La crisis de los sistemas de pensiones es evidente en muchos países, España entre ellos. El modelo que tenemos en la actualidad plantea muchos problemas y las proyecciones de futuro indican que va a ser imposible mantenerlo en las condiciones actuales. Este modelo se basa en dos características fundamentales. La primera, es un sistema público, controlado por el Estado; aunque es posible contratar pensiones privadas con carácter complementario. La segunda, se basa en un modelo de reparto; es decir, las aportaciones que realiza cada trabajador en activo no se invierten para garantizar su pensión futura, sino que se gastan en pagar las pensiones de los jubilados actuales.

La mayor parte de la gente defiende este sistema por dos razones. En primer lugar, porque lo consideran más justo que un modelo privado, ya que permite redistribuir la renta a las personas de ingresos más bajos. Y además, porque piensan que, al estar garantizadas por el Estado, las pensiones están aseguradas, cosa que -se dice- no ocurriría en un modelo en el que la pensión futura dependiera de la rentabilidad de las inversiones realizadas. Sin embargo, este análisis peca de simplista y deja a un lado muchas cuestiones que no se perciben a primera vista. Tanto los expertos en pensiones cono numerosas instituciones dedicadas al análisis de los problemas económicos afirman abiertamente que el sistema público no va a garantizar, en el fuuro, el nivel de pensiones que esperan los españoles.

Variables

La cuestión de fondo que plantea un modelo de pensiones como el nuestro, en el que no se capitalizan las cotizaciones, es que las cuentas no salen cuando las tasas de fecundidad son bajas y la población envejece, que es lo que está sucediendo en España y en otros muchos países. Y las esperanzas que en su día se pusieron en la inmigración cono fuente de cotizantes a la seguridad social se debilitaron tan pronto cono se comprobó que lo que haría falta para apuntalar el sistema no sería una fuerte entrada de inmigrantes en un momento determinado, sino un flujo sostenido en el tiempo, que difícilmente podría mantenerse.

Aunque se reconoce que hay problemas, está muy extendida en la sociedad española la idea de que el modelo de reparto será viable aún durante muchos años, si se cumplen unas determinadas condiciones, entre las que se incluye una tasa elevada de crecimiento económico. Pero esta afirmación, por atractiva que parezca, es trivial o es falsa. Es trivial si lo que se pretende decir con ella es que un Estado con una economía en desarrollo siempre tendrá una capacidad de recaudar impuestos lo suficiente elevada como para garantizar las transferencias de renta que un sistema de reparto exija; y que, cuanto más se crezca, más impuestos y cotizaciones se recaudarán. Y es falsa si lo que se intenta defender es que el sistema puede mantenerse en el tiempo en las condiciones actuales de cotizaciones y prestaciones. Los cambios que está experimentando nuestro modelo de pensiones desde la firma del pacto de Toledo no muestran, como gusta decir a muchos políticos, la capacidad de adaptación del sistema para hacerlo viable. Lo que realmente indican es su falta de viabilidad y la necesidad de modificarlo para que pueda sobrevivir. Financiar las pensiones haciendo un uso cada vez mayor de la recaudación por impuestos no es una prueba de que el modelo funcione, sino reconocer su fracaso.

Es previsible, además, que, ante la insuficiencia financiera del modelo, y dada la dificultad de bajar las pensiones mínimas y el rechazo social -bastante justificado- que una medida de esta naturaleza suscitaría, la seguridad social empiece a reducir gasto a partir de las pensiones más elevadas, en la confianza de que quienes las perciben han tenido ocasión de acudir al mercado privado para suscribir planes que les permitan complementar la pensión pública. Pero luego se irá bajando el listón y la reducción afectará a pensiones más reducidas. Los períodos de cotización aumentarán y lo mismo ocurrirá con los años que se tomen en cuenta para el cálculo de las pensiones, reduciendo así los ingresos para la mayoría de los perceptores. A esto se le puede llamar «estrategias para garantizar la viabilidad del sistema de reparto»; y tales medidas pueden justificarse como la única vía posible para evitar la quiebra a largo plazo del modelo. Pero no es, desde luego, lo que se prometió en su día a los trabajadores… y lo que se les sigue prometiendo hoy.