En 1993, Milton Friedman escribió un célebre ensayo, Por qué el Gobierno es el problema. Su planteamiento tiene una actualidad extraordinaria en un mundo, el occidental, que ha vuelto a mirar a los poderes públicos como el agente que ha de solventar sus dificultades ante la ceguera social del mercado. Con independencia de lo paradójico de esa afirmación, dado el alto nivel de gasto público, impuestos y regulaciones vigentes en los países de la OCDE, la tesis tiene una singular relevancia en el caso español, en el que el fundamento de la política económica en curso se traduce en una expansión de la esfera de actuación del sector público en la sociedad y en la economía. Esto resulta paradójico cuando las principales preocupaciones de los españoles (la educación, la vivienda o las pensiones, por citar ejemplos emblemáticos) se derivan de la gestión gubernamental, autonómica o local.
Uno de nuestros grandes problemas es el deterioro del sistema educativo. Esta es, junto a la sanidad y la protección social, la mayor industria socialista de España con una participación en el PIB del 4 %. El gasto por alumno de esa partida se ha triplicado en los últimos 30 años en términos reales. Sin embargo, el output derivado de esa inversión ha sido decreciente como muestran todos los indicadores disponibles —fracaso escolar, absentismos, etcétera-. Esta situación, con la educación prácticamente monopolizada por el Estado, está claramente producida por el sector público que no ha sido capaz de utilizar los voluminosos recursos recibidos para mejorar los resultados. Al contrario, estos han empeorado. Basta ver los informes de Pisa.
La dificultad de adquirir una vivienda en propiedad y la carestía-escasez de los alquileres es un escándalo en un país con una densidad de población tan baja como la española y, por tanto, con una oferta potencial de suelo muy elevada. La responsabilidad de ese penoso estado de cosas no se debe a un fallo de mercado. Tiene su origen en la restricción del suelo edificable aplicada por quienes poseen la facultad de hacerlo, las autoridades, y también por una legislación de arrendamientos urbanos que resta incentivos para que los propietarios saquen al mercado viviendas. De nuevo esta restricción tiene origen estatal y se acentuará con los controles de los alquileres que ha anunciado el Ejecutivo. La gente tiene una gran preocupación con el futuro de las pensiones, en concreto, con su sostenibilidad financiera. El gasto de ese capítulo supera el 70 % del gasto público total y presenta una imparable tendencia al alza por el envejecimiento de la población. Esto no es la consecuencia de un sistema privatizado de cobertura del retiro sino de uno público, monopolizado por el Gobierno, basado en un modelo que es en la práctica una gigantesca pirámide de Ponzi.
España tiene una elevada tasa de paro juvenil, femenino y de larga duración. Ello se debe a factores múltiples pero sobre todo a uno: la existencia de un salario mínimo interprofesional (SMI) cuyo importe neto, junto a las cuotas a la Seguridad Social, configuran una retribución bruta que dificulta la entrada y permanencia en el mercado laboral de los colectivos antes señalados. El SMI no lo establece el sector privado sino el Gobierno, que además acaba de decidir subir a 900 euros, a lo que hay que añadir un 30% más por el pago de las cotizaciones sociales. Este impuesto sobre el empleo tiene un único responsable: el Ejecutivo.
Hay muchos otros programas y normativas que ilustrarían la hipótesis de que el Gobierno es el problema, no la solución, en acertada frase de Reagan hace más de tres décadas. Sin embargo, nada de lo dicho impugna la evidente necesidad de que el Ejecutivo tiene importantes y valiosas funciones que cumplir. La tragedia es que hace demasiadas cosas que no debería hacer y, además, con un alto grado de ineficiencia. Sus funciones básicas son proteger a los ciudadanos frente a agresiones internas y externas, prevenir la coerción y el fraude, resolver los litigios, garantizar las libertades individuales y, eso sí, mantener una red básica de seguridad para permitir a quienes por las razones que sean carecen de recursos para tener una vida digna.
La lamentable ineficiencia del sistema español de redistribución de las rentas a través de los impuestos y del gasto público se expresa con enorme claridad en la corrección del índice de Gini, esto es, un indicador clásico de desigualdad después de que las políticas redistributivas se hayan aplicado. De acuerdo con los datos de la UE, España es el quinto país “por la cola” en el que esa estrategia es menos eficiente. Gastamos más de la mitad del Presupuesto en combatir la desigualdad con un efecto sobre esa variable irrelevante.
El problema de España no es el mercado, cortocicuitado por múltiples interferencias, sino un aparato estatal que distribuye rentas a quienes no las necesitan, descuida a los necesitados de ayuda del sector público y transfiere riqueza de todos hacia los poderosos grupos de interés cuyos ingresos proceden de la intervención del Estado. Por eso, la estrategia económica gubernamental es mala. Si el PSOE-Podemos quiere combatir los privilegios no ganados con el “sudor de la frente”, lo primero que debería hacer es romper las regulaciones que suministran rentas monopólicas a sectores completos que están al margen de la competencia y cargan sobre los productos y servicios que suministran unos precios muy superiores a lo que existirían en un mercado competitivo. Sobre esa “clase privilegiada” no hay ni una sola medida en el pacto Gobierno-Podemos. España no tiene un exceso de capitalismo competitivo sino una ausencia de él. El Estado es ineficiente en la provisión de bienes y servicios esenciales y lo es aún más en sus políticas sociales. Lejos de corregir esa deriva, incide en ella y busca en el aumento del papel del sector público en la economía y en la sociedad una solución a los problemas que esa estrategia provoca. Un error y un horror.
