El año 2015 fue bastante malo para nuestro país en los principales rankings internacionales de libertad. En estas páginas abordé a finales de agosto la tendencia negativa de España en el principal índice que mide la libertad humana en general. A finales del año se presentó en Kuala Lumpur la edición de 2015 del conocido Índice de Derechos de Propiedad, realizado conjuntamente por casi un centenar de instituciones académicas de todo el planeta, entre las que destaca en España el prestigioso Think Tank Civismo. Si en el Índice de Libertad Humana apenas alcanzábamos un mediocre puesto 37 y experimentábamos un retroceso respecto a los países de nuestro entorno, en el de Derechos de Propiedad la caída es aún más acusada y nuestro puesto es nada menos que el 49. España nunca había tenido un desempeño demasiado notable en este índice. Estábamos siempre en el entorno de los seis puntos y pocas décimas sobre un total de diez. Pero en dos años hemos caído siete décimas y nuestro dato de 2015 nos aleja ya bastante de nuestra clasificación habitual, cosechando un vergonzante 5,7.

Cuando algunos detectamos y denunciamos que la Libertad está en retroceso, es frecuente que se nos tache de exagerados o derrotistas. Sin embargo, las métricas internacionales nos dan la razón una y otra vez. Los derechos de propiedad no están suficientemente protegidos en España, empezando por su trato constitucional. Nuestra constitución no incluye la propiedad en la lista de derechos fundamentales. La relega a un punto secundario del articulado, y ahí la somete a fuertes condicionamientos. Pero ese maltrato sólo expresa una visión jurídica que después se concreta a lo largo de nuestro ordenamiento y, sobre todo, de las decisiones que van adoptando las diferentes administraciones públicas. La última ocurrencia es la de algunos alcaldes de Podemos: premiar de distintas maneras la invasión de inmuebles ajenos. Pero hasta llegar a esta aberración, algo ha tenido que pasar durante las últimas décadas y durante los últimos años.

En las últimas décadas lo que hemos tenido es una hegemonía extrema y transpartita del pensamiento socialdemócrata, que relega la propiedad. Y en los últimos años, con un gobierno tan estatista como el del PP, hemos conocido una regresión tanto de las libertades públicas (véase la ley mordaza) como de los derechos de propiedad y, particularmente, de la libertad en su ejercicio. Por poner un ejemplo lacerante, ahí tenemos la fortísima desanonimización de las transacciones económicas, incluso pequeñas, que ha impuesto el ministro Montoro, llegando incluso a prohibir los pagos en efectivo a partir de cantidades bajas.

De los 129 países analizados, España ocupa en el apartado de protección jurídica y política de los derechos de propiedad el puesto 45. Lo que nos lastra varios puestos más abajo en el índice general es nuestro terrible desempeño en el subíndice que mide la protección efectiva de la propiedad física, donde cosechamos un 5,5 sobre diez. Y mientras la propiedad física cae, el único subíndice que se mantiene es uno bastante discutible, el de la llamada propiedad intelectual, cuyos intereses —o, mejor dicho, los de las entidades de gestión— tan bien ha defendido el PP al hacer suya y recrudecer incluso la ley Sinde-Wert. En otras palabras, en España importa menos la propiedad de un piso, y por eso se alienta su okupación con ka, que seguir llenando las arcas de los chiringuitos de la propiedad intelectual.

Pero quizá los factores más reveladores sean los componentes del subíndice de protección jurídica y política de la propiedad. El estudio recoge una fuerte caída de la independencia judicial, nada menos que de 1,6 puntos en un solo año. Al mismo tiempo, y pese a los absurdos brindis al sol de las medidas anticorrupción adoptadas por el gobierno Rajoy a finales de 2013, el apartado de “control de la corrupción” sigue arrojando un resultado anormalmente bajo para un país de nuestro contexto europeo, y en 2015 perdemos cinco décimas, cayendo ya por debajo del notable. El único avance significativo que presenta el informe es el que experimentamos en nuestra calidad del proceso de registro de propiedades, pero se ve deslucido por una caída de 1,2 puntos en materia de derechos sobre las mismas. Algo habrá tenido que ver la introducción, ya generalizada, de restricciones abusivas como la que impide a los propietarios el arrendamiento turístico de sus inmuebles salvo que se conviertan prácticamente en hoteleros.

Estar en el puesto 49 nos sitúa por detrás de países como Qatar, Botswana, Arabia Saudí o Costa Rica en materia de derechos de propiedad. Pero comparémonos con los países de nuestro entorno geopolítico. El índice divide Europa en dos regiones, y en la occidental somos el país 17 de 19, por delante sólo de Grecia y (por una décima) de Italia, y muy por debajo de Malta o Portugal. Quienes tanto admiran aquí a Escandinavia podrían aprender algo del índice: Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca se han desprendido de la aversión socialdemócrata a la propiedad y ocupan los puestos 1, 2, 7 y 11 en este ranking mundial de protección de los derechos de propiedad.

En definitiva, España aprueba por los pelos en propiedad privada. ¿Qué conclusiones cabe extraer? A mi juicio, los años de gobierno de Rajoy han sido nefastos para la libertad y, en particular para la económica. La bajada de este índice es prácticamente calcada a la que cosechamos en el apartado económico del Índice de Libertad Humana. Y con todo, lo peor no es lo que Rajoy ha hecho mediante su gestión directa, sino su irresponsabilidad al haber provocado el desplazamiento de todo el mapa político español hacia posiciones aún más fuertemente intervencionistas. Porque si malo ha sido el resultado de 2015 en los diversos índices de libertad, cualquier futuro escenario de gobierno, con o sin el PP, implica una pérdida de libertad aún mayor. Y si entre tanto la extrema izquierda logra consolidarse como una fuerza principal, con un tercio o más de nuestro parlamento, estos índices casi será mejor no volver a mirarlos.