El flamante nuevo Gobierno de “progreso” de Pedro Sánchez ha comenzado su andadura haciendo lo que para todos era evidente: socavar la libertad e igualdad ante la ley de los españoles y dinamitar las instituciones del Estado en su legitimidad y funcionamiento. Ahora bien, esta muerte ya estaba anunciada en todas las crónicas, al menos para quienes defendemos la unidad de España, la libertad y el Estado de derecho, inclusive, por supuesto, un nada desdeñable contingente de exvotantes socialistas. Y cito el prefijo «ex» por un voto de confianza a estas personas que, por engaño o costumbre (o por la costumbre del engaño), depositaron en las urnas la papeleta de un PSOE irreconocible.
En tan solo una semana, este Gobierno multicolor se ha movido eminentemente entre la fiscalidad y los fiscales. Todo ello tras la tragicómica toma de posesión de los integrantes del Consejo de Ministras. “Mi reino por una cartera”, pensaría más de un afamado republicano, ejercitando el arte de la paradoja, mientras prometía lealtad al rey. Ironías del destino.
En lo que a fiscalidad se refiere, nada nuevo bajo el sol. La ministra Montero, quien en verano abogaba por acabar con el “mantra de pensar que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, ha vuelto a la carga afirmando que “pagar impuestos es una garantía para las sociedades desarrolladas”. Quizá, si tiende la vista hacia el otro lado del Atlántico, pueda observar cómo la economía más boyante de los siglos XX y XXI goza de una fiscalidad irrisoria en comparación con la patria. Sin embargo, obviando a la indocumentada en cuestión, se constata que la máxima de este Gobierno de izquierdas consiste en un tsunami tributario que arrolle a las clases altas. O eso alegan ellos, pues conviene recordar aquí que la izquierda redistributiva es también experta en perjudicar todo aquello que asegura defender. En este caso, al trabajador de a pie, a las clases medias, a ustedes y a mí. Este hachazo fiscal lo sufriremos todos, y ni que decir tiene, la economía española. Todo ello, no obstante, a la espera de ver la capacidad negociadora de este Ejecutivo, hasta ahora brillante, no cabe duda —hasta que se quede sin instituciones, libertades o país que ceder, conceder o regalar—, pues de ella dependerá la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. De lo contrario, los de Montoro de 2018 seguirán vigentes y, reales decretos mediante, el afán confiscatorio de la izquierda española se verá frenado.
En cuanto a los fiscales, por un lado, está la intención del Gobierno de nombrar a Dolores Delgado nueva fiscal general del Estado y, por otro, se hallan los fiscales, quienes han expresado su malestar y disconformidad ante semejante atropello. Y es que la propuesta de una exministra de Justicia para este cargo contraviene las notas de legalidad e imparcialidad que establece el artículo 124.2. de la Constitución, así como el artículo 59 del Estatuto Fiscal, el cual dispone que no podrán ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan a partidos políticos. Todo ello confirma la politización de una institución cuyos integrantes hacen bien en levantar la voz. Su celo en la defensa de la legalidad, sin auspiciar intereses partidistas, resulta encomiable.En definitiva, el Gobierno de coalición ha comenzado por un ataque previsible, pero no por ello menos dañino, a dos pilares fundamentales. De un lado, a una de las bases de la libertad individual, la económica, a través de una fiscalidad avasalladora; y, de otro, al Ministerio Fiscal, uno de los puntales del Estado de derecho.
A la vista de estos movimientos, conviene clamar por una España donde las instituciones públicas velen por el mantenimiento y funcionamiento del Estado de derecho y, sobre todo, por la protección de sus ciudadanos. Urge defender una España en la que, como señalaba Lord Acton, la libertad (que no los impuestos) sea el verdadero fruto de una civilización madura.
