La situación de las pensiones, en estos momentos, podríamos decir que es uno de los principales retos, por no decir el que más, a los que se enfrenta la economía española y, por lo tanto, el nuevo Gobierno. Unas pensiones que, en estos momentos, no solo se enfrentan a la imposibilidad de nuevas revalorizaciones dentro de la capacidad presupuestaria, sino a una muy latente amenaza a la sostenibilidad y la garantía de las mismas. Un sistema que, en estos momentos, se encuentra colapsado y a la espera del abordaje político.
Los que han seguido la campaña electoral, habrán visto cómo el único debate acerca de las pensiones durante todos estos meses ha sido el de revalorizar las pensiones a los pensionistas, así como garantizar futuras revalorizaciones acorde con la evolución del Indice de Precios de Consumo (IPC). Sin embargo, poco se ha debatido sobre la situación que atraviesa el sistema, el déficit que soporta dicho sistema, así como las necesidades de las que está precisando el mismo para afrontar, únicamente, el pago de las pensiones vigentes.
De acuerdo con la situación de nuestro sistema de pensiones, España soporta un gran peso de las pensiones en el presupuesto público. Para hacernos una idea, el gasto en pensiones ya representa 1 de cada 5 euros del dinero de los españoles en el gasto público. Es decir, en otras palabras, las pensiones representan el 20% del gasto público que ejerce el país, suponiendo así una gran partida de gasto público, superando a la media europea que se sitúa en el 20,2%. Con un 20,7%, España ha superado la media europea en medio punto porcentual.
En los últimos años, dado el incremento que ha experimentado el número de pensionistas en el país, las pensiones han pasado de representar cerca de un 15% del presupuesto del gasto público, a representar ese 20,7% al que hacíamos mención en el párrafo anterior. En términos nominales, las pensiones se han incrementado en 40.000 millones, suponiendo un déficit para las cuentas públicas que han obligado al estado a tomar medidas extraordinarias para afrontar el pago de las mismas a través del Tesoro público.
España es de esos países que gasta más que la media en pensiones, con una tasa de sustitución del 83%
De acuerdo con las cuentas del estado, España está afrontando el pago de las pensiones, en estos momentos, con deuda. En otras palabras y para hacernos una idea, 150 euros de cada pensión que cobran los españoles jubilados se están teniendo que pagar con deuda pública. Una situación que con unos niveles de deuda pública del 97% sobre nuestro PIB, y ante la amenaza que supone el deterioro de la situación, debería preocupar mucho más a nuestra clase política, la cual se muestra bastante tranquila, a la vez de utópica, con la situación de las pensiones.
En el último año, el gasto de la Seguridad Social en pensiones ha crecido el doble que los ingresos. España es de esos países que gasta más que la media en pensiones, con una tasa de sustitución del 83%, pero que, por otro lado, también se encuentra por debajo de la media en materia de recaudación. Esto ha provocado un agujero en las cuentas del estado, soportando un déficit estructural que no solo dificulta el pago futuro de las pensiones, sino que, visto de otra perspectiva, está comprometiendo el futuro de las pensiones en España.
Mientras cerramos el 2019 con una tasa de dependencia -relación entre número de cotizantes por número de pensionistas, de 2,33, se espera que, para 2050, y en referencia a las perspectivas del servicio de estudios de BBVA, BBVA Research, España llegue a la paridad en materia de relación entre jubilados y cotizantes. En este escenario, el numero de pensionistas por cotizantes sería de 1-1, lo que complicaría y haría imposible el pago de las pensiones por parte del estado sin la necesidad de afrontar deuda y un excesivo incremento de la presión fiscal a toda la población activa en el país.
Una situación a la que llegaríamos por la imposibilidad de retomar las conversaciones del Pacto de Toledo por parte de nuestros políticos, que parecen más preocupados por el discurso electoral que por garantizar la sostenibilidad de las pensiones y la contención del déficit. Unos números rojos que rondan los 35.000 millones y al que, algunos, pretenden dar remedio con una recaudación agregada, por alzas impositivas a las rentas altas, de 338 millones de euros.
Mayor recaudación
La situación de las pensiones, en estos momentos, precisa de una mayor recaudación, así como, en última instancia, una reorientación de la tasa de sustitución. El fin debería ser el garantizar las pensiones y no la complacencia con la ciudadanía a cambio de su voto. Además, como decíamos anteriormente, el gasto se está incrementando con el paso de los años, a la vez que seguimos con una tasa de desempleo del 14%, superando así a todos los países de la Unión Europea -excepto Grecia-. Una tasa de paro que en términos juveniles, y no absolutos, se dispara hasta el 33%.
En una situación donde no hay dinero para pagar pensiones y necesitamos pagarlas con deuda; donde el pago de las pensiones supone un gasto creciente para las cuentas del estado, incrementándose año tras año; en una situación donde el número de cotizantes es cada vez menor, así como las bases de cotización de los mismos, el pago de pensiones es un reto que priorizar para la política española, pues, como decía, ya no es solo una situación molesta, sino que ya representa una de las principales amenazas para la sostenibilidad financiera del país.
