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Periodicos del Grupo Vocento

Las políticas públicas afectan a la renta disponible para el consumo. La equidad tiene que ver más con dejarse guiar por el deber o la conciencia, que con una justicia igualitaria. Siguiendo la metodología del Instituto Nacional de Estadística (INE) a la hora de analizar la distribución salarial en 2012, encontramos que los trabajadores españoles se reparten en tres tramos según sus salarios brutos mensuales: 1º Zona baja (menos de 1.216 euros): constituido por el 30% de los asalariados, integra a 4.290.120 personas. 2º Zona intermedia (entre 1.216 y 2.095 euros): engloba al 40% de los asalariados, en total 5.720.160 personas. 3º Zona salarial alta (más de 2.095 euros): en este tramo se encuentra el 30% de la población asalariada, es decir, 4.290.120 personas. Al aplicar esa distribución a cada una de las Comunidades autónomas (CCAA), se observa una equidad desigual.

Tomando el consumo por criterio, esto es, la renta disponible para el consumo después de pagar los impuestos, también se puede realizar una clasificación similar. Así, el INE calcula cuánto consume una persona según el tramo descrito en el que se encuentra. El siguiente paso sería trasladar estos datos a cada región. Como es lógico, las CCAA más pobres cuentan con un mayor porcentaje en la primera franja, pero eso puede cambiar con el reparto de los ingresos. Por su parte, las comunidades que mejor lo hacen son las que consiguen reducir el número de ‘pobres’ sin perjudicar a los ‘ricos’.

También las diferencias entre los tramos bajos, medios y altos en términos de ingresos y consumo  resulta reveladora. Así, un valor alto en el tramo inferior supone que, tras pagar los impuestos, la Comunidad ha generado más pobreza. Por el contrario, un aumento en la zona intermedia y alta implica que la región ha conseguido trasvasar fondos a la zona baja, lo que facilita que una buena parte de la población se incorpore a los escalones superiores.

El ejemplo más evidente es Navarra, donde un 10,6% de su población consigue pasar del tramo inferior a la zona media, mientras que la zona alta aumenta en 8 puntos. Esa misma tendencia, aunque no de manera tan evidente, es la que se observa en Madrid (reduce el porcentaje de personas con menor salario en 5,2 puntos), Galicia (4,8) Cataluña (4 puntos), la Comunidad Valenciana (3,3 puntos) y Castilla y León (0,4). Una variante la constituyen aquellas regiones como Baleares, Asturias, País Vasco y La Rioja donde se reduce tanto la franja inferior como la intermedia. A éstas solo podría objetarse que ponen más empeño en mejorar la situación de la clase media que la de los que más lo necesitan. Y la gran excepción es Cantabria, quien reduce las rentas bajas atacando a las altas. No en vano, esta región acaba de rebajar los tipos inferiores del IRPF a costa de incrementar los superiores, lo que podría expulsar a los contribuyentes más ‘rentables’ y reducir la recaudación.

Sin embargo, el dato preocupante corresponde a aquellas comunidades que siguen el patrón contrario, es decir, donde tras el reparto de impuestos el número de ‘pobres’ aumenta. Es el caso de Castilla-La Mancha (sube en 16,1puntos), Canarias (9,4 puntos), Extremadura (6,9), Andalucía (2,6), Aragón (2,2), yMurcia (2,1).

Es paradójico que las CCAA que más recursos reciben sean las creadoras del mayor número de ‘pobres’, pero no resulta extraño si se examinan las ayudas con detalle.

Gran parte de estas ayudas se concentran en quienes ya parten de un determinado nivel adquisitivo. Es el caso de los fondos para la agricultura que benefician a los grandes terratenientes o las ayudas para comprar casa y VPO (y no al alquiler) o el Plan Renove. Al final, se trata de una transferencia de fondos de las clases altas de una región a las clases altas de otra, por lo que no cumplen una función niveladora. Cuando el dinero lo ponen otros su fiscalización no despierta interés. Esto se refuerza, además, con el sistema clientelar de contratación que se sigue en algunas regiones que acaba expulsando de la economía a quienes no tienen acceso al entramado autonómico y debilita las políticas para combatir la pobreza. Es una mera igualación por abajo, convirtiendo en más pobres a todos, a la par que la riqueza se concentra en unos pocos. Aragón es quizá un caso curioso porque las políticas debilitan a la clase media, mientras que el número de ‘pobres’ y ‘ricos’ crece. Es decir, se amplía la brecha a costa de destruir a quienes aportan una mayor cohesión social.

 

 

 


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