30
oct
Civismo

  • España es un país con una fiscalidad al trabajo elevada. Según la OCDE, en nuestro país, la brecha fiscal (diferencia entre el coste asumido por la empresa y la retribución percibida por el asalariado) es del 39,38%, frente al 36,06% de la media de la OCDE.
  • La fiscalidad a empresas también resulta alta. Si contemplamos que engloba el impuesto de sociedades, las cotizaciones a la seguridad social, y los impuestos regionales y locales, España se trata del quinto país con la factura fiscal más abultada de la Unión Europea. Los impuestos suponen el 49,67% del beneficio bruto de las pequeñas empresas; el 51,01% del de las medianas; y el 61,57% del de las grandes compañías. 
  • Imponer un tipo mínimo efectivo al impuesto de sociedades implica, de facto, una pérdida de competitividad adicional para nuestras empresas, además de posibles vulneraciones de los convenios de doble imposición firmados con nuestros socios europeos. 
  • En relación con el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin), es una figura fiscal que perjudica especialmente al pequeño inversor por el desproporcionado aumento de costes de operación en los mercados. Además, eleva de manera automática la exigencia de rentabilidad por parte de los inversores hacia las entidades financieras que inviertan en activos españoles.
  • Tampoco podemos obviar el efecto dominó que esto tendría sobre el incremento de los costes de financiación empresarial, con impactos colaterales como, por ejemplo, el crecimiento de la inflación subyacente, la reducción del empleo, etc. 
  • No existe unanimidad en cuanto a la disminución de la volatilidad en los mercados que esta medida puede lograr, habida cuenta de las distintas experiencias internacionales y de los diversos estudios académicos al respecto. Por lo tanto, estaríamos ante una figura fiscal contraproducente y con un único afán: recaudar. 
  • El impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google) tampoco tendría ningún efecto favorable sobre la economía española. Las experiencias internacionales demuestran que acaba repercutiéndose sobre el usuario final, y que las empresas usuarias de servicios digitales sufren pérdidas en su beneficio operativo. En definitiva, nos encontramos ante una medida con un impacto en la evolución económica del país de signo negativo. 
  • En consecuencia, nos oponemos a la aplicación de estas medidas tributarias por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, o de cualquier partido que las proponga. Pensamos que la política económica debe ir encaminada hacia la racionalización y la búsqueda de la eficiencia en el gasto público, como paso previo al establecimiento de una fiscalidad atractiva para la inversión internacional y la generación de actividad económica privada, en un marco público estable, transparente y predecible. 

Para leer el informe completo, pinche aquí.


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