La investidura de Mariano Rajoy, todavía muy en el aire, es el primer paso para desbloquear los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, las Cuentas del próximo ejercicio suponen un reto añadido, en cuanto a que Bruselas exige un ajuste estructural por valor de 5.000 millones mientras que los distintos partidos que den su apoyo a la formación del nuevo Gobierno pueden exigir una compensación a cambio de su sí o, incluso, de su abstención. Además, Pedro Sánchez ya advirtió el pasado viernes de que votará no a los Presupuestos “sean los que sean, porque traerán más recortes”, por lo que el PP necesitaría buscar apoyos en otras partes. En esta tesitura, puede existir la tentación de cuadrar el círculo en unas previsiones macroeconómicas demasiado optimistas, que hagan unas previsiones de ingresos irreales o bien que esbocen un escenario en el que los gastos se reducen al mínimo. Por ello, los expertos consultados por EXPANSIÓN reclaman al nuevo ejecutivo unas cuentas públicas austeras y realistas, que minimicen las subidas de impuestos.

Austeridad. Los expertos señalan que el Presupuesto que debe aprobar el Ejecutivo se debe regir por la austeridad, ya que “España no puede resistir una nueva subida de impuestos, que frenaría el frágil crecimiento económico”, señala el economista y director de Inversiones de Tressis Gestión, Daniel Lacalle. Con todo, hay un fuerte debate sobre hasta qué punto es necesario rebajar los gastos, ya que buena parte del ajuste presupuestario puede venir de la mano del incremento de ingresos tributarios derivado del crecimiento económico y de la rebaja de los costes financieros por la caída de la prima de riesgo. Sólo en lo que va de año, España se ha ahorrado 1.500 millones de euros en intereses respecto al escenario esbozado en septiembre del año pasado, y lo mismo podría suceder el próximo ejercicio. Con todo, existe un gran problema: las deberían efectuarlo las comunidades autónomas, en particular sobre los empleados públicos. 

Embridar las autonomías. Los expertos también coinciden, de forma prácticamente mayoritaria, en que el mayor peso del ajuste lo tienen que realizar las comunidades autónomas, que durante los últimos años han incumplido el déficit de forma sistemática. Sólo las CCAA provocaron en 2015 todo el desvío de España respecto al objetivo de déficit. El Ejecutivo no dispone de herramientas ahora mismo para reformar el sistema de financiación autonómica, eso debería ser una reforma clave de la legislatura. Sin embargo, Javier Santacruz, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, señala que sí habría posibilidades de limitar el gasto regional mediante la introducción de condicionalidad en los Fondos de Liquidez Autonómica. “Así, sólo podrían acceder a los fondos quienes acometan reformas para el futuro”, explica. Sin embargo, este plan tiene un problema: que para sacar los Presupuestos adelante es necesario el apoyo de los partidos nacionalistas o del PSOE y, en el caso de este último, quienes más instan al partido a la abstención son precisamente los barones regionales, con la intención de desbloquear nuevos fondos.

Gastos de personal. La otra gran partida que podría sufrir un fuerte ajuste es la de gastos de personal. España es, tras Portugal, el país de la Unión Europea que mejor paga a sus funcionarios en relación a la renta per cápita del país. Además, el número de empleados públicos ya es superior a los niveles previos a la crisis. Todo ello debería cargar de razones una posible rebaja del sueldo de los funcionarios o, al menos, su congelación, según señalan los expertos. El otro motivo es que sería una medida que puede producir rápidamente un cierto ahorro presupuestario.

Simplificación administrativa. Además, los economistas reclaman aprovechar este ajuste de la plantilla para acometer una simplificación de los trámites administrativos, ya que España se sitúa en los últimos puestos de Europa en el ránking Doing Business, del Banco Mundial, que mide la facilidad de las empresas para afrontar la burocracia. “Hace falta trasladar la eficiencia del sector privado al público, con mejor tecnología se pueden hacer las cosas con menos trámites y menos funcionarios”, señala Francisco Vidal, economista jefe de Intermoney. Aunque la reforma de la administración llevará un tiempo, el primer paso puede ser una reducción del gasto que obligue a replantear los distintos niveles.

Alivio de los gastos en desempleo y en intereses de la deuda. Además de estos gastos que se pueden rebajar de forma discrecional, hay otras dos partidas que se pueden reducir también por la propia mejora de la coyuntura económica. En primer lugar, se encuentran los gastos en desempleo, que se reducen a un ritmo del 9,8% en julio. Esta tendencia se mantendrá el próximo año, fruto de que muchos parados encontrarán un empleo y de que muchos otros agotarán sus prestaciones. En segundo lugar, los tipos de interés también han descendido considerablemente en los últimos meses, lo que puede llevar a una rebaja de los costes financieros incluso pese al aumento de la deuda. Cada año se emiten cerca de 240.000 millones de euros en deuda pública (entre nuevas emisiones y renovación del vencimiento); captar esta financiación a los tipos actuales (cercanos al 1%) frente a lo esbozado en el Plan de Estabilidad (1,9%) supondrá un ahorro de más de 2.000 millones de euros.

