La crisis del COVID no solamente ha creado un desastre sanitario, sino que también ha afectado nuestras economías y estilo de vida. Los confinamientos reiterados, los toques de queda y los cierres de negocios han causado la mayor fase de declive de la economía europea desde la Segunda Guerra Mundial.
Si bien la UE ya ha aceptado su paquete de estímulos más ambicioso para impulsar la recuperación, los gobiernos europeos también han contemplado instrumentos alternativos para reconstruir su economía nacional. El Ingreso Básico Universal (IBU) ha resurgido como la herramienta predilecta de algunos políticos para remodelar la sociedad. De hecho, este modelo financiado con impuestos, a partir del cual el gobierno ofrece un ingreso incondicional a todos los ciudadanos, ha sido considerado por parlamentarios franceses, miembros del Bundestag, la primera ministra escocesa, y hasta el papa.
Entre los crecientes debates en las esferas políticas europeas, España se ha convertido en el primer país que ha dado un paso concreto hacia el IBU. El 29 de mayo de 2020, el gobierno de coalición dirigido por el Partido Socialista (PSOE) y el partido de izquierda Unidas Podemos aprobó un ingreso mínimo garantizado llamado ‘Ingreso Mínimo Vital’ (IMV).
Sin embargo, a pesar de su nombre y de su cobertura mediática, el sistema español no guarda similitud alguna con el concepto del IBU. Son elegibles para el IMV solamente los individuos de bajos recursos que viven solos o los cabezas de familias vulnerables (máximo dos por hogar) que cumplan ciertas condiciones. Por tanto, el sistema contradice el carácter universal del IBU. El beneficiario puede recibir entre €469 y €1.033 al mes, en función de criterios como el patrimonio familiar o los ingresos. Por ejemplo, individuos o miembros de familias con un empleo de escasa remuneración son susceptibles, aun así, de recibir la diferencia entre sus ingresos actuales y el umbral que se aplica a ellos.
Por consiguiente, si bien se supone que el IBU no ha de resultar discriminatorio e incondicional, el IMV español excluye deliberadamente a algunos ciudadanos y está sujeto a una comprobación de recursos, como el Universal Credit inglés o sistemas similares en Europa. A diferencia de un IBU fijo, el importe también varía en función de las condiciones del beneficiario y requiere el cumplimiento de ciertas obligaciones.
El IMV no sustituye las ayudas sociales en España, solamente las complementa
Además, un IBU tiene por objeto asegurar una vida decente para todos, y al mismo tiempo, erradicar todo tipo de ayudas estatales, como las prestaciones de desempleo o de vivienda. Debería también hacer la burocracia estatal más fácil y menos costosa. Este compromiso vuelve presuntamente sostenible al sistema económico, y ofrece a los ciudadanos una autonomía completa sobre sus elecciones de consumo y actividades profesionales. En paralelo, regulaciones de empleo como el salario mínimo tendrían que desaparecer.
No obstante, el IMV no sustituye las ayudas sociales de España; solamente las complementa. De hecho, el cálculo del IMV tiene en cuenta la mayoría de las ayudas, incluso los 17 sistemas regionales de ingreso mínimo ya existentes. Por consiguiente, el país nunca va a experimentar el cambio de estímulos y la liberalización del mercado laboral que un IBU hipotéticamente provocaría.
Mientras que algunos defensores del IBU ven al IMV como un paso prometedor hacia un IBU nacional, otros lo perciben como un instrumento temporal que está a años luz del sistema ideal. Desafortunadamente, la mala representación del IMV español como un ingreso básico universal va a tergiversar aún más el debate sobre el IBU. Se convierta en un fracaso o en un éxito, el experimento español inspirará generalizaciones erróneas que serán utilizadas tanto por los defensores como por los opositores del IBU en el futuro.
Sin embargo, queda por ver cómo este gasto público adicional va a ayudar a impulsar la recuperación económica del que el FMI prevé que se trate del 16º país más endeudado del mundo. Plantea también el interrogante de cómo esta medida va a afectar al mercado laboral del país con la tasa de desempleo juvenil más alta de la UE. La única certeza es que la estrategia de marketing que vendió el IMV como un sucedáneo del IBU ayudó a muchos españoles a aceptar lo que se convertiría simplemente en una capa añadida a su Estado de bienestar.
