Hay un libro muy curioso titulado El gran circo de la economía (Deusto, 2019) en el que se relatan algunas de las decisiones económicas más extravagantes de la historia. Si su autor, Peter Leeson, se hubiera propuesto escribirlo tras la crisis de la Covid-19, sin lugar a dudas, la política económica del Gobierno de España habría sido la temática de uno de los capítulos, a tenor de las noticias de estos últimos días y del marco macroeconómico presentado recientemente por las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, antes de enviar el Plan de Estabilidad a Bruselas.
Así, las ministras anunciaron, en una rueda de prensa conjunta, que la caída del PIB en 2020 rondaría el 9,2%, mientras que la tasa de desempleo crecerá hasta más del 19%. Este panorama fue denominado por Calviño como una “recuperación en uve asimétrica”, un eufemismo empleado para aclarar que el nivel de actividad de la economía española no se recobrará hasta mediados de 2022, como mínimo. Ante esta situación, tal y como describí en un artículo anterior, el Gobierno ha propuesto una serie de medidas altamente inefectivas, ya que no suponen inyectar liquidez directa a las empresas, la única forma de mantener el potencial productivo de la economía española y, a su vez, tratar de frenar al máximo el fuerte desplome del empleo que ya padece nuestro país.
Esta crisis no la pagarán Los Ricos S.A., sino toda la ciudadanía
Sin duda alguna, el punto más preocupante de toda la estrategia económica del actual Ejecutivo se encuentra en el plan fiscal que han desarrollado desde Unidas Podemos, en concreto, su sector más garzonista. Así, este plan, elaborado por Izquierda Unida, y que lleva por título “Horizonte País”, contempla una decena de fuertes subidas tributarias, aplicables muchas de ellas a todos y cada uno de los españoles. Esta crisis no la pagarán Los Ricos S.A. -como trata de vendernos el vicepresidente segundo del Gobierno-, sino la ciudadanía al completo. Muchas de las medidas propuestas, como el aumento del tipo marginal de IRPF hasta el 47% para las rentas superiores a 100.000 euros anuales y hasta el 55% para las de más de 300.000 euros, o la armonización (al alza) del Impuesto de Sucesiones o Donaciones, junto con un notable incremento del de Sociedades, afectarán indirectamente al conjunto de los españoles, pero otras tantas tendrán también un fuerte efecto directo:
- La eliminación de las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones (actualmente, estas se permiten hasta 8.000 euros al año).
- La creación de un impuesto sobre depósitos bancarios, cuyo tipo mínimo sería del 0,2%, con la posibilidad de que las CC.AA. efectúen recargos adicionales.
- La introducción inmediata de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que, tal y como demostramos a través de este estudio de Fundación Civismo, recaerá principalmente sobre los pequeños ahorradores e inversores.
Si finalmente dichos incrementos fiscales se materializasen de la manera en que se han anunciado, tendrían un fuerte efecto negativo adicional sobre la inversión y el empleo, el cual se sumaría a las ya devastadoras consecuencias de la Covid-19 sobre la economía europea, y la española en particular. Si observamos las variaciones en los componentes del PIB, en la siguiente tabla, vemos que los que más se contraerán en 2020 son la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), con un desplome del -25,5%, y las importaciones y exportaciones, con reducciones del -31% y -27,1%, respectivamente.
Tabla 1. Variaciones interanuales de los componentes del PIB español (%)
Todo ello muestra una tendencia muy grave, ya que la inversión en capital fijo (FBCF) se trata de uno de los principales indicadores para medir las variaciones de potencial productivo de la economía española. Por otro lado, disminuciones tan marcadas de las importaciones y exportaciones testimonian que un amplio grupo de sectores sufrirán especialmente la recesión post Covid-19, ya que el PIB de la economía española depende en un 34% del comercio internacional. Esto, sin embargo, también resultará de gran ayuda en el medio plazo, cuando países miembros de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea (UEM) comiencen a recuperarse vigorosamente.
Por tanto, las políticas públicas centradas en promover un mayor esfuerzo fiscal de los trabajadores, ahorradores e inversores (a la vez que fomentan un mayor endeudamiento, tanto público como privado, simplemente destinado a facilitar el pago de impuestos, y no a mantener el capital productivo, como los avales públicos para créditos bancarios, o créditos del ICO para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales) tendrán un fuerte impacto: desincentivarán la inversión (caso de la Tasa Tobin y del incremento del Impuesto de Sociedades), dificultarán la creación de empleo de calidad (por el aumento del tipo impositivo del IRPF), o disuadirán del ahorro y la inversión a nivel individual (a causa del Impuesto sobre Depósitos y el recargo específico del IBI para segundas residencias). A todo ello se une una más que mejorable gestión del mercado laboral en estos últimos meses, en la que se han implementado políticas nefastas, como la supuesta “prohibición” del despido (descausalización de despidos objetivos por razones de fuerza mayor relacionadas con la Covid-19, económicas u organizativas).
En conclusión, lo que necesita España actualmente no es una mayor presión impositiva sobre los ciudadanos y las empresas, sino inyecciones de liquidez reales, directas al tejido productivo de nuestro sistema económico, junto a la implementación de ciertas ayudas a los más necesitados, como un impuesto negativo sobre la renta para los más perjudicados por la crisis. España debe pensar en una estrategia de recuperación a medio plazo, aprovechando los múltiples mecanismos de liquidez que ofrece la UE, promoviendo una fiscalidad atractiva para empresas e inversores, y rechazando cualquier atisbo de populismo económico. Porque, en caso contrario, nos convertiremos en el gran circo de la economía.
