En un país tan propenso a pleitear como España, podría iniciarse una discusión de tantas otras a cuenta de quiénes son los más litigiosos. Habrá quien apunte que los gallegos, mientras que no faltará quien afirme, yéndose a la otra punta, que ese dudoso honor les corresponde a los canarios. Al margen de estos dimes y diretes, lo cierto es que todos estos procesos suponen un gasto importante.

Un informe de Civismo, que recoge datos del Consejo de Europa relativos a la eficiencia de la Administración de Justicia, apunta que la de nuestro país, con el propósito de que todos los asuntos judiciales abiertos se cierren y de ampliar su digitalización, ha aumentado esta partida presupuestaria a lo largo de los últimos años. Cabe destacar dos importantes subidas en 2016 y 2017, del 6,38% y el 7,43%, respectivamente. En 2018 este crecimiento se ha moderado, con un gasto apenas un 0,12% más elevado que el del año precedente.

Por supuesto, existen diferencias entre comunidades autónomas. Aquellas que, en 2017, tuvieron un mayor presupuesto en justicia por habitante fueron Cataluña (78,54 euros), País Vasco (78,02) y Madrid (68,92). En el extremo contrario figuran Baleares (11,11) y Castilla y León (0,07). Si esta partida presupuestaria se expresa como porcentaje del PIB, España, con un 0,33%, se halla ligeramente por encima de la media europea, que se sitúa en el 0,30%.

Sin embargo, es necesario analizar además cómo rinden estas asignaciones de recursos en la Administración de Justicia, pues será más eficiente la región que resuelva más asuntos con un menor presupuesto. Para esclarecerlo, si nos centramos en los procesos civiles y comerciales de primera instancia, ya que se tratan de los procedimientos más habituales y, por tanto, con un mayor impacto económico, podemos observar un dato de gran importancia: el porcentaje de procesos que se han iniciado y resuelto en el mismo año en cada comunidad autónoma. Madrid y Murcia (0,97%), así como País Vasco, Asturias, La Rioja y Navarra (0,94%) son las que más casos han resuelto, al contrario que en Extremadura (0,84%), Canarias (0,86%) y Aragón (0,88%).

Tal como afirma el mencionado informe de Civismo, una alta litigiosidad por sí sola no es perjudicial. Antes bien, la clave está en la eficiencia de los diferentes órdenes jurisdiccionales. Así, si el sistema judicial es ineficiente,
habrá más casos sin resolver, estos quedarán pendientes para ejercicios siguientes, irá aumentando la tasa de congestión, y esto devendrá en parálisis. Por tanto, la única solución es crecer en eficiencia, mediante un ajuste del presupuesto de la Administración de Justicia acorde con la situación en que esta se encuentre en cada momento. Por otra parte, habría que recurrir más a la mediación o el arbitraje, ya que, debido a su rapidez, son una buena alternativa para descongestionar, así como ampliar la formación de los jueces y dar más protagonismo a los acuerdos voluntarios entre las partes. Todo ello contribuiría a la necesaria reforma del esclerótico sistema judicial español.