La deuda pública emitida por las administraciones no solo deja en números rojos a los organismos, sino que termina repercutiendo en la capacidad de ahorro de las familias que habitan en el territorio gestionado por las mismas, no solo porque los intereses que se pagan por los créditos condicionan la inversión de los gobiernos en servicios públicos, lo que termina suponiendo un gasto para el ciudadano, sino porque su condición de pública hace partícipe al habitante de parte de ese débito.
Para hacerse una idea, la deuda emitida por el conjunto de las administraciones públicas españolas hasta el segundo trimestre de 2017 asciende al 99,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Si repartimos la cantidad entre el total de la población, ese déficit supone que cada uno de los españoles debe 24.455 euros, lo que, según el último informe de ‘Think Tank’ Civismo, merma prácticamente el 41% el ahorro neto de una familia de tres miembros. ¿Cómo se hace este cálculo? Según explica el estudio, a un núcleo familiar de tres personas le correspondería un pasivo de 73.365 euros (el resultado de multiplicar la deuda por habitante por tres), mientras que el ahorro mediano neto (valor de los activos menos deudas) de una familia en la cohorte de edad media asciende a 179.300 euros, según el Banco Central Europeo. La primera cifra supone el 40,92% de la segunda.
El informe advierte de que la amenaza de un mayor endeudamiento para sostener el estado del bienestar actúa con un efecto rebote, ya que prima a los beneficiarios actuales a costa de menoscabar el potencial de crecimiento económico y de creación de riqueza para financiar los servicios públicos futuros, que ya se consideran «derechos adquiridos».
«Lastre» para las finanzas
Sostiene el documento de Civismo que, en este sentido, la deuda pública supone un lastre adicional para las finanzas familiares, especialmente para su capacidad de generar el ahorro suficiente con el que financiar la jubilación y las prestaciones sociales. El esfuerzo ahorrador de las familias se concentra en la compra de vivienda y en posiciones de liquidez en depósitos bancarios. De este modo, entiende el informe, la única fuente de previsión en la riqueza familiar es la vivienda habitual.
Si se toma entonces como referencia el total del valor de esa residencia habitual, que concentra el 70% de la riqueza familiar, el estudio estima que en el conjunto del país la deuda de la administración central supondría una ‘hipoteca’ del 35,8%; la de las comunidades autó- nomas, del 10,3%; la de las corporaciones locales, del 1,2%; y la de la Seguridad Social, del 0,6%. O, lo que es lo mismo, el patrimonio neto que no quedaría afectado por la deuda ascendería al 59%.
Pero esta estimación es nacional y el modo en el que la deuda compromete el ahorro de las familias varía en función de la región de residencia, ya que el endeudamiento no se produce en la misma medida en todas las comunidades. Por ejemplo, las familias de Extremadura, Andalucía o Canarias son las que menos tendrían que hipotecarse para hacer frente al endeudamiento público; mientras que las que residen en Cataluña, Madrid o Navarra tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de deuda que les corresponde como habitantes de esa comunidad. En Castilla y León, la deuda pública hipotecaría el 36,9% del ahorro de las familias de la región.
Imaginemos que cada familia de la región metiese su riqueza en un saco. El 63,1% del valor total queda intacto como patrimonio neto. Lo demás es deuda. De ese pasivo, el 13,8% corresponde a deuda sanitaria, el 7,7% al déficit en educación, el 3,1% a debes en materia de política social y el 8,2% son obligaciones de otras categorías como la inversión pública y el gasto corriente. Además, el 4,1% restante corresponde a los intereses de la propia deuda.
La mayor parte, del Estado
En cualquier caso, no todos los niveles administrativos tienen el mismo peso en esta deuda. La administración central acapara la mayor parte, el 87,4% del PIB. Las comunidades autónomas deben el equivalente al 25,1%, las corporaciones locales el 2,8% y la Seguridad Social, el 1,5%. Si la suma de estos subsectores no resulta ese 99,8% del total del PIB comprometido por la deuda se debe a que parte de la deuda está cruzada entre los diferentes niveles de la administración pública. Según la variable orientativa de las partidas funcionales de gasto del presupuesto nacional y de los autonómicos, un tercio de la deuda va a parar al capítulo sanitario. El 22,9% se destina a inversión pú- blica, justicia, defensa y gastos corrientes de la administración; el 21,5% a educación; el 15,4% al servicio de la deuda (intereses más amortización), y el 7,01%, a protección social.
