Tenía todos los boletos de la tómbola para que la jugada fuera magistral. No había que tomar decisiones muy controvertidas. Dotar de recursos a las CCAA para atender el gasto sanitario es siempre un asunto muy florido. Nada que ver con asuntos espinosos como puede ser la educación y su ley Celaá, la temida insostenibilidad de las pensiones, o los temas hacendísticos y su armonización fiscal. Pero le tocó la perra gorda cuando el gran cataclismo hizo que el mundo respirase el virus. Fue entonces cuando a Salvador no le quedó otro remedio que pasar a gestionar algo tan complejo como es esta gran perturbación virulenta que a modo de ducha fría, día sí y día también, nos acostumbró a vivir algo tan temible como es la pandemia y su curva de contagios, algo tan trascendente como frenar la presión hospitalaria y algo tan dramático como es contar la tasa de letalidad. Con tal de achatar la curva de contagios, nos confinaron con mascarilla, cerraron las fronteras y se paralizó la actividad, lo que nos llevó a una crisis económica galopante, mientras que nuestros sanitarios, auténticos señores de la guerra, padecieron situaciones más propias de las clases de ética que de medicina, ante la falta de material sanitario.
Tras las lluvias caídas como vellones que arrasaron con todo el arbolado de Madrid, Salvador, al que no se le puede calificar como independentista -todos recordamos cómo participó en la multitudinaria manifestación de 2017, con el fin de que Cataluña se recuperarse de ese dolor de cabeza que le hizo perder el sentido común- da un salto quijotesco y nos anuncia que se presenta como candidato a la Generalitat.
Serán los quintos comicios que se celebren en estos once años de caos. Hubo elecciones autonómicas en 2010, 2012, 2015, 2017, además de dos referendos ilegales con urnas de cartón o traídas de China, que culminaron con un gobierno procesado y un presidente y líder, Carlos Puigdemont, huido al centro político de Europa para intentar formar ejecutivos virtuales y explorar rendijas jurídicas para ser restituido en el cargo. Los referendos, ni suponían un ejercicio de autodeterminación del pueblo catalán, y por supuesto, ni la intencionalidad, ni el formato, ni el coste electoral, ni la pregunta, ni el marco jurídico que los impulsaba, era equivalente al referéndum escocés por mucho que sus impulsores se apresuraran a alegar su reconocimiento por el derecho internacional ante los visos de ilegalidad. Le sucedió un presidente puesto a dedo, Quim Torra, que a modo de títere de Puigdemont desde que fue investido en mayo de 2018, mantuvo el desafío independentista de una república catalana bajo la amenaza de la reiteración de una declaración unilateral. Pervirtió la campaña electoral de las últimas elecciones al Parlamento español al negarse a retirar unas pancartas de apoyo a los presos políticos, lo que le costó su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo en septiembre de 2020.
Fue a partir de esa fecha cuando los dos grandes bloques independentistas, Junts per Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, nombraron a Pere Aragonés como presidente en funciones de la Generalitat, al que no le duelen prendas en defender la Cataluña “pura” para conseguir el voto patriótico, pero incapaz de tejer acuerdos con sindicatos, empresarios y agentes sociales para afrontar la gran crisis sanitaria y económica que azota a nivel global.
El desafío independentista ha provocado muchas vulneraciones del Estado de derecho y de la democracia en Cataluña, llevándola a un deterioro institucional sin precedentes. A este deterioro, se le une la ciénaga económica a la que se ha visto sometida esta región que en sus momentos de esplendor fue denominada como la pequeña Inglaterra del Mediterráneo, al ser una de las pocas regiones europeas que participó en la industrialización desde finales del XVIII. Los esfuerzos por construir la hipotética república han distraído a sus dirigentes de los quehaceres económicos, siendo, con diferencia, la región española más endeudada, 6,48% del total nacional, con la paradoja de que el 82,6% de la misma está manos de ese Estado opresor que desde la última crisis financiera ha acudido a rescatar a Cataluña año a año. Incluso a una semana de las elecciones el Gobierno ha prestado 5.153 millones a la Generalitat. También sus distracciones han hecho mella en el PIB per cápita, pasando de ser la comunidad que lideró la salida de la última crisis económica a situarse en la cola de crecimiento, 8,4%, frente al 10% del conjunto de España durante
2017-2019.
