25
jul
Expansión

A lo largo de los últimos días se han conocido varias noticias e informes que reflejan la falta de confianza de diversas instituciones respecto a la evolución de las finanzas públicas de nuestro país. Y la preocupación parece estar bastante extendida, tanto dentro como fuera de España. Sin ánimo de exhaustividad, cabe mencionar la posición de la Comisión Europea frente al déficit español, que ha llevado a la apertura de un procedimiento sancionador que, al margen de cuál sea su resultado final, no ayuda precisamente a reforzar la imagen de nuestra economía en el exterior. Por otra parte, el escepticismo de la Comisión ante las últimas medidas adoptadas por el Gobierno español, en especial la referida al Impuesto de Sociedades, es evidente. Fuera de Europa, el Bank of America ha puesto de manifiesto también su poca confianza en unas medidas que considera muy insuficientes, haciendo referencia de nuevo a la citada reforma del Impuesto de Sociedades; y ha planteado que la situación política del país seguirá siendo complicada, aunque se consiga, finalmente, formar un gobierno razonable; lo que ahora, afortunadamente, parece posible.

Ya dentro de nuestras fronteras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal afirmó el pasado miércoles, en un duro informe, que las finanzas públicas españolas están registrando un progresivo deterioro, que tendrá como efecto el incumplimiento, una vez más, de los objetivos de déficit, que este organismo estima en un 4,1 % del PIB si se cumplen las promesas que el Gobierno ha hecho a Bruselas; y si éstas no pudieran finalmente aplicarse, el déficit ascendería al 4,7% del PIB; es decir, a cerca de 50.000 millones de euros.

Son formas diferentes de decir lo mismo. En el fondo, lo que la Unión Europea, los inversores privados internacionales y la Airef afirman es que España tiene un problema estructural serio en sus finanzas públicas; y que un problema así no se resuelve con medidas temporales, mayores retenciones o cierres anticipados de la caja del Presupuesto. Ninguna duda cabe ya de que la causa principal de un déficit tan elevado no es una caída coyuntural de la actividad. La economía española está creciendo a muy buen ritmo y el sector público se está financiando a tipos de interés muy bajos. Parecen condiciones muy favorables, por tanto, para tratar de equilibrar el presupuesto. Pero estamos muy lejos de conseguirlo. Y lo que los datos sugieren es que el déficit público español tiene su fundamento en la estructura misma de nuestro gasto público y nuestro sistema fiscal.

Si se analizan los cálculos de la Airef, se observa que todas las administraciones –con la única excepción de las entidades locales– cerrarán sus cuentas con déficit. La mayor desviación con respecto a las previsiones del Gobierno se registra en la Seguridad Social, que tendrá un gasto superior a sus ingresos de 17.000 millones de euros. Lo más preocupante de este dato es que, dadas las previsiones de ingresos y gastos, la Seguridad Social va a tener muy difícil cuadrar sus cuentas también en el futuro. En otras palabras, que su déficit tiene mucho de estructural y que previsiblemente sólo se podrá cubrir con ingresos obtenidos vía impuestos; y esto implicará, bien una mayor presión fiscal, bien la reducción de algunas partidas del gasto público. Un déficit de esta dimensión en estas circunstancias indica que, en el largo plazo, la Hacienda española sólo podrá volver al equilibrio si introduce cambios importantes en el gasto público y el sistema fiscal. Subir los impuestos sin tocar a fondo el sistema fiscal es, sin duda, la solución más fá- cil; pero también la menos recomendable en estos momentos. Reformar el sector público es necesario; pero, sin duda, más difícil. Y, para lograrlo, haría falta un gobierno que estuviera dispuesto a soportar el coste político –y, seguramente, electoral– que tal medida implicaría.

Descontrol administrativo

En los mismos días que conocíamos las noticias sobre las dificultades para resolver el problema del déficit, el Tribunal de Cuentas publicaba un informe que ha sacado a la luz la realidad de las muy numerosas empresas públicas municipales que existen en nuestro país. Los datos indican que un 10% de estas empresas no sirven para nada, ya que no registran ningún tipo de actividad; y más del 30% acumulan pérdidas. No es ésta, sin duda, la causa principal de nuestro elevado déficit público. Pero es una muestra más del descontrol que existe en las administraciones españolas, al que en algún momento habría que poner freno.

Ante este panorama, hay que concluir que el pesimismo generalizado con respecto a las cuentas del sector público español, que hemos observado estos días, está plenamente justificado. Si poner en marcha las reformas necesarias es difícil para cualquier Ejecutivo, más complicado será aún para un gobierno sin un fuerte apoyo parlamentario… En especial si, previamente, ha tenido mayoría absoluta durante cuatro años y no ha abordado los problemas estructurales de la Hacienda pública


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