El World Justice Project lleva años demostrando que las naciones con peor seguridad jurídica son las más pobres y sus regímenes los más tiránicos. El ‘Imperio de la Ley’ tan solo es factible cuando el Estado de Derecho es respetado y la ley impone límites al Estado y a los particulares para que el interés público quede preservado. Los hechos muestran que el cuatripartito ha perjudicado el Estado de Derecho. A la vista está como el Ejecutivo foral vulnera impunemente la ley, cuando quienes delinquen forman parte de su parroquia partidista.
Lamentablemente, la okupación, desalojo y re-okupación del Palacio del Marqués de Rozalejo es algo peor que el asalto a una propiedad de titularidad foral. Es, sobre todo, una evidencia que confirma algo más dañino: un grave detrimento de la inseguridad jurídica. Los ciudadanos merecemos un Gobierno que mantenga la dignidad de Navarra y no ceda ante el chantaje de unos delincuentes, por muy violentos que sean. Por favor, ¡no intenten confundirnos! Las explicaciones que han dado para justificar su ilícita actuación son torticeras. No han querido hacer cumplir la ley por una motivación muy mezquina: la intimidación que les han practicado sus socios de gobierno. Por mucho que se nieguen a admitirlo, sus declaraciones suponen una burla a los ciudadanos y un desprecio a su inteligencia.
Si a las okupaciones de propiedades públicas, como el edificio municipal en el Parque de Aranzadi y la nave en la calle Artica, añadimos las de viviendas particulares, como la de la calle Tejería, la situación resulta alarmante para quien desee invertir en Navarra. Lo ocurrido en el Palacio del Marqués de Rozalejo, como lo de Alsasua, ha aparecido en los informativos de las televisiones nacionales y en la mayoría de periódicos y radios del país. Esa propaganda es letal. Nadie compra su vivienda vacacional o instala su empresa en un lugar donde la propiedad del inmueble no está protegida por la autoridad. Estas noticias no solo ahuyentan a posibles inversores, sino que además atraerán a los mejores ‘profesionales’ de la okupación de España.
La responsabilidad no es de Bildu y Podemos, sino del Ejecutivo foral en su conjunto, al ser el órgano que ostenta el poder ejecutivo. Como dice el texto del juez: “La tolerancia de la actual ocupación del inmueble es de responsabilidad exclusiva del titular Gobierno de Navarra, que no ha querido ejecutar un Auto que le reintegraba en la libre posesión del Inmueble”. Bochornoso el comportamiento del cuatripartito con la Justicia, al pretender que sea ésta la que resuelva el embrollo legal que el Gobierno solito ha organizado con sus órdenes, contraórdenes y desórdenes. Triste papelón el de Asirón al defender la okupación. Si un alcalde no vela por la propiedad de todos, tampoco protegerá las de sus vecinos.
Quizá esta okupación dé votos a los partidos radicales antisistema que sostienen el Gobierno, pero genera una imagen de región, donde el ‘Imperio de la Ley’ cede ante la violencia. Citaré una de sus consecuencias. La Universidad de Navarra, segunda mayor empresa de la Comunidad, que según el informe de Deloitte genera 9.064 puestos de trabajo y que en el último decenio ha aportado 3.000 millones al PIB foral, podría tener más difícil atraer alumnos de fuera. La razón es clara: la imagen de violencia desagrada a unos padres que se gastan de media en Pamplona y comarca 792,5 euros los españoles y 887 los extranjeros.
Si de modo inmediato no se desaloja el Palacio del Marqués de Rozalejo, los responsables de que la ley no se cumpla debieran ser coherentes con el juramento que hicieron al ser nombrados y desokupar otro Palacio: el que está en la Avenida de San Ignacio 1, también llamado Palacio de Navarra. ¡Ya han hecho demasiado daño!
