El giro de última hora del Gobierno en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado 2018, que ahora comienzan su tramitación en el Senado tras recibir el visto bueno del Congreso, no tiene en cuenta el coste de las medidas pactadas con socialistas y nacionalistas vascos y canarios. Una de estas cesiones es el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, el cual resulta necesario por el incremento de la esperanza de vida en un período de cinco años. En la negociación, frente al interés que yo creo general, ha triunfado el deseo de protagonismo del PNV ante sus votantes jubilados, motivo por el que han exigido una subida de la prestación ligada a la inflación.
Sin embargo, este colectivo de 550.000 personas disfruta de la pensión más alta de España y representa el 22% de la población de esta comunidad. Son, por tanto, muchos votantes, cuya importancia crece conforme envejecen y abogan por el corto plazo, sin advertir la bomba de relojería sobre la que se asienta el sistema público de reparto, y, precisamente, de manera especial en el País Vasco. La forma más gráfica de ver el problema de sostenibilidad es calcular la relación entre cotizantes y pensionistas, ya que de ella depende el balance entre ingresos y gastos.
Hay una diferencia enorme entre las regiones que tienen una ratio menor (1,19 en Asturias) y una mayor (2,7 en Madrid). Presentan un abultado déficit Galicia (1,29), Castilla y León (1,47), Cantabria (1,52) y Extremadura (1,71).
Por eso, que no entre en vigor la reforma de 2013 implica que el umbral de la ratio a partir del cual desaparece el déficit vuelve a situarse en los dos cotizantes por pensionista y, a día de hoy, aparte de Madrid, sólo cuatro comunidades sobrepasan este valor: Baleares (2,7), Canarias (2,5), Murcia (2,35) y Navarra (2,06). La única forma de reducirlo y, así, conseguir la sostenibilidad del sistema hasta 2030, es modificar los pará- metros de cálculo y actualizar las pensiones y las condiciones para acceder a la jubilación.
Si el sistema de pensiones estuviese transferido a las CC AA, doce presentarían déficit en sus cuentas y cinco con carácter severo, hasta el punto de no poder pagarlas. Además del tercio norte peninsular y de Extremadura, País Vasco tampoco se salvaría. Por ello, los pensionistas piden cobrar ahora lo que no podrán recibir sus hijos, y ni tan siquiera ellos mismos si se troceara la caja única, algo que no se ha explicado a los jubilados secesionistas catalanes.
De no aplicarse reformas la situación podría agravarse, a tenor de la evolución de la ratio de envejecimiento regional. El porcentaje de personas mayores de 65 años sobre la población total ya supera el 25% en Asturias, Castilla y León, Galicia y País Vasco. Y por cada punto que aumente éste, la proporción de afiliados por cada pensionista empeora en 12,5 puntos básicos. Por tanto, a mayor envejecimiento, mayor insostenibilidad del sistema de reparto.
Urge crear empleo y favorecer la natalidad en las regiones donde la base de cotizantes es insuficiente para mantener a una población avejentada. Mientras, es fundamental conservar el principio de caja única, a fin de evitar la catástrofe que supondría que en algunos territorios se pudieran pagar las pensiones, y en otros no.
