Tras un largo proceso de gestación parece que, por fin, va a ver la luz el denominado “Ingreso Mínimo Vital”, con el que el Estado va a intentar mejorar la situación económica de un número elevado de personas –se habla de 850.000 hogares– que se encuentran con serios problemas económicos, motivados en buena parte por la crisis del coronavirus y la recesión en la que ya estamos plenamente inmersos. Las valoraciones de este proyecto han sido muy diversas. Pero un estudio ponderado del plan exige analizar con detalle sus efectos a corto y largo plazo.

La idea de establecer un ingreso mínimo de subsistencia para todo el mundo no es nueva, ciertamente. Hace ya muchos años Milton Friedman planteó la posibilidad de sustituir buena parte de las transferencias que se llevan a cabo en la actualidad mediante servicios públicos subvencionados por un impuesto negativo sobre la renta. El modelo es bastante simple. El
Gobierno fijaría un nivel de renta que se consideraría el mínimo necesario para poder vivir con las condiciones básicas de nutrición, salubridad, etc. Las personas cuyos ingresos superaran ese nivel, tendrían que pagar un impuesto sobre la renta que excediera al mínimo establecido, de forma similar a como lo hacen en la actualidad. La diferencia con el modelo vigente estaría en el tratamiento que se daría a las personas de renta más baja, que recibirían un pago monetario que les permitiera alcanzar ese mínimo vital.

La teoría de la renta básica coincide con este modelo en su idea de ofrecer un mínimo de ingresos a todos los ciudadanos. Pero su visión de la economía y la sociedad tiene un sustrato muy contrario a los principios de la economía de mercado de Friedman. Sirva como muestra el hecho de que uno de los textos importantes en el desarrollo de esta teoría, el conocido artículo del año 1986 de Van Parijs y Van der Veen, lleva el expresivo título de “Una vía capitalista al comunismo”. El objetivo de los defensores de este modelo de redistribución es que todo ciudadano, por el hecho de serlo, y al margen de cuál sea su actividad –o incluso si no quiere realizar actividad productiva alguna– reciba del Estado una renta. Y concluyen que la percepción de tal ingreso debería ser reconocida como un auténtico “derecho ciudadano”. Lo que parece que, finalmente, se ha aprobado en España es un plan que está a caballo entre una ayuda a las personas más necesitadas y un subsidio permanente similar a una renta básica, fijando unos límites por debajo de los cuales no puedan caer los ingresos de
ninguna persona o grupo familiar. El coste previsto por el gobierno es de unos 3.000 millones de euros anuales. La cantidad es muy importante, sin duda. Pero –si la cifra es fiable– puede ser soportada por nuestra economía, incluso en una situación tan grave para las finanzas públicas como la actual. Estamos en una emergencia y hay que tomar medidas excepcionales.

El principal problema de este plan, que hace que muchos economistas lo veamos con profunda desconfianza, es que no se presenta como una medida excepcional motivada por la actual crisis, sino como un programa permanente que resultará seguramente, en el largo plazo, muy perjudicial para la economía española. Pensar que un subsidio de esta naturaleza no va a tener efectos negativos sobre la oferta de trabajo de muchos perceptores de ingresos bajos es absurdo. La gente, sin duda alguna, va a diseñar sus estrategias para beneficiarse al máximo del dinero público. Y la idea de que el gobierno vigilará para que los perceptores del subsidio administren “responsablemente” este ingreso resulta, como mínimo, profundamente ingenua.

Un tema del que no se ha hablado apenas y que es, sin embargo, muy importante es el efecto que sobre la economía sumergida va a tener un programa de esta naturaleza. Dado que las cantidades a percibir se establecen como un complemento a otros ingresos inferiores al nivel mínimo de renta, lo que a mucha gente le va a interesar es que ese nivel previo de ingresos sea cero. Y esto lo pueden conseguir de dos formas: no trabajando o pasándose a la economía informal. El subsidio crea, por tanto, claros incentivos para que muchos trabajadores dejen de declarar lo que ingresan y lleguen a acuerdos para ello con sus clientes o sus empresas. Si esto ocurriera durante poco tiempo, la cuestión no sería especialmente grave. Pero si la práctica se generalizara en el tiempo, los efectos sobre la recaudación de impuestos y los ingresos de la seguridad social podrían ser significativos, en unos momentos en los que lo que necesita el sector público es reducir el fraude, no incrementarlo.

La cuestión fundamental del “ingreso mínimo vital” no es, por tanto, cuánto nos va a costar este año o el año próximo, sino la pretensión de convertir este subsidio en algo permanente; cuya cuantía, además, se pedirá elevar una y otra vez con el paso del tiempo. Dice, literalmente, el Gobierno que las ayudas se mantendrán mientras subsistan las causas que motivaron su concesión. Los incentivos de los beneficiados a hacer que tales causas subsistan son evidentes. Si se financia a quien no gana nada, éste hará todo lo posible por no ganar nada o por no declarar sus ingresos, si tiene tal opción. Y esto no es el resultado del perverso capitalismo. Es, simplemente, la naturaleza humana.