Queridos y endeudados amigos: estamos de enhorabuena. Tenemos por delante medio año para gastar el dinero ganado en lo que nos plazca. “Solo” hemos tenido que trabajar 178 días para recobrar nuestra libertad y librarnos del yugo estatal que, ya saben, por nuestro bien nos ha extraído coercitivamente nuestro salario hasta la fecha.

Esta es la conclusión a la que ha llegado Javier Santacruz, investigador del think tank Civismo, en su informe sobre el Día de la Liberación Fiscal 2019, publicado el 27 de junio. Un documento que debería provocar que los españoles saliéramos en masa a la calle para protestar por el saqueo estatal. Y, sin embargo, tenemos que escuchar a diario cómo el “estado de bienestar” (que en realidad es el bienestar del Estado) necesita más recursos con los que agrandar su hipertrofia. Los beneficios sociales más importantes para el ciudadano medio español suponen al erario público 8.538 euros al año. Y, sin embargo, la cuantía anual de impuestos asciende a 13.587 euros.

En este cálculo no está incluido el sistema de pensiones de reparto, uno de los pilares del modelo, que acumula un agujero de 100.000 millones de euros desde 2010. A su cuenta, los pensionistas son los que menos contribuyen (unos 4.600 euros al año) y los que más reciben (por encima de los 20.000 euros anuales). La socialdemocracia y su amada “justicia social” son así: vivir con cargo a las generaciones futuras, despedazar la propiedad privada y demediar la capacidad de prosperar y los incentivos meritocráticos del grueso de la población.

El Leviatán estatal engulle y no mira lo que deja atrás. Los ciudadanos españoles soportamos una presión fiscal similar a la de 2002 y, sin embargo, el déficit está dos puntos por encima. Por el camino, nos hemos dejado años en los que hemos tenido que trabajar 193 días (¡más de la mitad del ejercicio!) solo para satisfacer los sueños megalómanos de Zapatero y allegados. Cada vez que un político le hable de la necesidad de “fortalecer” el estado de bienestar, le debe usted recordar que hay sociedades públicas en Andalucía con el 95% del presupuesto destinado a personal, más de 14.000 millones en subvenciones opacas, y 4.700 millones destinados a políticas activas de empleo inútiles, entre otros “logros”.

El dogma de fe sobre el que los intervencionistas construyen su discurso en realidad es una amalgama de colectivismos que amenazan a la sociedad más próspera de toda nuestra historia. La diferencia entre la cuña fiscal de una familia sin hijos y otra con dos hijos es de 2,5 puntos porcentuales. Para nuestros políticos, 51euros al mes son capaces de fomentar la natalidad y asegurar el futuro del país, mientras la tasa de paro juvenil (35%) parece pasar a un segundo plano porque hay que luchar por un salario mínimo de 1.300 euros sin tener en cuenta la situación particular de cada empresa.

El Estado español tiene que recaudar entre 1,4 y 2,15 euros por cada euro efectivamente gastado. Esto es dinero que sale de su bolsillo sin destino claro, no hay efecto redistributivo de la renta, y las perspectivas de futuro empeoran para la generación que mejor ha vivido de nuestra historia. La cuña fiscal en España se incrementa año tras año mientras en la OCDE disminuye. Diría que tenemos una clase política visionaria si no fuera porque estamos en plena desaceleración, y con perspectivas negativas y causadas por los mismos errores que la anterior. El país se descompone al mismo ritmo que se aleja del liberalismo conservador. Recuperar la libertad económica es recuperar la prosperidad social. Debemos rebelarnos contra esta suerte de infierno fiscal.