Ya se han celebrado nuevas elecciones. Y suponemos que pronto se formará un Gobierno, que tendrá que ocuparse de los problemas de la economía española. Su tarea, sin embargo, no va a ser fácil. Y no lo será al menos por dos razones. La primera, el evidente deterioro de las principales variables macroeconómicas y de las expectativas a corto y medio plazo; la segunda, porque se han dejado pasar los años buenos para hacer las reformas que
nuestra economía necesita. Y hacer ajustes cuando las cosas van mal es siempre más complicado que hacerlo en los momentos de expansión del ciclo. El nuevo ejecutivo deberá vigilar, ciertamente, la evolución de la coyuntura; pero habrá de tener en cuenta también que las medidas que adopte para solucionar los problemas en el corto plazo no deberían generar distorsiones que afecten a la recuperación cuando vuelva a cambiar la fase del ciclo.
Centrémonos en los dos principales problemas de nuestra economía: el sector público y el mercado de trabajo. No cabe duda de que hay otros temas de los que preocuparse. Pero lo que nos dicen los datos es que, desde hace ya bastantes años, tenemos una deuda pública muy elevada, no conseguimos equilibrar el presupuesto y nuestra tasa de paro es extraordinariamente alta. Y no es normal que esto ocurra tras unos años de fuerte crecimiento económico, cuyo resultado debería haber sido un desempleo bajo, una reducción significativa de la deuda y un ligero superávit presupuestario. Pero la situación es la que es. ¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno? Lo más importante, sin duda, no empeorar las cosas con reformas insensatas… y algunas se han escuchado en la campaña electoral.
La reacción habitual de un gobernante cuando la actividad se debilita es una política macroeconómica expansiva. Y lo cierto es que ésta existe ya en el campo monetario. No cabe duda de lo que está haciendo el Banco Central Europeo (BCE) debería facilitar el ajuste –al menos en el corto plazo– a países como España. Pero es verdad también que la política monetaria en la zona euro no puede ir mucho más lejos de donde ha llegado; y que sus resultados no han sido buenos. Entre otras razones porque el BCE no fue creado para solucionar los problemas de países fuertemente endeudados y con desequilibrios serios en la economía real, que deberían haberse abordado de otra manera desde hace mucho tiempo. Y poco puede hacer en política fiscal un país con una deuda pública cercana al 100% de su PIB y un déficit público equivalente al 2,5% del PIB. Países como Holanda o Alemania, que van a cerrar el año con un superávit presupuestario en torno al 1,5% de su PIB y una deuda pública en torno al 50%-60% de su PIB tienen margen para aplicar una política fiscal expansiva; pero Francia, Italia o España, no. Y sus gobiernos no deberían caer en la tentación de intentarlo, porque los resultados serían necesariamente malos.
Quien asuma el poder en España, sea del partido que sea, tiene que aceptar la situación en la que se encuentra el país y realizar un esfuerzo para que, al menos, las cuentas públicas no se deterioren aún más como consecuencia del crecimiento más reducido del PIB que todos los analistas pronostican. Por ello, no se deberían aplicar las políticas de incremento del gasto público que se han vendido como propaganda electoral, porque elevarían el déficit, ya que las estimaciones de recaudación de los nuevos impuestos pecan de optimistas; y, lo más importante, porque subir los impuestos en un momento de cambio de la coyuntura del ciclo sería un disparate, ya que la mayor carga fiscal contribuiría a empeorar la evolución de la coyuntura. Los recursos no se inventan. Y si para mantener la solvencia de las cuentas hay que controlar más el gasto, debe hacerse, incluso en estas circunstancias.
Y algo similar podríamos decir del otro gran problema de nuestra economía: una tasa de paro, que no consigue bajar del 14%, y es muy alta no sólo en términos absolutos sino también relativos, ya que dentro de la Unión Europa sólo Grecia tiene un nivel de desempleo peor que el nuestro; la tasa media de la Unión Europea es aproximadamente la mitad que la española; y países como Alemania o Gran Bretaña tienen tasas inferiores al 4%. Ante estos datos, la única política razonable es una mayor desregulación del mercado de trabajo. Reformar nuestras relaciones laborales en el sentido contrario –en la línea de algunas promesas electorales– sería un error muy grave, que mandaría al paro a muchos miles de trabajadores.
No va a ser sencillo, por tanto, el trabajo del nuevo Gobierno. Pero creo que, al menos, está claro lo que éste no debería hacer. Porque, tal como están las cosas, los gestos populistas para ganar apoyos y mantenerse en el poder podrían resultarnos muy caros a todos los españoles.
