Será la ruina económica la que sacará a Pedro Sánchez de La Moncloa, tal como sucedió a sus predecesores socialistas, porque los electores se darán cuenta de la probable insolvencia del país al no poder este endeudarse más. Resulta incuestionable que no hay dinero público suficiente para que 21 millones de ciudadanos cobren del Estado. El declive inexorable de la economía hará evidentes las mentiras con las que seducen a los más crédulos: los beneficios sociales prometidos no podrán mantenerse.

Somos el país europeo que arroja los peores pronósticos en el Informe Económico de la Comisión Europea 2020, con un crecimiento del PIB de -9,4% -el peor tras el de Grecia (-9,7%)-, desempleo del 18,9%, y déficit presupuestario del 10,1% (tan solo superado por Italia). Pésimas cifras que, cada semana, empeoran y que hacen que la Comisión Europea no se fíe del
Ejecutivo de Sánchez. El dinero que nos presten estará sometido a las garantías propias de un rescate, aunque lo camuflarán bajo otro nombre. Los gobiernos europeos no permitirán que les defraudemos de nuevo con orgías de gasto a su costa, como las de los viernes sociales. Ningún país serio entiende que se pueda regalar una renta a quien rechaza el empleo
que se le ofrece, tal como ha sucedido en la recolección de fruta: se ha quedado en el árbol porque había gente que prefería cobrar el subsidio en su casa, sin mover un dedo. Si la situación económica era ya muy mala, la nefasta gestión de la crisis sanitaria la ha agravado.

Lo deseable sería que, en Navarra, donde tenemos más competencias que en el resto de las CC.AA., lo hiciéramos mejor. Pero no. Aquí también ha crecido el gasto público y el despilfarro en obsesiones ideológicas e identitarias. La Comunidad foral podría dar ejemplo a España aplicando medidas de austeridad, tanto en el gasto político (por ejemplo, reduciendo
el tamaño del gobierno y las dedicaciones exclusivas en el Parlamento), como en el que comporta la enorme Administración navarra. Sin embargo, la fijación más preocupante de Chivite es su obstinación por mantener la fiscalidad más agresiva de España. El Convenio Económico no puede servir para que navarros sufran un esfuerzo fiscal mayor que el del resto de españoles, sino, antes bien, para atraer inversores, capital físico e intelectual, y grandes contribuyentes de lugares donde se sientan expropiados. Sin embargo, los que van a sentir más la confiscación no son las grandes fortunas, sino la clase media. La demostración la aporta el Colegio G. de Economistas mediante una comparativa de la tributación en el IRPF por CC.AA., tomando el caso de un soltero sin hijos, menor de 65 años y sin ninguna circunstancia que pudiera darle derecho a deducción alguna.
El resultado es que Navarra se trata de la región en la que este impuesto tiene mayor cuantía para rentas superiores a 45.000 euros, excepto para las de 160.000, tramo en el que los riojanos satisfacen a Hacienda 4,79 euros más.

Otro desatino que expulsó contribuyentes de Navarra fue el subidón del 32,67% del Impuesto al Patrimonio en 2017. Prueba de ello la encontramos en la pérdida del 16% de los patrimonios más altos, lo que ha supuesto una
merma del 27% en lo recaudado por un gravamen que, prácticamente, ha desaparecido en Europa y que, en Madrid, está bonificado al 100%. La mejor estrategia para aumentar los ingresos tributarios consiste en priorizar la inteligencia fiscal, en lugar de freír a impuestos a los que más pueden contribuir.