Apuesta por la inversión y la I+D. El gasto en infraestructuras y en investigación también es otra partida que se puede ajustar de forma relativamente simple. Sin embargo, los economistas recomiendan huir de esta receta, ya que el gasto en inversión se encuentra en niveles mínimos, después de años en los que ha recibido la mayor parte del ajusto. Aunque los efectos de este tipo de políticas muchas veces no se pueden ver en el corto plazo, son clave para apuntalar el crecimiento económico. Además, también sería necesario mantener los incentivos a la internacionalización y al crecimiento de las empresas, que permiten que las empresas ocupen segmentos de mayor valor añadido.

Subidas de impuestos mínimas. Sin embargo también hay voces que destacan que, aunque el mayor peso del ajuste debe hacerse desde el punto de vista de los gastos, los ingresos también pueden jugar un pequeño papel, aliviando los recortes. Entre los principales candidatos al alza tributaria se encuentra el Impuesto de Sociedades, el ITP, Patrimonio y las bonificaciones a la Seguridad Social. El primero es una reclamación de Ciudadanos y del PSOE a la que el PP se podría acomodar fácilmente. Con todo, es muy difícil aumentar los tipos nominales, que ya están entre los más elevados de entre los países desarrollados, por lo que la opción más viable sería aproximar el tipo real al nominal a base de retirar deducciones. En segundo lugar, el Ejecutivo también podría establecer un mínimo regional en el Impuesto de Transmisiones y en el de Patrimonio, con el objetivo de mitigar la competencia fiscal y aumentar los ingresos. Finalmente, las bonificaciones a las cotizaciones sociales se podrían suavizar para cerrar el fuerte déficit de la Seguridad Social.

Un escenario macroeconómico prudente. Por último, los expertos señalan que hay que encarar el desafío presupuestario en términos realistas, y no voluntaristas. Esto es, fijar de antemano el techo de gasto, de acuerdo con una estimación realista del crecimiento del PIB y de los ingresos tributarios y con los objetivos de déficit, y ceñirse a esta cifra. Esta es la única manera de mantener la credibilidad en Bruselas, que ha permitido a España sortear la multa por incumplir el déficit. Hay varias trampas que se podrían hacer, aunque son fácilmente detectables. La primera es un avance desproporcionado de los ingresos. Cabe recordar que la recaudación este año está creciendo mucho menos que lo previsto, y lo mismo sucede con los ingresos de la Seguridad Social. En segundo, un crecimiento moderado de los gastos sin acuerdos reformistas que los justifiquen. Y el tercero, una mejora de otro tipo de datos, como el precio del petróleo, el comercio internacional o los tipos de interés. Además, unas previsiones halagüeñas dejarían poco margen de maniobra en el caso de que el rumbo económico se torciera. Y esto parece bastante posible, debido a que el crecimiento global no ha dejado de enfriarse en los últimos meses y el Brexit supone una nueva amenaza para el próximo año.

Francisco Cabrillo

En opinión del catedrático de la Universidad Complutense Francisco Cabrillo, la opinión de los partidos no es muy determinante, ya que “los presupuestos se acabarán pactando con Bruselas”. Cabrillo señala que el ajuste debe hacerse recortando el gasto, pero “es más posible una subida de impuestos en el ITP y en Patrimonio. La experiencia indica que cuando no hay una mayoría, se posponen las reformas y los gastos aumentan”. En cambio, es necesario “aligerar el sector público y seguir flexibilizando el mercado laboral”.

Daniel Lacalle

Para el director de inversiones de Tressis Gestión, es prioritario que el ajuste se produzca a través de los gastos, porque “una subida de impuestos en una economía tan frágil como la española frenaría la recuperación”. Además, también señala que “para cumplir con Bruselas bastaría con no elevar los niveles de gasto, ya que los ingresos sí están creciendo”. Por último, Lacalle señala que hay varios puntos que podrían unir a los grandes partidos, como “un pacto nacional por la educación, una nueva reforma de las pensiones o un plan de eficiencia en la administración”.

Javier Santacruz

“La reforma de la Administración y del gasto autonómico será clave en esta Legislatura, hace falta una acción más contundente en personal, congelar los sueldos, privatizar algunas empresas y suprimir organismos”, señala Javier Santacruz, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Con todo, hay ciertas medidas que se pueden introducir ya desde los presupuestos. “Hay que introducir condicionalidad en los Fondos de Liquidez Autonómica FLA). Así, sólo podrían acceder a los fondos quienes acometan reformas para el futuro”, explica.

Pedro Schwartz

El profesor de la Universidad San Pablo CEU, Pedro Schwartz, considera que “el Presupuesto necesita volver al equilibrio”, una regla muy clara para que el Estado no desperdicie el dinero. “Hay que pensar en recortes del gasto”, avisa. También cree que si es posible habría que apostar por impulsar nuevas bajadas de impuestos y que las Cuentas Públicas tienen que arreglar la situación de las autonomías, para que el déficit de las comunidades no siga elevando el déficit del Estado. “Habría que crear algún incentivo para que el gasto se controle en las CCAA”, explica el economista