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may
OkDiario

La crisis económica propiciada por el Covid-19 y agravada por la mala gestión tanto sanitaria como precautoria en el plano económico por parte del Gobierno de España es ya una realidad inevitable, y sus costes devienen cada día más claros y palpables. Con un déficit estimado cercano a los 120.000 millones de euros para el año 2020, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y cocapitaneado por Pablo Iglesias busca maneras de cubrir los agujeros presupuestarios y fiscales que no cesan de abrirse ante sus ojos.

Para ello, Unidas Podemos, desde el Gobierno, ha propuesto un ‘Impuesto a la Riqueza’, que viene a ser un Impuesto al Patrimonio con esteroides multiplicando sus efectos distorsionadores y su ineficiencia, tanto en el plano fiscal como puramente económico. El Impuesto a la Riqueza, o ‘Tasa Covid’, no respeta el principio de no confiscatoriedad ni tampoco la equidad horizontal y vertical que en un sistema fiscal progresivo ha de caracterizar a todo impuesto. 

En primer lugar, debemos restarle algo de mérito a Iglesias por la mera ocurrencia. Dicho impuesto a la riqueza no ha salido por obra de arte de la oficina económica de Unidas Podemos, sino que viene a ser una réplica barata y mal diseñada del Wealth Tax diseñado por Emmanuel Saez y Gabriel Zucman para la campaña presidencial de Elizabeth Warren, que finalmente no tendrá ningún recorrido. Aún así, observen las diferencias: Warren proponía un impuesto del 2% anual para patrimonios superiores a los 50 millones de dólares y de un 3% para aquellos superiores a los 1.000 millones.

Sin defender la propuesta de Warren, quiero que observen la adaptación de Iglesias de dicha propuesta. El Impuesto a la Riqueza que propone Podemos se estructuraría de la siguiente manera: un 2% del valor total del patrimonio a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones de euros, un 3% para patrimonios superiores a 50 millones de euros y un 3,5% para aquellos por encima de los 100 millones de euros. En todo ello se encuentran exentos los primeros 400.000 euros de la vivienda habitual. 

El argumento básico y falaz esgrimido por parte de los seguidores de Unidas Podemos para defender este impuesto es que «un 2% ó 3% no es nada» y «únicamente lo pagarán los ricos». Veamos cómo ambos argumentos son absolutamente falsos. El Impuesto sobre la Riqueza propuesto por Unidas Podemos supone un fortísimo desincentivo al ahorro y la inversión, a la vez que es un gran incentivo a la fuga de capitales (aunque esta se produjese entre CCAA) y la erosión de la base imponible. En vez de generar riqueza, acabaremos repartiendo la miseria. 

Veamos los datos. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, en España en el año 2017 -últimos datos disponibles al respecto- había cerca de 60.000 contribuyentes con un patrimonio superior a los 1,5 millones de euros. De esos 60.000, 53.245 disponían de un patrimonio neto inferior a los seis millones de euros. Pero eso no es lo más curioso de todo ello, ya que Hacienda muestra en su base de datos que la base imponible de IRPF de dichos contribuyentes del Impuesto de Patrimonio registra una media de 134.500 euros. Nadie niega que 134.500 euros no sea una renta muy elevada, pero en España, el patrimonio generalmente se encuentra compuesto de bienes ilíquidos (sobre todo vivienda) y dicho impuesto obligaría a los ciudadanos españoles a descapitalizarse para poder afrontarlo, lastrando fuertemente el ahorro y la inversión. 

Caso práctico

Pongamos un ejemplo sencillo. Imaginemos un ciudadano español con un patrimonio de 3.400.000 euros (descontamos así los primeros 400.000 euros exentos de la vivienda habitual). Estaría obligado a pagar al año un 2% de tres millones de euros, teniendo una renta de 134.500 euros. Pagaría al año, por Impuesto sobre la Riqueza, en términos nominales, 60.000 euros, todo ello sin contar con lo que debería pagar también en términos de IRPF, impuestos sobre rendimientos del capital, etc. Todo ello muestra el claro carácter confiscatorio del impuesto propuesto por Unidas Podemos. 

Aparte de ser España el único país europeo que mantiene vigente un Impuesto de Patrimonio, su capacidad recaudatoria es absolutamente ridícula en comparación con el efecto distorsionador sobre la economía que este tiene. En el año 2007, con las bolsas mundiales en máximos y el sector inmobiliario con los precios por las nubes, es decir, con patrimonios inflados, el Impuesto de Patrimonio llegó a recaudar escasamente 2.000 millones de euros. Podemos, en plena crisis económica, pretende recaudar 11.000 millones de euros con este impuesto. Y todo ello, sin contar con la elasticidad de la base imponible. 

Cataluña ha sido una de las CCAA que más duramente ha aplicado el Impuesto de Patrimonio. Pues bien, en Cataluña, tras la reimplantación de dicho impuesto en 2011 (a nivel estatal con competencias cedidas a las CCAA), se mostró que un aumento del 1% del IP erosionaba la base imponible de dicho tributo un 32,5% en 4 años. 

En conclusión, lo que necesitamos no es generar un mayor ‘shock’ negativo sobre la inversión, o provocar una fuerte caída de la recaudación en medio una gran crisis económica. Lo que precisa la economía española en estos momentos es una mayor liquidez al tejido empresarial, aplazamiento de ciertos impuestos, y políticas que ayuden a frenar la sangría del desempleo. Es decir, un giro de 180 grados de las políticas económicas de Unidas Podemos.


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