El 20% de los proveedores a los que el Ministerio de Sanidad compró material sanitario hasta junio fueron, en principio, desconocidos. Además, el importe de las adquisiciones que se hicieron a estas empresas representan un 54,2% del total gastado, más de 577 millones de euros. Así lo ponía de manifiesto un informe de la Fundación Civismo, hecho público en junio, en el que se apuntaba que, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), España figuraba como país de residencia de estos suministradores y, el 12 de mayo, hubo que modificarlo por China.
Según informaba la Fundación Civismo, dichos datos están extraídos a partir de 77 contratos elevados a públicos por el Ministerio de Sanidad, y evidencian “la confusa gestión que ha realizado el Gobierno de España en la compra de este material”, lo que se ha traducido en retrasos. Según el informe, a fecha de 17 de marzo el Ministerio tan sólo había repartido medio millón de mascarillas y hasta el 26 del mismo mes no se anunció un nuevo contrato por valor de 500 millones de euros. Esto, asegura el texto, ha provocado desabastecimiento de las autonomías, algo realzado por la centralización, y que el personal sanitario se encontrara desprotegido. Con fecha de 14 de mayo, España era el primer país del mundo con más infectados por millón de habitantes (5.831) y el segundo en números absolutos, sólo por detrás de EE UU.
El informe resalta además la falta de especialización de algunas de las empresas a las que se adjudicaron los contratos. Cita en concreto dos: Hyperin Grupo Empresaria, con un CNAE de 2.352, se dedicaba a la fabricación de cal y yeso, pero se le encargaron 144 respiradores por valor de 3,3 millones de euros, mientras que a Value&Bro, con un CNAE de 6.910, correspondiente a actividades jurídicas, se le asignaron dos contratos por valor de 9,3 millones de euros, en concepto de 1,4 millones de hisopos, suministrados a diferente precio, pese a haberse adjudicado en la misma fecha (17 de abril).
Los autores, José Francisco López y Francisco Coll, subrayaban en dicho informe que “aunque es cierto que el Gobierno debía actuar con la máxima rapidez posible y que muchas empresas se han reconvertido, cuesta creer que en España no hubiera compañías especializadas en un campo determinado, lo cual habría dotado a la transacción de mayores probabilidades de éxito”. Frente a las ineficiencias del sector público, el informe repasa cuál ha sido la actuación del sector privado.
Según apunta, las donaciones directas de 15 empresas españolas han supuesto un 35% de todo lo invertido por el Ministerio de Sanidad (381 millones frente a 1.064).
