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Murcia Plaza

Ante la propuesta del Gobierno de España de implantar un Ingreso Mínimo Vital (IMV) para luchar contra las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, Fundación Civismo ha realizado un informe en el que valora sus implicaciones. En relación al coste que supondría, aún no se conocen números exactos, pero tomando como referencia el programa electoral de Podemos en 2019 (600 euros al mes, que aumentarían en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros), oscilaría entre los 7.000 millones y 14.400 millones de euros.

Este montante se financiaría, según declaraciones del ministro José Luis Escrivá, con emisión de deuda y con el ahorro de en torno a 2.000 millones de euros que se lograría a lo largo del tiempo a través de la absorción de otras ayudas estatales no contributivas. No obstante, descontadas estas, faltarían por pagar entre 5.000 y 12.400 millones de euros. Cubrirlos con deuda presentará grandes dificultades, ya que, según las últimas estimaciones del FMI, esta aumentará hasta el 113% del PIB después de la crisis, y los presupuestos ya tendrán que incrementarse por los gastos en salud y en ayudas a las empresas.

Otra vía que se está proponiendo para financiar el IMV sería el IVA, pero con ello se asestaría un golpe más al consumo, en un escenario en el que, según una encuesta de la consultora McKinsey, los consumidores españoles se encuentran entre los menos optimistas de Europa y planean recortar sus gastos en casi todos los sectores.

Aparte de su coste, esta medida, al ser permanente y circunscribirse solo a los colectivos más vulnerables, crearía el incentivo perverso de que sus destinatarios cuestionaran la conveniencia de entrar o no en el mercado laboral a fin de seguir percibiendo este ingreso. Un problema que no plantea, en cambio, la renta universal básica, dado que sus receptores pueden continuar beneficiándose de ella independientemente de que tengan o no trabajo.

Sin embargo, su desventaja reside en su enorme coste, mayor que el del IMV: según cálculos de Civismo, partiendo de que esta renta, si se toma como base el salario mínimo, debería cifrarse en unos 1.000 euros al mes por persona, conllevaría un coste total de 456.000 millones de euros al año, lo equivalente a casi el 30% del PIB. La vía más eficiente para sufragarla sería, por un lado, el impuesto sobre la renta, y por otro, la supresión de gastos de asistencia social que se verían sustituidos por ella (pensiones, prestación por desempleo, servicios sociales y otras prestaciones económicas).

Esto sumaría un total de 185.268 millones de euros, según los presupuestos de 2018. Pero, tras un recorte de estas dimensiones, todavía quedarían por cubrir 270.732 millones, que tendrían que pagarse vía IRPF y otros impuestos. Sin embargo, en 2018, los ingresos tributarios de España en concepto de IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales alcanzaron los 208.685 millones de euros. En consecuencia, la implementación de esta medida tendría que venir acompañada de una enorme subida fiscal.

Por todo ello, la Fundación Civismo defiende que estas medidas deben estudiarse con mucho rigor, de modo que no se conviertan en un agravante para la economía española a medio y largo plazo.


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