Uno de los principales sensores para medir la confianza que ofrecen las instituciones de una comunidad autónoma es el análisis de los movimientos empresariales. Por una parte, dónde invierten; por otra parte, hacia dónde mueven sus domicilios sociales. Cuando se instalan en un territorio, suele deberse a que éste ofrece mejores condiciones, mientras que cuando huyen despavoridas de otro, es por culpa de su falta de estabilidad. Por eso, en 2014 fue muy interesante comprobar cómo mil empresas abandonaban Cataluña y se dirigían hacia otras regiones españolas; casi la mitad a Madrid.
El año pasado se produjeron 5.294 traslados de domicilio social entre las comunidades autónomas, de acuerdo con Axesor, una empresa que analiza el riesgo crediticio privado. Bastantes de estas deslocalizaciones son movimientos cruzados entre regiones, pero los saldos netos (entradas menos salidas) dibujan un panorama muy claro: mientras nueve regiones, con Madrid a la cabeza, ganan 735 empresas, el resto las pierden. Cataluña es la que más sufre la marcha de compañías (385). Este trasiego no es algo excepcional, sino que forma parte de una tendencia que se prolonga desde hace varios años y que se ha agudizado con el desafío secesionista. No es de extrañar, teniendo en cuenta que los empresarios buscan la má- xima seguridad jurídica y evitar riesgos, como la salida del euro o padecer aranceles en los productos que vendan fuera de Europa. Lo peor de estos traslados es que las empresas que desplazan su sede suelen ser las más grandes. A las pequeñas no les compensan los costes y los agotadores trámites. Aparte, las pymes tienen más apego al territorio, especialmente si son de carácter familiar. Cuando un empresario alberga la incertidumbre de una posible deslocalización deja de invertir. Por el contrario, una vez que una compañía ha trasladado su sede es más proclive a acometer inversiones en la nueva residencia por considerarla definitiva.
La segunda mayor sangría empresarial se produjo en Andalucía (185 sociedades), probablemente a causa de la inestabilidad política, unos impuestos confiscadores, y una jungla regulatoria que perjudica la actividad empresarial. Más adelante se sitúan País Vasco (52), Murcia (46), Navarra (28), Asturias (24), Castilla y León (11) y Canarias (2). De estos, quizá los casos más importantes sean los de País Vasco y Navarra, comunidad que más empresas pierde en relación a su tamaño. Probablemente, algunos empresarios no deseen riesgos adicionales, como el que sus datos estén en manos de una Hacienda controlada por el nacionalismo radical o soportar unos tributos más altos para pagar el caro proceso soberanista.
Por otra parte, Madrid gana 556 empresas, seguida por la Comunidad Valenciana (36), Cantabria y Galicia (34 en ambos casos), Aragón (32), Baleares (23), Castilla-La Mancha (13), La Rioja (4) y Extremadura (3). La receta que comparten estos territorios es clara: menos impuestos, en líneas generales, una burocracia más liviana y una administración menos intrusiva. Es cierto que Madrid ha desarrollado más estas políticas, dando mayor espacio al sector privado, pero en algunos casos ni siquiera hace falta ser líder, sino que basta con ofrecer mejores condiciones que el de al lado. Este es el caso de Aragón que, si no fuera por el trasvase de empresas catalanas, en lugar de ganar 32 habría perdido cinco.
