El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha manifestado su postura acerca de la reforma laboral española tras la gran crisis de 2008. A ojos del organismo multilateral, la reforma laboral que se implantó en España tras el estallido de la crisis inmobiliaria ayudó a que no destruyeran tantos empleos como, de no haberla aplicado, podrían haberse destruido.

De acuerdo con las previsiones realizadas por BBVA Research, de no haberse aplicado los cambios legislativos en el mercado de trabajo del Gobierno de Mariano Rajoy, estaríamos hablando de una destrucción de empleo muy superior y notable a la que vimos durante la crisis. Una destrucción de empleos que se cuantificó, aproximadamente, en los cerca de un millón de empleos que evitaron destruirse tras la aplicación de la medida.

Una medida que, puesta en contraste con la serie histórica que ofrece el mercado laboral español, estaba condenando a nuestra economía a tasas estructurales de desempleo medias del 17%. Unas tasas de desempleo que no solo nos situarían a años luz de las grandes economías desarrolladas, sino que nos dejarían en los peores niveles de desempleo de toda la Unión Europea. Una Unión Europea en la que todavía ocupamos el segundo puesto como el país con mayores niveles de paro.

El desempleo juvenil en España aún supera el 33%. Pese a haberse reducido en los últimos años, sigue siendo una tasa bastante preocupante. Un dato preocupante porque estamos hablando del mayor nivel de desempleo juvenil de toda la Unión Europea, superando incluso a Grecia, que es un país que tuvo que ser rescatado de la más absoluta quiebra financiera.

España, de acuerdo con la Ley de Okun -relación entre crecimiento y desempleo-, al igual que todos los países, necesita unos determinados niveles de crecimiento, de acuerdo con el autor que da nombre a la ley económica, para crear empleo. Si observamos el caso de España, podemos observar como la situación es bastante paradójica, pues España posee un mercado laboral muy peculiar y distinto al de otras economías pertenecientes a la Unión Europea.

Es cierto que la reforma laboral no trajo empleo de calidad. Sin embargo, la rigidez del mercado laboral impedía crear empleo y reducir los niveles de paro estructural en el país. La reforma laboral quiso paliar precisamente eso, pues con una mayor flexibilidad en un mercado laboral tan complejo, se espera que la economía española pudiese paralizar la destrucción de empleo, así como crear más puestos de trabajo con tasas de crecimiento más bajas.

Aunque el Gobierno se centre en derogar lo que denomina «los aspectos más lesivos» de la reforma laboral, precisamente son esos aspectos los que han provocado una mayor creación de empleo en el país. Hablamos de la flexibilidad del mercado laboral, sin la que, hasta ahora, podríamos haber creado empleo a unos ritmos de crecimiento como los mostrados en los dos últimos años. Medida que asusta a los empresarios, así como al propio Fondo Monetario Internacional, que avisa de la situación y del porqué de aplicar dicha medida.

Podemos estar de acuerdo en que la situación del empleo en España, así como la precarización del mismo, debe ser subsanada. Sin embargo, de nada sirve seguir hablando de la calidad de empleo, cuando, por otro lado, estamos con niveles de desempleo que rozan el 14%. Hablamos de calidad y no de cantidad, pero no debemos olvidar que el desempleo estructural, pese a la calidad del empleo creado, sigue siendo muy elevado, dificultando el acceso al mercado laboral a personas que, en estos momentos, se encuentran deseosos de trabajar y con ganas de encontrar el empleo.

El desempleo institucional -aquel que se deja de crear por los límites legales- es un fenómeno que, en estos momentos, la economía española no puede permitirse. España necesita crear empleo y, con una tasa de desempleo tan elevada, es un auténtico suicidio el arriesgarse con la aplicación de políticas que podrían derivar en un mayor enfriamiento de la economía. Una situación que el Gobierno debería repensar, escuchando, dicho sea de paso, al organismo internacional que, tras la firma de Bretton Woods, trató de imponer una serie de recomendaciones para el correcto funcionamiento de las economías.