09
feb
ABC

El adiós del Reino Unido debería llevarnos a reflexionar sobre los errores que hayamos podido cometer los europeos para dar lugar a la marcha de un socio de tanta e importancia. Se va, no solo por disconformidad con la situación actual de la Unión Europea sino porque una mayoría de su pueblo rechaza el futuro del proyecto europeo. Los padres fundadores de la Unión Europea, Adenauer, Schuman y De Gásperi, inspirados por la visión de Jean Monnet, buscaron aplicar un remedio definitivo a la secular guerra civil europea. Todos los intentos de unificar a Europa por la fuerza habían fracasado. El emperador Carlos V no pudo con las armas evitar la división traída por la Reforma protestante. Luís XIV arruinó la monarquía en su intento de crear un continente francés. Napoleón fracasó en su ambición de conquistar los reinos europeos desde el Atlántico hasta los Urales. Alemania buscó imponer su predominio en dos guerras mundiales. Fue la sangrienta lección del siglo XX la que llevó a esos padres fundadores a seguir otro camino hacia la paz de la península euroasiática: el camino de la economía. Al crear la Comunidad Económica Europea en Roma en 1957, buscaron alcanzar la concordia por la vía funcional de la libre circulación de bienes, capitales y personas. El proyecto era ingenioso por su aparente modestia, pero incluía un deseo más ambicioso: el de establecer los fundamentos de una «unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos». Sin decirlo, el objetivo era conseguir, con el paso de los años, una unión política.

Ya estaban presentes, pues, en Roma las semillas de la mutación de la CEE en una estructura de imposición política. Desde el principio eran muchas las limitaciones al libre comercio por razones políticas o fiscales, en especial la política agraria comunitaria y el arancel exterior. Un espíritu centralizador fue avanzando por la espontánea vía del comercio, sobre todo durante la larga presidencia de la Comisión de Jacques Delors. La ilusión era que, con el cambio de nombre a «Unión Europea» con la asunción de crecientes poderes por la Comisión, el Tribunal, y el Parlamento; con la creación del «mercado único» con la ampliación hacia el Este a países antes gobernados por la URSS; con el lanzamiento del euro y el Banco Central: fuera apareciendo un sentimiento nacional europeo, que podría culminar en una unión política. Sin embargo, pronto empezaron a notarse los efectos de un exceso de precipitación, si cabe llamar así lo que fueron errores de dirección. El primer aviso fue la resistencia a integrarse en el euro de al menos cinco miembros que cumplían las condiciones de entrada; el segundo aviso fue el rechazo de una Constitución Europea por sendos referendos en dos países fundadores; el tercero, las crisis monetarias griega y chipriota.

Los europeos continentales no supimos ver que la mayoría de los británicos no comulgaban con la idea de un Estado europeo al estilo de los Estados Unidos de América. Hemos subvalorado el aprecio que sienten por su Constitución. La Monarquía como símbolo nacional, el Parlamento como sede de la soberanía, y los Tribunales como poder independiente son algo a lo que no quieren renunciar. Otras naciones de Europa, Holanda, Bélgica, y los países escandinavos son también monarquías democráticas antiguas. Sin embargo, la historia de otras naciones europeas muestra tintes menos amables, no estamos para dar lecciones de democracia al Reino Unido. El Parlamento Europeo, itinerante de Bruselas a Estrasburgo, parece a muchos británicos la fantasía de una novela de Mary Shelley. La Comisión es un ejecutivo inelecto que monopoliza la facultad de presentar proyectos de ley. Y la Corte de Justicia se inclina en sus decisiones por los intereses de la Unión.

La negativa de los europeos a ratificar el Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre EE.UU. y la UE es una muestra de lo que ha llevado al Reino Unido a querer separarse. Defensor activo que fui de esta mutua apertura entre las dos grandes potencias comerciales del mundo, siempre he lamentado que los europeos no aprovecháramos la buena disposición del presidente Obama a firmarlo. Ese rechazo es típico de la actitud proteccionista de la UE. Los enemigos de la globalización, los verdes, los sindicatos y otros enamorados de nuestra manía regulatoria se opusieron rabiosamente a ese acuerdo. Ahora el presidente es Donald Trump. El primer ministro Boris Johnson acaba de reafirmarse inequívocamente a favor de un comercio internacional más libre en su discurso del Colegio Naval de Greenwich. Quizá él pueda conseguir para el Reino Unido lo que los europeos perdimos con el TTIP.

Boris Johnson ha anunciado ya que, en la negociación con la UE, se negará a aceptar la imposición in aeternum de las reglamentaciones europeas actuales o futuras. El mutuo reconocimiento de normas reglamentarias sería una práctica más acorde con el libre comercio que la imposición de las reglas laborales, sanitarias, fiscales, financieras europeas al Reino Unido. Cuando se trata de sociedades civilizadas, más sencillo es dar por buenas las reglas de la otra parte. Eso daría lugar a una bienvenida competencia, que disciplinaría los afanes intervencionistas de unos y otros. Se habla airadamente de «dumping social», cuando toda idea de «dumping» debería desaparecer del comercio internacional.

Muchos son los que vaticinan grandes pérdidas económicas para el Reino Unido tras separarse de la UE. Sin duda habrá un cambio de su estructura económica al dificultarse sus exportaciones a Europa. Si los británicos no caen en la tentación de aplicar la Ley del Talión, habrá sectores que decaigan y otros que florezcan. La City no está a punto de ser sustituida por la Bolsa de Madrid. Incluso la producción de vehículos puede prosperar con el cambio a propulsión eléctrica. La liberalización comercial siempre tiene efectos sorprendentes. Es la UE la que tiene que cuidarse de no quedar obsoleta con la marcha de su socio más inconforme.


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