La Agencia Tributaria se ha convertido en una institución absolutamente corrompida por la casta política. Una prueba de ello es el caso ‘Equipo económico’: se trata de un despacho especializado en tráfico de influencias -supuestamente relacionado con el ministro de Hacienda-, que a cambio de la preceptiva minuta ha asesorado a grandes empresas y clientes VIP en materia tributaria.

Existen otros muchos casos de corrupción cometidos supuestamente por los dirigentes políticos que mal gestionan Hacienda. Por ejemplo: Abengoa, Codere Cámaras de Comercio, Infanta Cristina, Aministía Fiscal (recientemente anulada por el Tribunal Constitucional), etc.

No obstante, la corrupción de Hacienda no sorprende a la opinión pública. Porque la sociedad española es consciente de que la corrupción está institucionalizada en todas las áreas de nuestra Administración Pública.

Por el contrario, el hecho que ha sorprendido a los españoles es que el Ministerio de Hacienda se haya intentado erigir en una institución moralizante que vela por la responsabilidad, en este caso de índole fiscal, de los españoles.

El régimen del terror fiscal

La realidad es que la Agencia Tributaria ha sido la administración encargada de diseñar y desarrollar el régimen del terror fiscal instaurado en España. Un régimen cuyo máximo exponente es ‘el día de la liberación fiscal’, que es el 28 de junio. Esta fatídica fecha conmemora que los españoles trabajan 6 meses al año únicamente para pagar impuestos.

En otras palabras, el Estado confisca a cada español el producto de su trabajo durante medio año para sostener un sistema político corrupto, en el que una cleptocracia extractiva se dedica a repartir subvenciones improductivas entre sus redes clientelares.

Destruye el Estado de Derecho

Además, Hacienda se ha configurado como una administración contraria a la democracia. De hecho, esta institución ha sobrepasado los límites de nuestro Estado de Derecho en multitud de ocasiones, convirtiendo a España en un país carente de seguridad jurídica. Y, por ende, privando a los españoles de las mínimas garantías legales.

La Agencia Tributaria ha filtrado de forma ilegal las declaraciones de determinados políticos, al objeto de desprestigiarlos socialmente y desterrarlos de la vida pública. Algunas de estas filtraciones se han producido incluso días antes de la celebración de unas elecciones, con la evidente inteción de influir en ellas.

Igualmente, Hacienda ha acusado de cometer delitos fiscales, a través de los medios subvencionados y sin respetar el principio de presunción de inocencia, a deportistas de élite, actores, profesionales de reconocido prestigio, etc. Todo ello, al objeto de posicionarlos ante la opinión pública como referentes fiscales (también llamados cabezas de turco»).

También se ha tratado de forma fiscalmente desigual a los sujetos tributarios, en función del estatus o el interés político. Tanto es así, que la Agencia Tributaria avisó a Monedero, uno de los fundadores de Podemos, de que tenía aproximadamente 500.000 euros procedentes de Venezuela sin declarar.

Sin embargo, cualquier ciudadano es penalizado por Hacienda si se equivoca mínimamente en su declaración. Incluso, es expedientado injustamente en virtud de las modificaciones que se producen cada año respecto a la interpretación de las leyes tributarias.

De todas formas, la corrupción fiscal fue engendrada por nuestra Constitución, manifestándose en todo su esplendor en el ámbito autonómico. Debido a que nuestra Carta Magna determina que Navarra y El País Vasco posean determinados privilegios fiscales, en base al Régimen Foral en el que están incluidas estas autonomías, y basados en la adquisición de unos supuestos derechos históricos que también deberían tener el resto de autonomías.

Una corriente social

Sea como fuere, el terror fiscal se ha convertido en una potente corriente social, que es apoyada con auténtica veneración por todos aquellos ciudadanos cuyos puestos de trabajo están subvencionados por el Estado. Es decir, por políticos, asesores políticos, empleados públicos enchufados por los partidos políticos en la Administración, sindicalistas, etc.

Es evidente que todos estos colectivos necesitan que las familias de clase media, las pymes y los autónomos españoles sigan esclavizados fiscalmente para poder sostener económicamente a este parasitario sistema del que ellos viven muy bien.