La Renta Mínima de Inserción (RMI), también llamada Salario Social, es la ayuda que la Administración Pública proporciona a las personas con riesgo de exclusión social, que carecen de unos ingresos mínimos con los que alcanzar una calidad de vida básica. En su forma más típica consiste en una prestación económica, integrada por la suma de una cantidad mensual bá- sica y un complemento variable, en función de número de miembros que forman parte de la unidad de convivencia.
La RMI cumple un objetivo social propio del Estado de bienestar que corresponde a un país con el PIB per cápita de España. Sin embargo, las percepciones que reciben los beneficiados de cada autonomía son muy distintas, sin estar claras las causas. Así, las RMI no guardan siempre proporcionalidad con la riqueza (medida en PIB per cápita) y la situación de endeudamiento de la región en cuestión. Hay regiones, como Madrid, que teniendo la mayor renta per cápita (32.723 euros) registra la cuarta suma menor (puesto 14 entre las 17 comunidades) en la cuantía de la Renta Mínima. Por el contrario, Canarias tiene el quinto PIB per cápita más bajo (19.867 euros), mientras que su RMI es la tercera más alta (472 euros). Otro caso singular es el de Extremadura, que beneficia con 426 euros. Es la séptima RMI más alta entre 17, pese a que su PIB per cápita es el más bajo de España (16.369 euros).
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado un modo muy didáctico la valoración de la deuda autonómica. Calcula los días que cada habitante de la región tendría que trabajar para amortizar ese pasivo. Si tomamos este indicador, se observa una cierta correspondencia entre la cantidad de días para pagar la deuda y una Renta Mínima de Inserción menor. El cumplimiento de los objetivos que impone el Ministerio de Hacienda se muestra muy eficaz para que las comunidades no alarguen más el brazo que la manga. Así, las comunidades en situación más precaria no han sido demasiado generosas con los beneficiarios de la RMI.
Respecto a País Vasco y Navarra, comunidades con Hacienda propia y total margen de maniobra para determinar la cuantía de la renta mínima, son las que conceden las RMI más altas (665 y 548 euros). Ambas regiones al ser tan magnánimas se exponen al riesgo del ‘efecto llamada’, lo que favorece que vayan a vivir allí los profesionales de la búsqueda de subvenciones del resto de España.
El problema que encierra la RMI es que con frecuencia no satisface a los realmente necesitados y que, por el contrario, beneficia en exceso a tantos pícaros, en algunos casos auténticos delincuentes. Incluso algunos llegan a multiplicar sus ingresos ‘oficiales’ con la práctica de la economía sumergida. Quizá un buen remedio para evitar los abusos en los perceptores de la RMI fuera el encargárseles trabajos sociales. Por ejemplo, asistencia a ancianos, limpieza de los montes para evitar incendios y otros trabajos para los que se sintieran capacitados. Quizá los contribuyentes que se sienten más expoliados por Hacienda puedan decir con razón aquel viejo refrán: ¡Por la caridad entró la peste!
