda muestra en su compendio de datos que la base imponible de IRPF de dichos contribuyentes del Impuesto de Patrimonio registra una media de 134.500 euros. Nadie niega que esta no se trate de una renta muy elevada, pero, en España, el patrimonio generalmente se compone de bienes ilíquidos (sobre todo vivienda). Por ello, dicho impuesto obligaría a los contribuyentes a descapitalizarse para poder afrontarlo, lo que lastraría fuertemente el ahorro y la inversión.
Pongamos un ejemplo sencillo. Imaginemos un ciudadano con un patrimonio de 3,4 millones de euros (descontamos así los primeros 400.000 euros exentos de la vivienda habitual). Estaría obligado a pagar al año un 2% de 3 millones de euros, teniendo una renta de 134.500 euros. Así, abonaría al año, en concepto de este impuesto sobre la riqueza, 60.000 euros en términos nominales. A lo que habría que sumar lo correspondiente en términos de IRPF, impuestos sobre rendimientos del capital, etc. Todo ello muestra el claro carácter confiscatorio del gravamen propuesto por Unidas Podemos.
Aparte de que España se trata del único país europeo que mantiene vigente un Impuesto de Patrimonio, su capacidad recaudatoria resulta absolutamente ridícula en comparación con el efecto distorsionador que tiene sobre la economía. En el año 2007, con las bolsas mundiales en máximos y el sector inmobiliario con los precios por las nubes, es decir, con patrimonios inflados, el Impuesto de Patrimonio llegó a ingresar escasamente 2.000 millones de euros. Ahora, Podemos, en plena crisis económica, pretende recaudar con él 11.000 millones de euros. Sin contar, por supuesto, con la elasticidad de la base imponible.
Cataluña ha sido una de las CC.AA. que más duramente ha aplicado el Impuesto de Patrimonio. Pues bien, en esta comunidad autónoma, tras la reimplantación de dicho impuesto en 2011 (a nivel estatal con competencias cedidas a las autonomías), quedó demostrado que un aumento de este del 1% erosionaba su base imponible: nada menos que un 32,5% en 4 años.
En conclusión, lo que necesitamos no es generar un mayor shock negativo sobre la inversión, o provocar una fuerte caída de la recaudación en medio una gran crisis económica. Lo que precisa la economía española en estos momentos pasa por suministrar una mayor liquidez al tejido empresarial, aplazamiento de ciertos impuestos, y políticas que ayuden a frenar la sangría del desempleo. Es decir, un giro de 180 grados de las políticas económicas de Unidas Podemos.
