Tras el decreto del Estado de Alarma del 14 de marzo, las medidas de distanciamiento social y el confinamiento de la población provocaron el cierre forzoso de las empresas en el país. El objetivo de reducir la tasa de contagio, en un escenario en el que la incertidumbre y los precedentes no ayudaban a contener la situación, supuso el cierre de toda actividad que, salvo la esencial, se encontraba operando en el mercado.

El Gobierno se vio en la necesidad de aplicar una serie de medidas que, ante el shock de oferta negativo que estaba experimentando la economía, tratase de paliar los posibles efectos negativos de un cierre forzoso en el mercado laboral. 

Con una tasa de desempleo superior al 14%, la economía española se presentaba como la segunda economía con más parados de la Unión Europea. En este sentido, siendo superados únicamente por Grecia, España se encontraba en una dura encrucijada: la dicotomía existente entre salvar vidas y salvar el empleo fallaba a favor, como era de esperar, de la asistencia sanitaria. 

Y es que, pese a la implantación de herramientas que permiten la adaptación de las empresas, estamos hablando que, tal y como recogía el SEPE, la crisis generada por la pandemia se ha llevado por delante ya más de 950.000 empleos, sin los ERTE, pues no han excedido el periodo exigido de tres meses para que así se computen. Tal como reflejan los pronósticos, el país podría encontrarse en una situación en la que, tras la pandemia, la tasa de paro podría llegar a situarse en el 22%. En otras palabras, una quinta parte de la fuerza laboral disponible en el país en situación de paro.

ERTE

Con el fin de contener el empleo, el Gobierno activó el mecanismo de los ERTE para aquellas empresas que, afectadas por la coyuntura, quisiesen acogerse a dicha herramienta, pudiesen hacerlo, evitando por otro lado la destrucción de empleo. Sin embargo, las exigencias de dichos ERTE, en un escenario en el que, como refleja la Ley de Okun, la economía y sus agentes se muestran mucho más adversos al riesgo que en otros países, desincentivaban acogerse a una medida que, una vez aplicada, exigía el mantenimiento de los empleados, independientemente de la situación de la empresa, por un periodo posterior al confinamiento de seis meses.

Unas exigencias erróneas a mi parecer que, a su vez, podría explicar la situación de muchos empresarios que han tenido que verse en la obligación de despedir a sus empleados ante la crisis económica que se avecina. Sin embargo, esto no quita que los ERTE hayan sido bien acogidos por las empresas. De hecho, si hablamos de datos absolutos, el Ministerio de Seguridad Social recoge una cuantía de 3,4 millones de empleados que, en estos momentos, se encuentran inmersos en un ERTE. Una cuantía que, teniendo en cuenta los ERTE no tramitados, prevén que ascienda hasta los cuatro millones. Esta cifra cuadra con otros datos, como la demanda de subsidios por desempleo -que ha sufrido un incremento del 136%-, y el gasto mensual en prestaciones – un 207%-.

Si hacemos el cálculo de donde se situaría el desempleo si los ERTE computasen, estaríamos hablando de una tasa de paro que ascendería por encima del 30%. Una tasa que, evidentemente, no veremos, pues se espera que gran parte de los contratos suspendidos por la pandemia vuelvan a ser reactivados cuando la situación alcance la normalidad. 

Continuando con los ERTE, la factura de dicho mecanismo, si cogemos la prestación media que cobra un desempleado en España y la asignamos al conjunto de parados en el país, estamos hablando de un coste aproximado a los 3.450 millones de euros. Sin embargo, si cogemos esta cuantía y la proyectamos hasta llegar al número de afectados por ERTE que se considera válido por una gran cuantía de economistas, cuatro millones, hablamos de un coste que podría ascender hasta los 4.600 millones.

PIB

Reflejada en el PIB, situaría el coste de los ERTE en un valor relativo aproximado al 0,3% del PIB. Se trata de una cuantía similar al gasto aproximado que proyectaba la AIReF para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que prepara el Gobierno. 

Esto es un aspecto a tener muy en cuenta. Estamos hablando de un escenario en el que, tal y como ha indicado el Banco de España, incluso la propia AIReF, la deuda pública española, la cual ya se situaba en un nivel aproximado al 100% del PIB, prevé incrementarse hasta el 122%. Hablamos de un incremento superior al 22% de la deuda pública, que vuelve a dejar a la economía española en un difícil escenario para los próximos años, así como con un muy escaso colchón fiscal para abordar nuevas políticas económicas en posibles escenarios futuros de recesión económica.

Si además sumamos los niveles de déficit previstos, un 11%, equivalente a 150.000 millones de euros, y todos los costes que derivan de esta pandemia, a los que debemos sumar el gasto público que desea aplicar el Gobierno, la factura de la pandemia dejará a España al borde de la bancarrota.