De la polémica de las agencias de rating y el Ayuntamiento de Madrid se ha destacado muy poco la decisión del municipio de no endeudarse más. La deuda consiste en gastarse hoy los ingresos de mañana. Una deuda pública grande suele ser garantía de futuras subidas de impuestos. No es nada virtuosa la situación en que Gallardón dejó la ciudad y en cambio ha sido muy poco reconocida la tarea de hormiguita de Ana Botella para mitigarla. En 2014, su gestión redujo la deuda en más de un 15%, situándola en 5.936 millones. Es un porrón de dinero, pero ha bajado a niveles de 2007.

Que el Gobierno de Manuela Carmena se comprometa a desarrollar su programa sin incurrir en nuevo endeudamiento supone fijarse una restricción importante. El concejal Carlos Sánchez me dice: «Jamás diferiremos la carga impositiva necesaria para financiar las políticas que decidamos utilizar. Esa y no otra es la burda maniobra utilizada por quienes han hecho de la deuda el instrumento para hurtar al conocimiento general el coste de los servicios públicos».

No se puede discrepar con alguien que quiere gestionar un presupuesto equilibrado, sin endeudarse y asumiendo el coste político de subir los impuestos si desea gastar más. El episodio de la no renovación del contrato con las agencias de rating, con sus conversaciones filtradas y radiadas, ha sido tan convenientemente envuelto en demagogia que es muy difícil ver que en el fondo supone asumir un estricto rigor. No endeudarse es una restricción tan potente que es difícil creer que Carmena y Sánchez vayan a cumplir su palabra. Si lo logran, sin burlar o cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP), merecerían gobernar España. Aunque lo más probable es que el cortoplacismo político se imponga.

El Ayuntamiento de Madrid, como sucede con otras instituciones y con un tercio de las empresas del Ibex 35 que no están legalmente obligadas, puede vivir sin las agencias de calificación. Si el PP las contrató fue porque pensaba endeudar la ciudad hasta los topes al menor precio.

Daniel Lacalle ha subrayado que prescindir de la calificación puede suponer 70 millones de sobrecoste en futuras renegociaciones, pero el concejal Sánchez asegura que no habrá tales refinanciaciones.

La situación en Madrid se ha vuelto virtuosa por dos razones: una es la denostada Ley de Estabilidad, que ha funcionado bien a la hora de reequilibrar las cuentas municipales (lo que no ha ocurrido en las comunidades autónomas). De hecho, Sánchez acaba de destinar un superávit de 365 millones a amortizar deuda en forma anticipada. La otra es la fuerte subida del IBI que Montoro decretó en 2011. Este impuesto es eficaz, casi no sufre evasión y los expertos piensan que a los tipos actuales ya está recaudando en exceso. Esto fue lo que llevó al socialistaAntonio Miguel Carmona a presionar por una bajada, cuestión que convirtió en su bandera y que el gobierno municipal ha anunciado para 2016, salvo para las grandes empresas.