A nadie deja indiferente el desigual reparto del dinero estatal entre las comunidades autónomas. Este verano Fedea presentó un excelente trabajo dirigido por el profesor Ángel de la Fuente del que, aparte de las balanzas fiscales, analizaba algo todavía más polémico que pasó desapercibido: los saldos que proceden de adjudicaciones de fondos a singularidades territoriales.
La parte de los saldos fiscales susceptible de ser considerado «dinero de la discordia» es aquel que discrimina entre colectivos de ciudadanos con los mismos derechos y necesidades semejantes. El cómputo de esta partida exige segregar aquellos gastos empleados en bienes públicos de ámbito nacional que afectan por igual a todos los ciudadanos. Por ejemplo, la protección social y demás servicios que se distribuyen de modo uniforme por toda España, en cuanto que su distribución respeta la equidad territorial. Esas partidas, que son diferentes porque responden a singularidades regionales, son las que justifican las discutidas rebajas fiscales que tanto ‘escuecen’ en las regiones que no las disfrutan. Las variables que vamos a tener en cuenta son las desviaciones sobre la media por habitante de aquellas asignaciones de fondos que se reparten de acuerdo a un criterio territorial.
La cantidad en disputa para repartir, 11.400 millones, no es excesiva, pues tan sólo representa un 1,1% de PIB nacional. Tiene una cierta lógica que Canarias, una región insular lejana a la península, tenga un régimen fiscal especial. Más compleja es la justificación de los regímenes fiscales de los territorios forales que, junto con Canarias, concentran aproximadamente la mitad del exceso de gasto. La otramitad se reparte sin un criterio claro por el resto de regiones, siendo las más perjudicadas la Comunidad valenciana con un déficit por habitante de 808 euros y Murcia con 638. A éstas le siguen Andalucía, Baleares, Madrid y Cataluña. Las comunidades más beneficiadas resultan ser el País Vasco, con un superávit por habitante de 2.070 euros, Navarra con 1.479, Canarias con 1.289, Extremadura con 614 y Castilla y León con 378.
Ante esta supuesta injusticia de trato, jaleada con entusiasmo por algunos gobernantes con una gestión económica mas cuestionable, debiera imponerse la lógica racional que prima en la sociedad. Por mucho que los gobiernos autonómicos enfaticen en sus declaraciones la financiación conseguida del Estado para su región, lo que de verdad le importa al ciudadano es cuánto le cuesta la Administración y qué es lo que le aporta a su bienestar. Ese es su balance definitivo. Al fin y al cabo, son las personas las que pagamos impuestos y recibimos servicios, y no los territorios. Concluyo defendiendo la trascendencia de ese «saldo fiscal personal» frente al irrelevante saldo fiscal autonómico.
