El sujeto pasivo de la ‘tasa Tobin’ es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición de acciones, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que las relaciones entre España y Estados Unidas son «fluidas» y en la Administración de Trump conocen «perfectamente» la intención del Gobierno español de implementar la ‘tasa Google’, que considera que «de ninguna manera tendría que repercutir a los usuarios».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado ‘luz verde’ a los nuevos impuestos a determinados servicios digitales (‘tasa Google’) y a transacciones financieras (‘tasa Tobin’), Montero ha indicado que España se convierte en la «avanzadilla» en materia de fiscalidad digital con el fin de profundizar hacia un sistema fiscal «más justo, redistributivo y moderno», ya que la economía «tiene otra cara».

Montero precisa que el proyecto de ley de creación del nuevo impuesto contempla la modificación del mismo cuando se produzca el consenso internacional en el ámbito internacional de la OCDE y el G20.

Además, hace hincapié en la «cautela» establecida de aplazar los pagos anticipados de este nuevo gravamen al último trimestre, de forma que la liquidación de produzca en una sola vez no antes del 20 de diciembre para dar margen a que se produzca un consenso internacional y mayor tiempo de adaptación a las empresas.

En este sentido, Montero ha confiado en que se produzca un consenso internacional «rápido», para la aprobación de distintas figuras fiscales que requieren de mayorías suficientes, así como respecto a si las empresas tienen que pagar en los países donde cuentan con sus sedes fiscales o en los lugares donde generan el consumo y por tanto el beneficio.

Montero defiende una «fiscalidad justa» y la adaptación de nuevos impuestos a la realidad económica para conseguir una mayor capacidad de gasto que favorezca la igualad y la estabilidad presupuestaria.

Lamenta la «sombra» que aparece cuando se va a crear un nuevo impuesto sobre la posible repercusión en los usuarios para «asustar», pero la fiscalidad es «absolutamente necesaria», basada en el principio «rector» por el que «cada uno aporta según su capacidad y recibe según su necesidad».

La ministra de Hacienda subraya que lo que se grava son los servicios de intermediación, tanto los relacionados con la economía digital como con las transacciones financieras, por lo que «de ninguna manera tendría que repercutir en el usuario final».

La ministra de Hacienda remarca la intención de avanzar hacia un sistema tributario «más justo, más progresivo y equitativo», en el que tendrán un papel «importante» los nuevos impuestos medioambientales. Y que el Gobierno se encuentra a la espera de los informes de la AIReF sobre los beneficios y deducciones fiscales, así como de la Agencia Tributaria, para trabajar en ese campo.

Consenso boicoteado

Daniel Vaccaro, profesor de Fiscalidad en EAE Business School, explica que lograr que los grandes gigantes digitales tributen de forma justa en los grandes países de consumo donde obtienen sus beneficios lleva muchos años sobre la mesa del G-20, la OCDE y la UE, pero «hasta ahora el necesario consenso, que sería el escenario ideal, ha sido boicoteado por países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, que operan como hubs de los beneficios de estas multinacionales y están encantados con el statuo quo actual».

«Estas grandes empresas digitales, las mayores del mundo en capitalización bursatil y beneficios, localizan sus beneficios en territorios de muy baja tributación, dando la espalda a las arcas públicas de los países donde están sus clientes y donde venden sus servicios, entre ellos España, 13ª economía del mundo», argumenta.

«La era digital necesita revisar las reglas de la fiscalidad internacional. El ciudadano medio dedica una parte cada vez mayor de su salario al pago de servicios digitales ofrecidos por empresas cuyos beneficios no tributan en nuestro país. Esta es una realidad innegable, y afecta a todas las economías mínimamente desarrolladas. Las mismas que necesitan urgentemente financiar el gran reto de este siglo: la transición a una economía sostenible. Es evidente que es urgente arreglar esta situación», insiste este experto.

La ‘tasa Google’ se traducirá en una reducción neta de 302,6 millones de euros del PIB de España durante el primer año de implementación, según un estudio de los investigadores Javier Santacruz y Álvaro Martín, para la Fundación Civismo. Este timpuesto hará que España «pierda atractivo inversor» e incentivará a las grandes empresas tecnológicas a establecer sus sedes fuera.

Su aplicación supondrá la reducción en dos puntos porcentuales del margen bruto sobre importe neto de la cifra de negocios de las grandes compañías tecnológicas, 178 millones de euros anuales menos para un sector compuesto por 9.800 empresas que generan casi 40.000 puestos de trabajo, y pondrá freno a su tasa de crecimiento anual, que es del 4,8%.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha advertido de que el  Impuesto a las Transacciones Financieras afectará a la competitividad de las empresas y de los mercados financieros españoles y, en general, al crecimiento económico y al empleo.

«El impuesto discrimina a la empresa española frente a las empresas extranjeras, puesto que únicamente grava la adquisición de acciones españolas», argumenta, mientras ve «previsible» que el impuesto genere una deslocalización de inversiones hacia otras jurisdicciones.

Para mitigar estos potenciales efectos colaterales, CECA insiste en que la implantación de la tasa debería llevarse a cabo de manera global o, al menos, coordinada en todos los países de la Unión Europea.

Por su parte, las gestoras avisan que la ‘tasa Tobin’, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, afectará negativamente a la contratación de la Bolsa española. La directora de análisis y estrategia de Renta 4, Natalia Aguirre, recuerda que en Francia hubo caídas de volumen del 15% al 20% en los valores afectados cuando se decidió imponer una tasa similar. «El problema de imponer una tasa de este tipo a escala individual y no europea es que dejas en peor situación competitivo al país donde la impones»,  insiste.

«En un mercado donde a día de hoy se puede tener acceso a multitud de empresas a escala mundial sin coste adicional es razonable pensar que la gente prefiera invertir en otros mercados donde no esté sujeto a este impuesto», señala Armando Platero, del bróker Degiro en España.

La tasa Tobin se aplicará sobre acciones cuando otros productos más especulativos como los contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en inglés) estarán exentos, lo que «puede causar que la gente empiece a invertir en productos no aptos para alcanzar sus objetivos financieros y pueden estar expuestos a riesgos innecesarios, con un apalancamiento incorporado», advierte este experto

Quedan fuera del ámbito de la ‘tasa Tobin’ la deuda, tanto la pública como la privada;  los derivados; las operaciones del mercado primario, la salida a Bolsa de una compañía;  las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto. En Francia, es el inversor hace frente al impuesto y es el intermediario financiero quien se encarga de recaudarlo para hacer frente al pago.

El Gobierno ha calculado que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

El volumen de adquisiciones de acciones en euros fue de 469.634 millones de euros en 2019, un 20% menos que el año anterior, y se realizaron 37,18 millones de operaciones, un 16% menos, según las estadísticas de BME.