Hace unos días, la Junta de Andalucía anunciaba que aprobará un programa de estímulo para los trabajadores por cuenta propia. Entre las medidas que contempla, figura que se amplíe a 24 meses una tarifa plana de 60 euros mensuales, o una cuota de 30 euros para menores de 30 años. Sin duda es una fórmula beneficiosa para fomentar el espíritu emprendedor, y necesaria en una región con una de las tasas de paro más altas de España. Sin embargo, no deja de constituir un síntoma de uno de los mayores hándicaps de nuestro país: los diferentes tratamientos que reciben los trabajadores en función de dónde residan, debido a la disparidad de regulaciones fiscales o laborales.
Esto abre oportunidades de progreso a unos, y se las cierra a otros, creando unas brechas, tanto autonómicas, como por el tipo de actividad, diferencias que no responden a un Estado supuestamente cohesionado. Así, en el caso de los autónomos, el tipo efectivo medio por rendimiento de sus actividades económicas difiere enormemente, desde el 13,5% que presentan en Castilla-La Mancha hasta el 23,13% que soportan en Madrid, según los datos más recientes de la Agencia Tributaria.
Puede resultar sorprendente que esta última comunidad ostente el tipo medio más elevado dado que siempre se ha caracterizado por contar con uno de los sistemas fiscales menos lesivos del país. La explicación reside en los muy distintos tipos que gravan a los autónomos dependiendo de la clase de actividad que ejerzan.
Quienes se encuadran en las denominadas actividades profesionales tributan a un 23,45%, sólo superados por artistas y deportistas, que lo hacen a un 24,26%; mientras que el tipo medio que recae en los empresarios es de un 16,96%; y el del sector agrícola y ganadero, de un 18,76%. Las diferencias del tipo efectivo medio entre comunidades vienen motivadas por el peso que tengan en la estructura productiva regional, por un lado, el colectivo de profesionales y, por otro, el de agricultores y ganadores.
El caso paradigmático es el ya mencionado de Madrid. Su tipo efectivo se ve penalizado al alza porque, allí, los autónomos que desarrollan actividades profesionales representan el 45,22% del total, el porcentaje más alto de España, mientras que los que se dedican a la agricultura y ganadería apenas suponen el 10,51%, la proporción, a su vez, más reducida. La misma dinámica se repite en Baleares y Cataluña.
En el extremo contrario, con los tipos efectivos más bajos, se hallan Castilla-La Mancha y Extremadura. Allí, las actividades agrícolas y ganaderas ocupan, respectivamente, al 55,77% y 56,72% de sus autónomos, mientras que el número de profesionales se sitúa en la cola de la tabla, a mucha distancia del de otras comunidades. Convendría igualar la tributación a los autónomos, para no discriminar más a un colectivo que arriesga como pocos, que dinamiza al país y al que, aún así, no se le han dado las facilidades que merecerían. Además, con un arma como la fiscal, se contribuiría a no perpetuar unas estructuras económicas tan heterogéneas, que siguen dividiendo a España.
