Ronald Reagan decía que las palabras más terroríficas que podía escuchar un empresario al abrirla puerta eran: «Buenas, somos del Gobierno y venimos a ayudarle». Una Administración entrometida es un peligro que puede arruinar un proyecto empresarial, porque en su afán de ‘proteger’ suele regular en exceso. Cumplimentar burocracia, especialmente la que no da valor al producto, desincentiva el deseo de abrir un negocio. Lo que de verdad quiere el genuino emprendedor es que no le abrasen a impuestos y quese lo pongan fácil. Esto se traduce en que tenga que cumplir el mínimo número de trámites, que la licencia de apertura se la concedan en una semana y que le cobren poco por hacerlo. En España la incontinencia regulatoria del Estado no esla peor. Hay Comunidades Autónomas que, en su afán de mostrar una absurda singularidad diferencial, someten al emprendedor a una tortura de trámites desmotivadora.
El gráfico de esta semana presenta el número de páginas que publicaron los Boletines oficiales de las CC AA en 2009, medida que a partir de ese año es difícil normalizar por los variados modelos electrónicos autonómico surgidos con las nuevas tecnologías. Ese año Cataluña fue la campeona con casi 98.000 páginas, mientras que Navarra se quedó en 16.412, casi seis veces menos.
Antes de proponer una nueva ley de emprendedores, el Gobierno debería haber hecho el imprescindible ejercicio de impedir tanto abuso regulatorio autonómico. Los políticos creen que pueden resolver todo con incontables normas. A las empresas les cuesta mucho más cumplir con ellas, lo que deriva en mayores gastos, que repercuten en la rentabilidad y perjudican los sueldos de sus trabajadores.
Favorecer el emprendimiento es más eficaz que conceder subvenciones, ayudas que con frecuencia devienen en corruptelas que pervierten el sentido de la ayuda. Quisiera equivocarme, pero creer que a golpe de decreto se puede promover el espíritu emprendedor es un ejercicio de voluntarismo meritorio que, aunque pudiera tener réditos electorales, no creará muchas empresas.
Un estudio de Francisco Marcos y Juan Santaló, del Instituto de Empresa, demuestra que, cada vez que se duplica el número de normas, la tasa de crecimiento anual de la productividad se reduce un 3,5%. Y prueban que, por cada 100% que crecen las disposiciones locales, las solicitudes de patentes en la región caen un 80%. Este trabajo se refiere a los años 1988 a 2006 en los que el Estado traspasó lamayor parte de sus competencias a las CCAA. Los investigadores aseguran que el problema va en aumento, dado que el número de páginas publicadas en todos los Boletines Oficiales se ha multiplicado por treinta entre 1978 y 2008 y la tendencia se acelera.
Hay dos datos complementarios extraídos del Informe de 2011 «Evaluación de las trabas administrativas para la creación de empresas» del Ministerio de Hacienda. El primero se refiere al coste de tramitación total para abrir una empresa, valor que en Extremadura, Asturias, Castilla La Mancha y País Vasco supera los 3.500 euros. El segundo es el tiempo de tramitación en el que La Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria y Asturias superan los tres meses. Esperemos que la anunciada Ley de la Unidad de Mercado se apruebe y que su norma de que la apertura de un negocio en una Comunidad sirva para cualquier otra entre en vigor cuanto antes. Esta medida obligará a que los Parlamentos autonómicos dejen de poner palos en la rueda de la economía con tanta regulación innecesaria, o de otro modo su región perderá atractivo para emprender.
Publicaciones relacionadas