La radicalización también ha afectado a las empresas, auténtico motor para el desarrollo económico y la generación de empleo. Si nos atenemos a los datos de cierre de 2019 facilitados por el Colegio de Registradores, desde el año de celebración del referéndum ilegal de independencia, nada menos que 5.843 compañías decidieron trasladar su sede de Cataluña a otra comunidad autónoma o sus centros de producción. En la memoria todos tenemos lo sucedido en Quebec cuando comenzaron las tensiones soberanistas. Unas 700 empresas optaron por trasladar no solo su sede sino también su producción a otras provincias, empresas que nunca volvieron, a la vez que la capitalidad económica y financiera que ejercía Quebec, en la década de los 70, se desplazó claramente a Toronto.
Con tal de cumplir su hoja de ruta someten a los contribuyentes catalanes a una presión fiscal sin precedentes con tributos propios y cedidos que castigan con gran dureza el ahorro, el patrimonio y las herencias, desincentivando el atractivo como región para inversiones. Prueba de ello es que la inversión extranjera disminuyo en un 12% entre 2016 y 2018, mientras que Madrid pasó de concentrar del 44% de la inversión total española al 85%.
Se quejan del trato netamente expoliador por parte del Estado amparándose en la supuesta solidaridad con el resto de España. Pero como ya dijo Ernest Lluch en 1992; “Si no tuviéramos esta solidaridad fiscal no tendríamos un mercado que pudiera asegurar la venta de nuestros productos”. Un informe realizado por Epicenter señala que en 2019 el 71% del PIB de Cataluña procedía de sus exportaciones e importaciones. Cierto es que es la región con mayor peso de las exportaciones españolas, 25,6% del total, pero siempre en el contexto de una Cataluña integrada en España y en la UE. De hecho el mercado europeo es el destino del 80% de las ventas catalanas al exterior. En este contexto y en el caso de una secesión la amenaza arancelaria sería muy real. Una Cataluña independiente y fuera de la UE encarecería sus exportaciones por los aranceles en un 15%, además de perder acceso preferente al mercado nacional y comunitario. Pero minimizan el impacto, aplicando en sus simulaciones escenarios con final feliz. Se pactaría una independencia amistosa bajo la tutela de la UE, dicen. Nada más lejos de la realidad. La salida de la UE sería inmediata y pondría en una situación complicada al nuevo Estado. Los bancos no tendrían acceso al crédito del BCE, lo que implicaría no poder descontar la deuda pública en el eurosistema. La independencia provocaría una masiva salida de capitales obligando al nuevo Estado catalán a emitir su propia moneda para financiarse con la consiguiente inflación, lo que pondría poner en marcha una espiral de devaluación e inflación donde la segunda acabaría con las ganancias de competitividad de la primera. En definitiva, la gran merma que sufrirá el comercio, unido a las desviaciones que se podrían dar en las inversiones extranjeras provocadas por el efecto frontera, provocarían que el nuevo Estado catalán comenzara su andadura soportando unos costes que supondrían un impacto en su PIB en torno al
20%, según diversos estudios.
Existe una imperiosa necesidad de que Cataluña recupere la estabilidad y el liderazgo dejando de lado los provincianismos locales. El ciudadano catalán muestra cierto hartazgo ante diez años de gobierno que con el mismo sesgo ideológico no sabe otra cosa que ignorar la historia, inventársela o leerla a su manera. Diez años en que con su vértigo de palabrejas, nos inundan día sí y día también, con vocablos como nación, patria, raza y lengua. Expresiones que enmascaran una mala gestión de Gobierno y un excesivo gasto para dotar la hacienda de su hipotética república al servicio de su vanidad. Diez años de aguantar levantamientos exaltados de banderas en nombre de Cataluña, algo parecido a lo que hacía Franco en nombre de España, pero con la diferencia de que Franco dejó de existir hace muchísimos años por mucha memoria histórica que quiera recordárnoslo. Ante tal desafío, cabría preguntarse si el resto de España permitiría un comportamiento como el que promulgan los jinetes libres de partidos soberanistas mientras que se benefician de las ventajas de la unión con España sin querer formar parte de ella.
Así las cosas y en plena pandemia, nos encontramos con un proceso electoral que vendrá determinado por un gran desgaste interno entre los dos grandes bloques independentistas, la candidatura de Illa, y el papel de un socio preferente a nivel nacional del actual gobierno como es ERC. Las encuestas dan un triple empate que afectará nuevamente a la gobernabilidad. En línea con este escenario, y siendo Cataluña una economía abierta e industrializada, pero con un alto peso del sector terciario y que afronta una severa contracción en su crecimiento, del 11,4%, sería bueno tras tanto desencuentro, arreglar el gran dislate ocasionado. Habría que recuperar consensos con mucho diálogo dentro del marco de la ley, para salir airosos de la crisis política, sanitaria y económica en la que todos nos encontramos inmersos sin dejar a nadie atrás.
