Estos días, hemos asistido a la apropiación, por parte del Gobierno de Baleares presidido por Francina Armengol, de 56 viviendas para destinarlas a alquiler social. No es de extrañar a estas alturas, pero sí sorprende para mal ver a tertulianos que, pretendidamente, defienden posturas liberales retorcerse ante la incomodidad de tener que abogar por algo tan humano como el derecho de propiedad, ya sea de pequeños o grandes tenedores.

La propiedad no se trata solamente del pilar sobre el que se ha apoyado el desarrollo económico mundial, sino que constituye el principio básico para que los individuos puedan desplegar su vida y su libertad.

El falso enfrentamiento entre ricos y pobres a que nos quiere llevar la izquierda retrógrada española no tiene ningún sentido. El verdadero progreso social se sustenta, cada vez más, en la capacidad mental del individuo para crear ideas y aplicarlas. Una sociedad que no premie la inteligencia y la determinación de sus creadores está condenada al fracaso.

El verdadero enfrentamiento, hoy en día, se da entre estatistas (de izquierdas o de derechas) y liberales.

Los pensadores, los emprendedores, los creadores, que han sido y siguen siendo el motor del progreso social, defienden, en general, la libertad. Saben que su éxito depende de la capacidad de sus productos para satisfacer mejor que otros las demandas del ciudadano. Pero, para ello, necesitan de un mercado libre y competitivo que les garantice la propiedad de sus creaciones.

Los parasitarios estatistas, en cambio, son consciente de que su éxito no descansará en su capacidad para crear ningún tipo de idea o producto. Por tanto, en su búsqueda del poder solo pueden ofrecer las creaciones arrebatadas a otros bajo el pretexto de la igualdad.

El verdadero enfrentamiento de hoy en día se da entre estatistas y liberales

Los ciudadanos españoles tenemos que decidir qué vía deben explorar los que, con todo derecho, aspiran al éxito social, pues de sus esfuerzos nos beneficiamos todos: bien la vía civil, donde la competencia se establece a nivel económico y requiere de nuevos conocimientos para desarrollar ideas y productos que favorecen al ciudadano, o bien la vía política, en la que, a falta de esta capacidad, lo importante reside en la habilidad para medrar, generalmente mediante la genuflexión ante el líder.

Las Armengol, las Colau, los Iglesias, como figuras representativas del estatismo más rancio, lo tienen muy claro. Necesitan viviendas sociales, y la forma de obtenerlas pasa por quitárselas a “los ricos”, siempre que no vivan en Galapagar (Madrid) o sean naturales de Inca (Baleares).

Sin pretender analizar los evidentes problemas económicos que una acción de este tipo genera en términos de inseguridad jurídica, sí conviene resaltar la inmoralidad del expolio que estos políticos parásitos están llevando a cabo en nombre del bien público.

El Gobierno balear está violentando a unos ciudadanos que han adquirido legalmente la propiedad de un inmueble, obligándoles, después de pagar sus elevados impuestos, a soportar los gastos originados por una actuación que, en última instancia, le corresponde a toda la sociedad. Si lo que se persigue consiste en facilitar el acceso a la vivienda de determinadas personas, lo que no pueden hacer estos socialistas del siglo XXI es, de manera sectaria, cargar dicho coste sobre aquellos individuos objeto de sus envidias por haber conseguido más que ellos.