11
may
Panam Post

Como era de esperar, con el levantamiento del confinamiento, así como las medidas de distanciamiento social que aplicaba el Gobierno tras la declaración del estado de alarma, los comercios siguen preguntándose sobre la situación que van a tener que afrontar tras la apertura de sus negocios, en un escenario repleto de incógnitas sobre las herramientas de adaptación que ofreció el Gobierno. Y es que, en un escenario en el que no se han aclarado ni las directrices a seguir de aquellas empresas que se encuentran en situación de ERTE, los empresarios posponen la apertura hasta que la coyuntura, así como el Gobierno, ofrezcan un poco de claridad sobre el asunto.

Y es que, como decía al inicio, con la llegada de la fase 1, mientras muchos ciudadanos despertaban con la ilusión en los ojos de ver sus restaurantes, así como muchos comercios, abiertos tras la declaración del Gobierno, la realidad era bien distinta. Tan distinta que muchos empresarios, especialmente del gremio de la hostelería, no han abierto sus comercios como rechazo a un Gobierno que se muestra incapaz de expresar con claridad las decisiones que está adoptando, así como la resolución de unas herramientas que, ante el nuevo escenario, siguen siendo una variable a despejar.

Como dijimos, la economía española se encuentra en una difícil situación. Con un tejido productivo tan pequeño, las empresas españolas se muestran preocupadas sobre cuál será su situación tras la reapertura y la vuelta a lo que desde el Gobierno denominaron como “nueva normalidad”. Una nueva normalidad que presenta muchas dudas, para un tejido productivo que sigue a la espera de ver cómo adaptar sus estructuras de costes fijos a un potencial de ingresos que, ante el shock de oferta que presenta la economía española, amenazan con no superar lo que los economistas denominamos como “umbral de rentabilidad”.

En este sentido, el confinamiento lleva aplicado en España más de 57 días. Para ser más exactos, la economía española se encuentra en estado de alarma, bajo los efectos del shock de oferta, más de 59 días. 59 días que dejan atrás esa caja media que presentan las empresas españolas. 57 días que muestran los días que una empresa en España, de media, puede aguantar el pago de costes fijos sin percibir ingresos. Una caja media que, si tenemos en cuenta los ERTE y las ayudas del Estado, aquellas que no lo han ampliado mediante la contratación de liquidez, vía créditos ICO, han podido hacerlo a través del descargo que supone que el Estado se encargue del pago de la prestación.

Sin embargo, pese a que podamos alargar la caja media de las empresas españolas unos días más, las previsiones arrojan un pesimismo sobre el consumo, así como sobre las medidas de distanciamiento social que, ante la publicación de algunas estadísticas que arrojan algo más de luz sobre este asunto, el escenario se muestra muy complicado para estos empresarios. Unos empresarios que, recordemos, se componen, en un 99,88 % del tejido productivo del país, por pequeños y medianos empresarios. En otras palabras, un elenco de pymes que, como vemos, representan cerca de la totalidad del tejido empresarial; a lo que debemos sumarle el que hablamos de empresas que en un 89 % del total del tejido empresarial, posee unos recursos limitados, así como una plantilla que oscila entre uno y diez trabajadores.

En este sentido, el Gobierno de España debe comenzar a actuar con la transparencia necesaria que necesitan las empresas para operar. Es un completo engaño el hacer abrir a unos empresarios hosteleros que, ante las pérdidas que le ha dejado la mala situación que ha presentado la Semana Santa durante este año, pretendían abrir con un potencial de ingresos del 25 %. Y sí, un 25 % si contamos con que, pese a que el Gobierno ampliase al 50 % el espacio permitido, estamos hablando del espacio exterior, pues el interior debe permanecer cerrado hasta nuevo aviso. En este sentido, un potencial de ingresos que, y en el mejor de los casos, no ofrece ni garantías para cubrir los costes fijos en su totalidad.

La transparencia en estos asuntos es clave y fundamental. Los empresarios deben saber en todo momento cómo deben actuar a la hora de incorporarse a la nueva normalidad, conociendo todas las repercusiones que la reapertura, de estar inmerso en un ERTE, le puede causar. En este sentido, medidas como la incorporación gradual, las ayudas, así como todas aquellas herramientas que permitan la adaptación a la nueva coyuntura, en un escenario en el que la incertidumbre y la confianza, tanto de inversores como consumidores, está por los suelos; máxime en un escenario en el que la apertura, de no flexibilizar medidas como la de los despidos, puede llevarnos a la quiebra de empresas, perdiendo así capacidad productiva.

La situación para las empresas españolas es bastante delicada. Pese al escaso endeudamiento que han presentado estas a la hora de darse la pandemia, hablamos de un conjunto de empresas que, en la proporción correspondiente al cómputo total de liquidez de las empresas en Europa, presenta una liquidez del 3 %. Es decir, en un cómputo en el que se contabiliza la liquidez de las empresas europeas, repartiéndose en un porcentaje a los países europeos, las empresas españolas quedan a la cola de liquidez, con un 3 % de la liquidez empresarial europea. Si cogemos estos datos y contrastamos con homólogos como Francia, estamos hablando de un 20 % en su caso.

En resumen, hablamos de un escenario complicado en el que el papel del Gobierno es clave para solventar la situación. Y ya no hablo de intervencionismo y respuestas fiscales, sino de ejercicio de transparencia y rigor en las medidas que tratan de ayudar a las empresas a paliar la situación y mediar con los efectos provocados por la misma. Unos efectos que están acabando con la paciencia, así como —mucho peor— con la liquidez de unos empresarios que siguen confusos ante la actuación gubernamental. En España nos jugamos mucho como para seguir añadiendo incógnitas a unos empresarios con los que el Gobierno, desgraciadamente, no se entiende (o no quiere entenderse).


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