19
feb
Huffington Post

Esta semana, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han dado luz verde a la aprobación y entrada en vigor de los dos nuevos impuestos estrella de su legislatura. La tasa Google y la tasa Tobin ya son una realidad en la economía española, tras la aprobación por el Consejo de Ministros. Una aprobación que se enfoca en los incrementos fiscales para las transacciones financieras producidas, especialmente, en la gestión intradía, así como los servicios digitales, incidiendo en aquellas empresas entre las que se encuentra la que da el nombre al propio impuesto.

La polémica de estos nuevos impuestos, los cuales se han considerado como la panacea por diversos frentes de la formación de Unidas Podemos, nace con las nuevas estimaciones de ingresos que ha realizado el Gobierno. Mientras se esperaba recaudar cerca de 1.200 millones de euros al año -dejando fuera las variables que tendría un impacto negativo en la economía y la inversión-, ahora, desde el propio Gobierno, se prevé una menor recaudación, lastrando las previsiones hasta los 968 millones de euros con la tasa Google, así como hasta 850 millones en la tasa Tobin.

Aunque parezca sorprendente, este lastre en la recaudación era algo ya muy estimado por los economistas. Especialmente desde la Fundación Civismo, se han realizado continuos estudios sobre este asunto que han desmantelado la propuesta del ejecutivo. Estudios que mostraban abiertamente la estrecha relación entre los impuestos digitales y financieros y, por otro lado, la evolución de ciertas variables como la inversión, los beneficios empresariales o el propio producto interior bruto (PIB). Unos resultados que, como veremos a continuación, no son para nada optimistas.

Para el Gobierno, sin embargo, la explicación se debe más al lastre que ha vivido la economía mundial durante los últimos meses. Esta ha sido su justificación para tratar de explicar el descenso en las previsiones de recaudación. Unos descensos que han achacado a la situación macroeconómica que acecha a la economía, donde los crecimientos no dejan de sufrir reajustes, mientras que la economía sigue en su misma senda de desaceleración que llevamos arrastrando desde hace meses.

Podría ser una buena justificación. Sin embargo, los datos a los que me refería, utilizados en este estudio realizado por la Fundación Civismo, no achacan esa caída, ni mucho menos, a la desaceleración económica. Más bien, estas caídas se producen por esos efectos negativos que se generan con la aplicación de nuevas normativas en materia fiscal para las compañías financieras y tecnológicas. Nuevas normativas que, aunque no lo integraré en este debate, podemos introducirnos a cuestionar quien será el pagador final de las mismas, dado que, obviamente, repercutirá en los costos para los ciudadanos y no para los ricos, como afirmaba el Gobierno.

Sin embargo, como decía, esta no es la tarea a desarrollar hoy, pues los efectos contraproducentes que producen los nuevos impuestos tienen una mayor relevancia desde la óptica macroeconómica que por el lado del consumo y la distribución de costes. Y es que, si cogemos la medida y la analizamos, para comenzar y algo que destacábamos en el estudio, nos encontramos con una soledad en la aplicación, puesto que el Gobierno se ha embarcado de manera unilateral y sin esperar a un acuerdo con el resto de países miembros de la OCDE. Esto es algo muy preocupante ya en el inicio, pues la fuerza y robustez que nos daría el bloque económico en la adopción de dichas medidas no repercutiría en tensiones y malestares que, de esta forma, acecharán a la economía española en solitario.

Esto es algo en lo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido infinitamente más inteligente. Esperando que la OCDE y la Unión Europea adopten una línea de acción común, evitando los aranceles de Trump a los productos franceses y, con ello, una limitada guerra comercial.

Otro de los efectos que nos muestra el estudio, además del inicial mencionado, es el impacto que tendrá esta tasa digital en las compañías tecnológicas. Los datos muestran la mala calibración realizada por el Gobierno de España en la adopción de las políticas, pues el daño a las compañías, de forma directa, afectará a la economía en su conjunto. Las nuevas medidas fiscales reducirán, como se ha indicado desde Civismo, el margen bruto sobre importe neto de la cifra de negocios en dos puntos porcentuales. Esto quiere decir que habrá un menor ingreso para una serie de compañías que, sin dejar de crecer, estaban generando la friolera de 40.000 puestos de empleo en el país. 

La tasa, de esta forma, reducirá los márgenes, limitando la capacidad de crecimiento de unas compañías que estaban creciendo, hasta ahora, a ritmos del 4,8% de forma interanual. Hablamos de poner un arancel para las compañías tecnológicas en el país, lo que tendrá efectos en la economía. Hablamos de una discriminación a un negocio que, obviamente, repercutirá en el trato y las relaciones con otra serie de gobiernos. Entre ellos, el estadounidense. Como es obvio, esto se traducirá en represalias hacia nuestros productos exportados a los Estados Unidos, perjudicando nuestra relación comercial.

Pero como decíamos, y aunque no fuese el tema del artículo, los efectos sobre la demanda también serán notables. Esta situación, aunque no se concibe, genera unos costes asociados a los servicios digitales y financieros que tendrá que afrontar el cliente final. Y es que, de acuerdo con el estudio, hablamos de un sobrecoste aproximado de 0,47 euros por cada compra realizada por vía digital. Una sobrecoste que no casa mucho con el mensaje del Gobierno sobre digitalizar la economía.

En conclusión, las formas de aplicación del impuesto, además de polémicas, han sido muy precipitadas y mal calibradas. Los efectos sobre la economía española, aunque por ahora limitados, no son menos preocupantes. El Gobierno debería, por ende, repensar la situación y adoptar medidas alternativas para paliar los posibles efectos negativos.


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