Esta sección lleva por título “soliloquios tributarios” y, como tal, analiza esos ingresos públicos que son los tributos y que aglutinan a los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Pero, esto es obvio, esos ingresos responden a un fin, que es sufragar -de un modo u otro- los servicios públicos llamados a atender los intereses generales (que, por otra parte, no son más que el sumatorio de millones de intereses individuales).
Según la Fundación Civismo, en España el pasado 26 de junio fue nuestro “día de la liberación fiscal”; es decir: los españoles, de media, trabajamos 178 días para cumplir nuestras obligaciones con las contribuciones públicas, ya sean las estatales, autonómicas o municipales (que de todo hay). O sea, que dedicamos medio año a sostener la estructura llamada a prestar los servicios públicos… No es poco, pues será ya desde el 27 de junio cuando trabajemos para nosotros mismos. Es por ello por lo que hoy -postponiendo otros asuntos candidatos a ocupar esta tribuna- creo oportuno reflexionar sobre la calidad de esos servicios públicos o, lo que es lo mismo, sobre si ese esfuerzo fiscal tiene su lógica correspondencia con lo recibido a cambio. Sé -me dedico a esto- que el pago de impuestos (no así el de tasas y contribuciones especiales) legalmente no nos da derecho a exigir nada a cambio, pero eso no impide que socialmente sea 100% legítimo pedir cuentas.
Y para esta reflexión es del todo oportuno referir una anécdota -que, aun siéndolo, tiene su significativa trascendencia- que viví el pasado jueves. Era primera hora de la mañana y estaba pagando en un párking público -en régimen de concesión, de ahí que venga al caso-, cuando escuché un tremendo estruendo… un coche, sin control, se precipitó por la rampa de acceso rodado al aparcamiento para terminar empotrándose en una columna. Su única ocupante, logró salir del vehículo por su propio pie y, tras comprobar que aparentemente no presentaba lesiones, le advertí que se alejara pues el motor parecía estar perdiendo líquido. Así las cosas, subí al “puesto de control” para advertir de lo sucedido y que se hicieran cargo de la situación acaecida en su propio recinto. Para mi sorpresa, no había nadie…, tan sólo un cartel señalando el botón de un interfono como único medio para llegar a comunicar con alguien.
Pulsado el botón, una voz responde al otro lado tomando nota de la situación e indicando que, en breve, acudirá una persona. Los minutos pasan y allí no aparece nadie; por lo que, a través del interfono, vuelvo a insistir en la necesidad de contar con alguien que, finalmente, llega tras más de 10 minutos desde el primer aviso; apuntando, además, como pretendida excusa de su demora el que tienen varias instalaciones que atender y que no pueden estar físicamente en todas.
Un párking, por mucho que sea explotado por una empresa privada, es la concesión administrativa de un servicio público (más aún, si cabe, con las crecientes dificultades para aparcar en las calles). Por ello, la Administración concedente está obligada a velar por que el servicio se preste en unas condiciones óptimas y, obviamente, éstas no se dan si no hay nadie presencialmente, dejando así cualquier incidencia (incluso grave) a expensas de una llamada a un interfono.
No es el ascensor de una comunidad de propietarios, es un parking público y ello exige una atención personal “in situ”. Lo contrario -es decir, lo aquí sucedido- es pagar tributos como europeos para tener servicios públicos propios del tercer mundo, y eso no es de recibo. #ciudadaNOsúbdito
