21
jul

Dicen que cuando el dedo señala al cielo, el tonto mira al dedo. Tendrá sus razones, seguramente, pero el debate de estos días sobre el transfuguismo parece un intento de asegurar que sigamos mirando al dedo y no a lo que señala.

Se nos plantea, y no por primera vez, que es ilegítimo que una persona elegida en las listas de un partido decida luego cambiar de formación por cualquier motivo. Se nos hace ver que esos votos no pertenecen a la persona, sino al partido, al que realmente votaron los electores. Que si se va, debería devolver el acta a su propietario. Y lo dicen todos los partidos, asintiendo a la vez.

Lo que no explican es por qué puede suceder algo así, y por qué no pueden impedirlo por ley. Muy sencillo: porque el problema que ataca a la democracia y al espíritu de la Constitución no es el tránsfuga, sino el funcionamiento de los partidos.

La Constitución insiste en que lo que se elige no es un partido, sino un conjunto de personas: estas representan al electorado, votan en su nombre, y el partido no puede limitarlo. El Tribunal Constitucional lo ha ratificado, precisamente porque las formaciones políticas han querido imponer la disciplina obligatoria de voto, o que esos electos hagan obligatoriamente lo que decide la dirección del partido, al margen de su propio criterio y conciencia.

La Constitución dice que los partidos son “instrumento fundamental de la participación política”. “Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos”. Y más adelante, vuelve a recalcar que el voto de un electo a Congreso y Senado es “personal e intransferible”. Si entramos en la ley orgánica de partidos políticos, veremos aún más aspectos interesantes, pero el resumen podría formularse así: los partidos son instrumentos que usan las personas para participar en el proceso político, para solicitar y recibir el voto de sus conciudadanos, y los electos actúan en delegación de estos en las instituciones. No “en delegación de su partido”, sino de sus electores.

El problema no reside en que un electo pueda ignorar las instrucciones de voto de su partido (eso pasa en todo régimen democrático representativo) sino en que se hayan creado unas circunstancias en las que eso parece ilegítimo, y en que tengamos pocas posibilidades de cambiarlas.

Los partidos tienen razón en que los ciudadanos, en su inmensa mayoría, no votan al candidato sino a las siglas. Es cierto que parte del prestigio de estas viene de algunas de las personas que las respaldan, pero, en el mundo en que vivimos, cada vez más, el partido se ve como una proyección de las ideas de un pequeño grupo de personas (los que salen en la tele), y no como un colectivo de individuos con criterio propio. Quienes caben en el foco de las cámaras no son tantos, y los “hiperliderazgos” están de moda. Pero todo eso no pasa de simples excusas.

Los partidos españoles (y esto incluye a catalanes y vascos) tienden a crear mecanismos de participación interna y de designación de candidatos que ponen casi todo el peso de la decisión en manos de su dirección; llamar “democráticos” a la mayoría resulta tan ajustado como llamárselo a Alemania del Este. Los incentivos de estas direcciones apuntan todos en la misma dirección: el control de los mecanismos de designación para listas y cargos permite a los equipos directivos asegurar su propia supervivencia, y plegarse a ese control permite acceder, no solo a dichos cargos, sino a los puestos que los partidos reparten en las administraciones. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta del efecto de estos incentivos, a largo plazo, en la galería de candidatos. Basta con mirar, porque ya estamos en ese punto.


Hay candidatos cuya cualificación se reduce a una historia de lealtad, afinidad o falta de conflictividad


Pero, como ya vimos, las características del candidato a un cargo electo (más allá de los pocos puestos clave) no revisten importancia, porque el electorado no las llega a conocer ni las aprecia, y así, encontramos candidatos cuya cualificación se reduce a una historia de lealtad, afinidad, o al menos de falta de conflictividad con la dirección del partido. La función de estas personas, una vez convertidas en cargo electo, consiste más en hacer de correa de transmisión que en aportar un punto de vista propio. Entre otras cosas, porque una persona que tiene y ejerce criterio acaba adquiriendo peso político, y eso causa problemas a las direcciones de los partidos; pero también porque, con demasiada frecuencia, ni siquiera lo tienen, ya que se tratan de simples criaturas de partido, sin cualificación para la tarea que desempeñan.

La suma de estos factores nos lleva a la situación actual, en la que, efectivamente, votamos a siglas (porque no tenemos oportunidad de hacerlo a personas con historia y credenciales visibles, en listas abiertas), en la que no se espera de los electos ejerzan su propio criterio en nada crítico (no están ni se les selecciona para eso), y en la que la lealtad al partido, y no a los electores o al bien común, constituye la norma (porque sin ella no se sale en la foto). 

Todo esto es la luna a la que señala cada tránsfuga cuando salta la barrera y sale corriendo. Todo esto son problemas graves de nuestra democracia que necesitan corregirse y que los partidos conocen: hace dos legislaturas, PSOE, Cs y Podemos aprobaron, en la Comisión de Calidad Democrática, 75 recomendaciones para la reforma de la ley de partidos y de su financiación, a fin de hacerlos más limpios y democráticos; sacar sus tentáculos de las administraciones ya competía a otra ley. Pero ni esos partidos ni los demás parecen interesados en llevar esas reformas adelante cuando no están en la oposición, ni en aplicarlas a sus estructuras internas.

Sí, el dedo resulta curioso. El transfuguismo complica el sistema que han montado las direcciones de los partidos para abusar de nuestra democracia. Por tanto, el problema no radica en el transfuguismo, sino en el sistema. Que no nos tomen por tontos.


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