Una de las promesas más repetidas cuando con la crisis empezaron los recortes presupuestarios fue: «hacer más con menos». La penuria recaudatoria mostró la necesidad de poner a dieta a la Administración. Había que eliminar los gastos más superfluos y aplicar aquellas reformas que lograran un funcionamiento más eficiente. La intención era loable, conceder al contribuyente un alivio de su insoportable carga fiscal. Sin embargo, este buen propósito no sólo se ha incumplido, sino que, ante los nuevos ajustes que exige Bruselas, el Ejecutivo ha optado por volver a apretar las tuercas tributarias al ciudadano. Lo razonable hubiera sido atreverse a tomar la impopular medida de controlar mejor el gasto público, para ahorrar donde se pudiera, e invertir donde conviniese.
Ante esta política de Moncloa, la oposición ha preferido mostrarse filántropa y reclamar mayores partidas, como si gastar más supusiera siempre una mayor calidad de los servicios. La Administración tiene pendiente que cada supuesta inversión que hace, especialmente en educación, sanidad y asistencia social, deba ir unida a una evaluación objetiva y pública de los resultados conseguidos.
Lamentablemente, en lo que se refiere a la educación, ha habido una mayoría política que se ha decantado por la supresión de las reválidas, un sistema de supervisión nacional que, si se hubiera aplicado antes, habría podido advertir y corregir el deficiente aprendizaje en Comprensión Lectora, Matemáticas y Ciencias que ha diagnosticado el Informe PISA. Sorprende la fuerte dispersión de resultados entre las regiones, hasta el punto de que un alumno de 4º de ESO en Canarias, Andalucía, Extremadura o Murcia tiene un nivel inferior al de un estudiante de un curso menos en Castilla y León, Navarra o Madrid, comunidades que están más cerca de Finlandia que de las del sur de Espa- ña. Y eso pese a que en Madrid se destina menos dinero por alumno que en cualquier otra región espa- ñola, llegando a un 22,5% menos que en Extremadura.
El otro gran punto clave para el análisis de la eficiencia del gasto es País Vasco, que invierte el doble de dinero por alumno que Madrid, pero cuyos resultados lo sitúan más cerca de las regiones colistas. Además, sus calificaciones en este informe han sufrido una merma considerable en los últimos años, a pesar que por su estatus socioeconómico debería hallarse en vanguardia. Esto ha suscitado una razonable sospecha sobre la validez de un modelo lingüístico que reduce las horas de las materias troncales para aumentar las de la lengua vasca.
Además, dentro de las CCAA mejor posicionadas, hay varias con gastos relativamente bajos, como Aragón, Cataluña y La Rioja. Al mismo tiempo, Cantabria y Asturias, que destinan bastantes más recursos, quedan peor clasificadas. Todo esto indica que no es tanto una cuestión de cuánto dinero se emplea, sino que en el rendimiento escolar influyen otras causas, como el interés de los padres por los estudios de sus hijos y las evaluaciones frecuentes que estimulen el aprendizaje. Es crucial entender esto en un momento en el que las huelgas de deberes amenazan con despojar de toda autoridad a los profesores y, al mismo tiempo, impedir que los hijos de aquellos menos concienciados con la educación puedan avanzar al mismo ritmo que el resto de la clase. ¡El dinero no lo es todo!
