Hablábamos la semana pasada de lo conveniente de que los servicios públicos sean sostenidos por el mayor número de ciudadanos posible. Así, la Administración supondrá un lastre más ligero para cada contribuyente. Sin embargo, el previsible envejecimiento de la población juega en contra.Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística muestra que, de aquí a 2029, España habrá perdido dos millones de personas de entre 18 y 65 años, mientras que el porcentaje de ciudadanos que superen esta franja rozará una cuarta parte del total. De media, el porcentaje de residentes entre 18 y 65 años (a los que nos referiremos como población adulta) habrá caído del 64,1% al 61,1%, mientras que el de menores de 18 se habrá desplomado del 18,8% al 15,4%. O, lo que es lo mismo, existirán menos ciudadanos para trabajar y relevar a las generaciones presentes. Esto aboca a España a una pérdida de población cada vez mayor en determinadas zonas, algo que también dificulta el mantenimiento de los servicios. Solo quedan dos alternativas en esta lucha contra el tiempo: o los matrimonios tienen más hijos o será necesario fomentar las oportunidades para que otros se instalen en el territorio.

Veamos las previsiones por comunidades. En primer lugar, sólo Baleares aumentará su población adulta con la llegada de 2029, hasta un 1,4%. En este sentido, la región ofrecerá mucho empleo y no tendrá grandes problemas de cara al futuro. En segundo lugar, quedan aquellas comunidades que, aunque perderán población, lo harán por debajo de la media (6,8%). Son, por este orden, Canarias (perderá un 0,4% de su población adulta), Murcia (2,2%), Madrid (3,3%), Andalucía (3,6%), Castilla- LaMancha (3,7%) y Navarra (4,7%). Entre ellas se encuentran varias regiones cuya población adulta no se verá reducida por la mera inercia demográfica, ya que disponen todavía de bastante población joven, como es el caso de Canarias, Andalucía o Murcia. Pero este impulso, como es natural, se acaba. El objetivo tiene que ser el contrario: caminar, antes de que sea tarde, hacia la creación de empleo, de forma que se atraigan nuevos habitantes y se dé estabilidad a las actuales familias para que tengan más niños, tal como ocurre en Madrid y Navarra. Por último, nos encontramos con aquellas comunidades que envejecen a marchas forzadas como Cataluña (7,2%), Extremadura (7,8%), Aragón (9,1%), Comunidad Valenciana (9,5%), La Rioja (11,3%) y Cantabria (11,7%). De nuevo, estas regiones se verán obligadas a favorecer la creación de empleo, eliminando trabas y reduciendo los impuestos al trabajo, para así otorgar un mayor poder adquisitivo que incentive a los potenciales padres.

La situación es más dramática, si cabe, en PaísVasco (12,6%), Galicia (13,7%), Castilla y León (15,9%) y Asturias (17,2%), donde se aprecian dos problemas. PaísVasco, por un lado, tiene que dar marcha atrás después de haber puesto enmarcha políticas que han provocado una fuerte emigración, a pesar de tener el menor índice de paro de España. Por otro, el resto de estas comunidades tendrá que proporcionar generosos incentivos fiscales a las familias. Un país sin niños carece de la ilusión propia de una sociedad sana, sin miedo al futuro. Ayudar a las familias debe ir más allá del cálculo egoísta de encontrar más cotizantes para nuestra pensión. La familia con hijos es la esencia de la esperanza colectiva propia de una nación feliz. ¿Queremos un país para viejos?