La situación que atraviesa la economía española empieza a preocupar al conjunto de la sociedad española. El PIB nacional, a la luz de los pronósticos, podría ser el más deteriorado por los efectos derivados de la pandemia. A esto hay que sumar que las medidas que pretende adoptar el Gobierno para tratar de paliar dicha situación agravan la preocupación en un tejido productivo que, tras lo ocurrido, se ha quedado gravemente descapitalizado.

El Ejecutivo parece que olvida de forma frecuente las características que presenta nuestro tejido productivo, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, de las que ocho de cada diez posee menos de 10 trabajadores.

En conjunto, las empresas nacionales, en comparación con el resto de los países homólogos en la Unión Europea, tienen un tamaño mucho menos dimensionado, así como recursos más limitados. En cambio en Alemania la gran industria tiene una gran presencia.

Liquidez

Según las estadísticas europeas, mientras que la liquidez del tejido empresarial español es tan sólo del 3% en Francia este porcentaje al 20%, lo que sitúa a la economía nacional en un peor punto de partida.

Tampoco debemos olvidarnos de que en España una empresa sólo puede aguantar 60 días como máximo manteniendo los costes fijos de su negocio (los costes operativos, lo que en industria se denominaría carga fabril) sin recibir otros ingresos.

Teniendo en cuenta que el confinamiento y las medidas de distanciamiento social que mantenían el shock de oferta presente en la economía española han tenido una duración de 100 días, haciendo un simple cálculo se puede concluir que la caja media de las firmas nacionales en estos momentos se encuentra íntegramente liquidada.

El problema es que en el nuevo escenario la empresa ha vuelto a asumir la totalidad de los costes derivados de la reapertura, así como de la reincorporación de sus plantillas.

Subida de impuestos

Mientras tanto el Gobierno pretende impulsar una subida de impuestos a los agentes económicos que integran la economía española. Lo más sorprendente, no cabe duda, es que dicha reforma fiscal, sin tener en cuenta los ERTEs, no incluye ningún otro plan para afrontar dicha situación, sabiendo que, atendiendo al gasto público que presenta nuestro país, así como las distintas auditorías que ha ido realizando Bruselas, dichas subidas de impuestos podrían evitarse -o al menos aminorarse- con ajustes de los gastos superfluos del Estado.

España necesita incrementar sus ingresos, eso está claro, pero de la misma forma debe reducir su gasto. Incrementar los impuestos puede llevarnos a una mayor recaudación fiscal a corto plazo, pero a largo plazo en base a los actuales niveles y a la carga fiscal, dicha política, al igual que ocurre con la demanda agregada y las políticas de gasto público, podría volverse regresiva, generando un mayor deterioro en las cuentas públicas, así como de la economía.