A la tercera va la vencida, pero Pedro Sánchez ha necesitado seis votaciones para ser investido presidente del Gobierno con un escasísimo margen de dos votos (167 a favor y 165 en contra); el más estrecho en cuarenta años de democracia. Aun así, la negociación entre PSOE y los diferentes partidos de izquierda y nacionalistas ha dado sus frutos y Sánchez seguirá como inquilino de La Moncloa.
A lo largo de estos días de debates y votación, hay quienes han visto con normalidad, interés, e incluso sorna, muchos de los discursos pronunciados por varios de sus señorías, con especial mención a los antisistema de la CUP o a los portavoces de Bildu. Estos han puesto de manifiesto, como hace unas semanas las estrafalarias fórmulas de muchos para acatar la Constitución, que el nuevo Ejecutivo se halla en un régimen distinto al instaurado en 1978. Como poco, entramos en un periodo de transición entre el anterior y lo desconocido. Sí se puede aventurar que estamos ante un cambio de régimen. Y esto es así por tres motivos fundamentalmente.
En primer lugar, por quiénes lo configurarán. El nuevo Gobierno estará en deuda con aquellos que le hayan prestado su apoyo (o aquiescencia). Lo ejemplifica el caso de Navarra, donde Bildu está cobrando muy caros los favores al PSN en la investidura de Chivite, y también lo harán el PNV, ERC, Bildu y demás turba separatista y populista.
En segundo, es muy importante el cuándo. Se trata de una cuestión contextual, del panorama en que este nuevo Ejecutivo comienza su andadura. A la desaceleración económica internacional se suma una inestabilidad política mayúscula que difícilmente va a superar a tenor de su nefasto historial como gestores.
Por último, está la cuestión de qué se ha pactado. Por lo que sabemos de los acuerdos del PSOE con Podemos y ERC —y también por lo que desconocemos— implican liquidar la Constitución de una forma tan implícita como evidente. No hay nocturnidad en este asedio: se ha producido a plena luz, desde la tribuna del Congreso.
Todos estos cambios revisten tal profundidad que suponen más que un mero reemplazo del Ejecutivo. Para comprobarlo, basta echar un breve vistazo atrás, y remontarnos a la Cuarta República Francesa, pues los paralelismos son cristalinos y, precisamente por ello, inquietantes.
Como parece haber sucedido con Cataluña en el caso de España, el detonante para el colapso de la Cuarta República Francesa se produjo con la crisis de Argelia de 1958: su colonia con mayor población gala, que buscaba denodadamente su escisión de la metrópoli. También como en Cataluña, la situación se agravó por las tensiones entre la población que quería seguir formando parte de Francia, y los que deseaban separarse, con la consiguiente fricción interna y fractura social.
Los tiempos han cambiado mucho en sesenta años, y el uso de la violencia resulta cada vez más residual de cara a conseguir réditos políticos en Occidente, incluso aquellos legítimos, como la preservación del Estado de derecho. Quizá, esto explica por qué en Cataluña no se ha desatado un conflicto con aires guerracivilistas. Ni que, al contrario que en la Argelia de 1958, se haya rebelado una facción del ejército para, unilateralmente, poner fin al deseo separatista. No obstante, la tensión se asemeja hasta el punto de que hay políticos que han instado a las Fuerzas Armadas a detener este golpe.
Pero lo especialmente revelador es que la Cuarta República Francesa, además de por los choques nacionalistas y separatistas señalados, se derrumbó, sobre todo, por falta de consenso político y una sucesión de gobiernos que se formaban y disolvían con rapidez. Así, hubo 21 primeros ministros entre 1947 y 1958. Si bien no podemos augurar una corta vida al Ejecutivo que nace hoy, sí que su recorrido estará plagado de obstáculos.
Por finalizar con la comparación, en la Francia de finales de los años 50, ante el colapso total, el presidente De Gaulle encabezó un proceso para la disolución de la Cuarta República Francesa y convocó una convención constituyente que daría lugar a la Quinta. En la España de hoy, Sánchez —por motivos ideológicos o solo pragmáticos, igualmente deleznables— está haciendo lo mismo: cambiar el orden constitucional. No obstante, hay una diferencia. La Quinta República nació a través de un proceso constituyente de reforma, mientras que el nuevo régimen español lo hará por medio de la subversión del mismo. Un orden constitucional que, con sus virtudes y defectos, ha traído el mayor periodo de concordia, convivencia, prosperidad y libertad de la historia de nuestro país. Una Constitución que es el pilar de un régimen que merece la pena preservarse, y más ante la alternativa de pesadilla que desde hoy nos gobierna.
