En la última semana el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha aprobado los nuevos impuestos digitales a las transacciones financieras, lo que conocemos como tasa Tobin, así como a los servicios digitales, también llamada tasa Google. Dos nuevos impuestos que nacen para gravar, aún más, una serie de actividades ante las que, sin atender al marco europeo, nos hemos posicionado de manera unilateral.
Y esta es la primera preocupación que surge. Estamos hablando de un posicionamiento que, incluso el presidente francés Emmanuel Macron contuvo con la intención de no entrar en una disputa comercial en la que el presidente norteamericano Donald Trump pudiese aplicar aranceles a los productos de origen francés. Sin embargo, en el caso de España, no nos hemos parado a pensar en este asunto.
España es el sexto país que más exporta a los Estados Unidos. Con un 68% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) sujeto al comercio, cerca del 5% de nuestro PIB se encuentra estrechamente ligado a la exportación de bienes y servicios al país norteamericano. Solo en aceite y vino, España vende a los Estados Unidos más de 700 millones de euros. Una cuantía que está bajo el acecho del mandatario estadounidense, dada la ofensiva que representa este nuevo arancel a los servicios digitales en nuestro país.
Esta es una de las principales razones para preocuparnos. Como bien entendió Macron, aplicar la tasa Google de manera bilateral, con el respaldo de la OCDE, así como de la Unión Europea, nos habría permitido -como bloque comunitario- contar con ese mayor respaldo y poder de mercado en las negociaciones comerciales con los Estados Unidos. En solitario, Estados Unidos puede cebarse con unas exportaciones españolas de las que dependen empresas y puestos de trabajo.
En segundo lugar, y no por ello menos importante, estamos hablando de gravar a las compañías tecnológicas, aquellas que, precisamente, el Gobierno de España dijo que incentivaría para una mejor transición hacia una España digitalizada. Hablamos de empresas como Google, a las que con la nueva tasa se le incide de forma directa en sus ingresos, reduciendo de inmediato sus márgenes brutos sobre importe neto de la cifra de negocios en casi dos puntos porcentuales, de acuerdo con el estudio realizado por la Fundación Civismo.
Una reducción en los ingresos, la cual tendrá un efecto, aunque limitado, en los márgenes de actuación de dichas compañías. Y es que hablamos de una serie de compañías que, en estos momentos, aportan casi 40.000 empleos al mercado laboral español. Hablamos de compañías que están creciendo a ritmos interanuales del 4,8%, compañías de gran envergadura y que, ante el nuevo escenario, podrían tomar decisiones que pusiesen el peligro el empleo y el aporte que estas realizan en el país.
En el estudio también se mencionan estos aspectos. La nueva normativa no solo es un agravante para la cadena de valor, sino que es un claro incentivo para que esta serie de compañías deslocalicen sus instalaciones en nuestro país, seleccionando otros destinos que ofrecen un mejor trato fiscal. De esta forma, España no solo estaría perdiendo un agregado al PIB, sino que perdería un gran foco de innovación, un flujo de inversión, así como un canal de relaciones comerciales con Estados Unidos, que vería interferida la relación ante posibles consecuencias.
Otro de los efectos de la nueva tasa, aunque poco mencionado en los discursos políticos, son los efectos sobre el consumo de esta medida. Hablamos de que, por el lado de la demanda, las nuevas tasas digitales, de acuerdo con el estudio, repercutirán en un incremento en el coste de las compras y ventas por vía digital, a las que se les imputará un coste añadido de 0,47 euros aproximadamente. Finalmente, como ocurre con todo, la transferencia de costes acaba pasando del primer eslabón al eslabón final, el del consumidor medio.
Tampoco debemos olvidar el motivo de todo esto, pues lo hemos dejado de lado para hablar de las consecuencias en la economía española. Sin embargo, si cogemos y analizamos el porqué de la medida, podemos encontrarnos con sentimientos muy contrapuestos. Y es que, de acuerdo con la previsión de ingreso del Gobierno, finalmente no estaremos hablando de 1.200 millones, como decía la ministra. Estamos hablando de que la recaudación por ambas tasas no superará ni los 1.000 millones. Incluso, para la tasa Tobin, por ejemplo, la medida no alcanzará finalmente ni los 900 millones de recaudación.
Hablamos de agregados a la recaudación que tienen un efecto en la economía más que limitado. Podríamos decir que las posibles consecuencias que tendría el malestar de las nuevas políticas podría repercutir mucho más en nuestra economía que los propios beneficios que esta nos trae. Un coste de oportunidad al que, desde el Gobierno, se ha hecho caso omiso, actuando con su independencia característica y muy al margen de diagnósticos y calibraciones analíticas.
En resumen, hablamos de una medida en la que, como vemos, el Gobierno no ha calibrado muy bien, ni sus efectos positivos, así como ni los negativos. Una medida que, al menos, podría haberse pospuesto hasta ese acuerdo con el resto de países miembros de la OCDE, evitando la confrontación directa con Estados Unidos. Sin embargo, las prisas y la impulsividad de este nuevo Gobierno no han dejado atender a las recomendaciones de los expertos.
