Este año los riojanos han trabajado, de media, un total de 177 jornadas para cumplir con sus obligaciones tributarias. De este modo, los trabajadores de la región han tardado un día menos que la media nacional en alcanzar lo que se considera como el Día de la Liberalización Fiscal, que este 2020 tiene lugar ayer en la Rioja y hoy a nivel nacional. Según estos cálculos que ofrece la Fundación Civismo, es el tercer territorio del país con menor presión fiscal, sólo por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Comunidad de Murcia. 

La novedad es, por tanto, que La Rioja deja de ser la comunidad que primero se «libera» fiscalmente, posición que pasa a ocupar Murcia. Y es que, hasta este año, La Rioja era la región de España con la tributación más baja en renta para todos los contribuyentes. Esto, en parte, se sigue conservando, ya que tanto los jóvenes como las familias entre 45 y 64 años pagan medio punto menos que la media nacional y 1,43 puntos menos que Madrid. 

Fin del beneficio.  

La Fundación Civismo apunta a que la política fiscal del actual Gobierno va encaminada a acabar con esta situación beneficiosa para la economía de la región, a través de posibles subidas fiscales como las que ya se han producido para las rentas altas. Así, un contribuyente que gana 150.000 euros anuales ya ha empezado a abonar un tipo efectivo del 46,3% este año.
Tomando el salario medio de 25.124 euros, lo que implica un coste laboral total de 32.636 euros, el pago de Seguridad Social supone 7.512 euros de cuota patronal y 1.595 de cuota del trabajador; el de IRPF equivale a 3.212 euros; el de IVA a casi 2.000 euros; los Impuestos Especiales, a cerca de 900 euros; y los cedidos a autonomías y municipios a 767 euros. Así, el coste total de los impuestos asciende a 15.944,03 euros.

Peso en las nóminas

De este desglose, deduce la Fundación «el gran impacto» que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales, cuya suma se denomina cuña fiscal, y que reduce el salario neto de los trabajadores de manera «significativa». Así, de cada 100 euros que paga el empresario en coste laboral, el ocupado de entre 16 y 29 años cobra 64; el de entre 30 y 44 años, apenas 62,4 euros; el de entre 45 y 64, solo 61,6 euros, y los mayores de 65 años ingresan 87,7 de forma efectiva gracias a la ausencia de presión de las cotizaciones sociales.
Además, este año ha habido un repunte de la cuña fiscal «notable» entre la población más joven debido al incremento del salario mínimo. Por este motivo, un aumento no especialmente abultado del salario (564,29 euros anuales) implica dejar de percibir más de la mitad de la reducción por rendimientos del trabajo y, por tanto, que la subida de IRPF termine resultando más elevada que la del propio salario (736,54 euros).

Desde la Fundación Civismo explican que en esto reside la problemática de medidas como los «complementos salariales» que establecen subtramos dentro de cada tramo general, situación que se les presenta a buena parte de los beneficiarios de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quienes, por haber tenido dos pagadores, tendrán que realizar su declaración de IRPF en 2021, incluso aunque no lleguen al mínimo a partir del cual es obligatorio, lo que elevará su presión fiscal.

También en un futuro próximo se prevé una subida de impuestos a causa de la acumulación de deuda. Esta, según estimaciones de la Comisión Europea, se situaría en el entorno del 115% sobre PIB y sufriría un repunte de 112.580 millones. En ese caso, el coste fiscal puede verse ampliado en 17.326 millones, lo cual equivale, en términos per cápita, a pagar 365,52 euros más cada año. O, expresado de otra forma, a 5 días más de salario, lo que significaría volver a la situación fiscal de antes de la reforma de 2015.