Una de las cuestiones que habrá de asumir la nueva Vicepresidencia social de Pablo Iglesias será la atención a las personas en situación de dependencia. La estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a las Dependencia (SISAAD), realizada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), muestra que el tiempo medio transcurrido desde que se tramita el expediente de valoración de grado de dependencia hasta su resolución alcanza el alarmante retraso de 426 días.
Estos más de catorce meses de espera resultan muy crueles, tanto para los pacientes como para los familiares, a quienes cuidar a sus seres queridos puede costarles la pérdida de su puesto de trabajo. Aunque el supuesto plazo legal máximo para resolver un expediente es de 180 días, tan solo hay dos comunidades autónomas que lo cumplen: País Vasco (137 días) y Navarra (155). Quizá está premura se deba a lo que afirma el catedrático de Economía Aplicada Mikel Buesa: «Vascos y navarros, en promedio, seguirán teniendo el doble de financiación que el resto de los españoles».
Las regiones en las que hay que esperar más para recibir la atención oportuna son Canarias (785 días), Extremadura (675) y Andalucía (621). El complejo entramado burocrático que han creado las diferentes administraciones alcanza tales niveles que, con frecuencia, la situación de la persona ha cambiado para cuando se resuelve su expediente, lo que supone volver a revisar su grado de dependencia y, por tanto, las prestaciones que lleva aparejadas. También hay que tener en cuenta la edad media de los solicitantes, la cual ronda los 80 años, por lo que resulta aún más urgente que se tomen las medidas necesarias para reducir las listas de espera: solo en 2019, alrededor de 31.000 personas fallecieron sin ejercer su derecho a la ayuda por dependencia.
A cierre del año pasado, las regiones que disfrutan de un porcentaje superior de beneficiarios respecto a su población total fueron Castilla y León (4,37%), Castilla-La Mancha (3,06%) y País Vasco (3,04%). En el extremo opuesto se hallan Canarias (1,09%), Comunidad Valenciana (1,76%) y Baleares (1,8%). Por otro lado, cabe destacar que Cataluña, con un 31,5%, se trata de la comunidad con un mayor porcentaje de personas en lista de espera respecto a quienes sí tienen la prestación de dependencia aprobada, seguida de Canarias (28%), La Rioja (27,83%) y Andalucía (25,25%). Por el contrario, Castilla y León (1,5%) y Navarra (6,13%) se posicionan como las mejor situadas en este indicador.
Estas diferencias entre CCAA resultan inaceptables porque violan la igualdad de los ciudadanos en el acceso a una prestación que está reconocida a nivel nacional por la Ley de Dependencia. A este respecto, la reivindicación del Gobierno Vasco de controlar la Seguridad Social en su territorio puede constituir un primer paso en el proceso de romper la ‘caja única’ de ésta. Una fractura que destruiría la solidaridad entre los españoles y también perjudicaría a quienes reclaman más autogobierno, porque tan solo en Madrid, Baleares, Canarias y Murcia, la Seguridad Social ingresa más de lo que gasta.
