En 2020, los españoles habrán trabajado, de media, un total de 178 jornadas para cumplir sus obligaciones con Hacienda. Es decir, el Día de la Liberación Fiscal, que Civismo calcula anualmente, llegó el 26 de junio. Podría parecer que se trata de un día menos de esfuerzo fiscal que en 2019, cuando la fecha en cuestión se dio el 27 de junio, pero realmente se trata de un espejismo que se esfuma al considerar el efecto calendario, puesto que este año es bisiesto. De modo que no hay cambios y el esfuerzo fiscal sigue siendo de 178 días.
Hay tendencia hacia una cierta estabilidad en materia de esfuerzo fiscal, puesto que el dato de los 178 días de salario dedicados a Hacienda se mantiene en línea con los cálculos de los dos ejercicios anteriores. Sin embargo, esa evolución podría romperse en 2021 si finalmentesalen adelante las distintas subidas impositivas que se están discutiendo en los últimos meses. En total, en caso de cumplirse los planes tributarios del gobierno, la factura tributaria se elevaría en 365 euros por persona o 1.095 euros por familia.
Civismo anota que el salario medio es de 25.123,99 euros, pero recuerda que el coste laboral asciende a 32.636,06 euros cuando se considera la «cuña fiscal». Sobre esa cifra, el pago de Seguridad Social supone 7.512,07 euros en la cuota patronal y 1.595,37 en la cuota del trabajador, mientras que el IRPF equivale a 3.212,36 euros, el IVA acarrea 1.960,05 euros, los Impuestos Especiales detraen 896,78 euros y los tributos autonómicos y municipales implican un esfuerzo de 767,40 euros. En consecuencia, el coste total de los impuestos asciende a 15.944,03 euros por contribuyente asalariado.
Diferenciando por comunidad autónoma, el peor clima fiscal se da en Cataluña, mientras que Murcia, La Rioja y Andalucía arrojan la menor presión tributaria sobre los salarios medios, con permiso de las ciudades de Ceuta y Melilla. Madrid aparece en la zona media de la tabla, según los cálculos de Civismo.
La decisión de mantener los tramos del IRPF sin ajustarlos al IPC tiene también un impacto notable en el bolsillo de los contribuyentes, hasta el punto de que los contribuyentes pagan 430 euros más al año por este motivo. El ex presidente estadounidense Ronald Reagan atajó este problema en los años 80, cuando introdujo la deflactación automática de las tarifas de dicho gravamen, con arreglo al IPC.
