La primera lección que el Ejecutivo foral debe aprender es la imposibilidad de que la economía navarra crezca mientras nuestros impuestos no resulten competitivos frente a otras CC.AA., sean vecinas (País Vasco y La Rioja), o más lejanas, pero con mejor fiscalidad y ventaja logística (Madrid).

Una segunda regla: que la economía nunca crece cuando los impuestos son demasiado altos para los que crean más empleo y generan más valor. Nadie invierte sin el incentivo de lograr un beneficio proporcional al riesgo adquirido. Si los políticos desalientan la iniciativa privada, no habrá prosperidad.

La tercera norma se refiere a la inseguridad jurídica. Una región repele a los emprendedores si todos los años da bandazos tributarios. Recuerden cuando se aprobó en diciembre el Impuesto al Patrimonio con efecto retroactivo al 1 de enero anterior.

El cuarto axioma se apoya en la curva de Laffer. Se recauda más con impuestos moderados para la mayoría (incluso excluyendo a las rentas más bajas), que con unos muy elevados para una minoría. Expropiar casi toda la renta a los más acaudalados no resuelve el déficit de Navarra. En nuestra tierra, no hay ricos del tipo que residen en otras regiones, tal como lo demuestra que no figure ningún navarro en la lista de las 200 personas más adineradas de España. Expoliar a la clase media-alta nunca solventa la situación de las rentas más reducidas, sino que la empeora cuando la supuesta fortuna se marcha, ya que entonces hay menos capital para repartir. Este éxodo ya está ocurriendo. Lo prueba el descenso en un 39% de los ingresos por el Impuesto al Patrimonio.

La quinta receta va de la deuda. En plena desaceleración y un entorno en declive, endeudarse para gastar más resulta suicida. Esta política convierte una crisis coyuntural en sistémica. Salir de ella requerirá medidas muy duras, al estilo de las griegas.

La sexta sentencia trata del despilfarro. No sale gratis dilapidar el dinero de todos en aumentar faraónicamente el Gobierno. Este derroche, unido a otros muchos, supondrá el incremento de los tributos para los grandes contribuyentes. Quienes no soporten la expropiación se irán. Entonces, nos percataremos de que contratar a los amigotes del pentapartito ha costado mucho más que sus nóminas.

El séptimo principio alude a los insolidarios. Cuando, sin hacer nada, se reciben subsidios suficientes para tener una calidad de vida similar a la que se consigue trabajando, presenta mayores alicientes estar parado, sobre todo si, además, se realizan actividades en la economía sumergida. Por ello, vendría bien comprobar que las ayudas se otorgan a quienes de verdad las necesitan, e imponer sanciones disuasorias a los que abusan del sistema.

El octavo criterio completa al anterior. Se debe reclamar a cada salario social la contraprestación de un servicio a favor de la comunidad. Esto no solo disminuiría el fraude, sino que daría dignidad a quienes deseen sentirse útiles a la sociedad.

La novena propuesta afecta al carácter exportador que caracteriza a Navarra. Ser competitivo precisa serlo globalmente. Cuando el producto a exportar está sometido a mayores impuestos o se fabrica con una mano de obra más cara que en otros países, el coste de la mercancía sube. En ese caso, se dificulta la exportación, a menos que se brinde una calidad superior a la de la competencia foránea.

La décima pauta sugiere que nuestros políticos antepongan la eficiencia económica al dogmatismo ideológico. Por ejemplo, montar una Facultad de Medicina para que estudien 18 alumnos navarros constituye un dispendio. Hubiera sido mejor pagarles la estancia en el lugar donde hubieran podido acceder con su nota de corte.