Los datos del Instituto Nacional de Estadística son concluyentes: en los años de crisis comprendidos entre 2007 y 2013 los asalariados públicos han descendido en un 4,03% y los privados en un 21,64%. Así como las empresas se han visto obligadas a despedir y bajar sueldos, bien por cierre o para sobrevivir, el sector público ha hecho un ajuste mínimo, inferior al que se hubiera llevado a cabo con unas jubilaciones no repuestas. El carácter vitalicio de la función pública constituye una prerrogativa secular cada vez más cuestionada, especialmente por los trabajadores del sector privado. Cuando un funcionario toma posesión, la Administración debe asumir un gasto estructural, aunque su tarea, a futuro, deje de tener utilidad.
Actualmente, el 11,9% del PIB nacional va destinado al pago de las nóminas de los empleados públicos, porcentaje superior al 11,3% del conjunto de países desarrollados. El coste del personal al servicio de las Administraciones no supondría mayor problema sino fuera una de las causas de un gasto público insostenible. Éste provocará un déficit del 5,5% del PIB el presente año, que hará de nuestra deuda la mayor de la historia: un 99,5% del PIB.Triste herencia la que vamos a legar a varias generaciones. En la mayoría de los países, los políticos prefieren mostrar nuevas obras púbicas a amortizar deuda. Nuestro paísno es una excepción. Entre 2004 y 2010, el gasto público aumentó un 48%, reduciéndose tan solo un 5% desde 2010, año en que vimos las orejas al lobo cuando la canciller Merkel amenazó con un rescate.
En este contexto, Extremadura y Castilla La Mancha son las comunidades que cuentan con el mayor número de empleados públicos sobre ocupados totales. En el otro extremo, Cataluña y Baleares. La tendencia que se va imponiendo en las economías más prósperas es la de sustituir funcionarios por profesionales externos en aquellos servicios públicos donde la legislación lo permite. La razón parece ser clara: los contribuyentes pagaremos menos impuestos cuando la función se encomiende a aquel que, con las debidas garantías, puede realizar el servició a menor coste.
El ranking refleja que la comunidad que más ha aumentado los asalariados del sector público entre 2007 y 2102 es Baleares (8,16%), seguida de Navarra (6,63), cuyo incremento se ha debido a un Parlamento proclive al aumento de funcionarios. La tercera es Murcia, que crece un 4,32% con el agravante de ser el territorio español donde más ha descendido el porcentaje de asalariados del sector privado (-24,79). La explicación de esa pésima cifra reside en ser la comunidad en la que más ha subido el personal de laAdministración del Estado, sobre todo por el alza de los asalariados de sus universidades públicas, que han pasado de 1.881 en 2009 a 4.917 en 2013.
Si establecemos como conveniente para salir de la crisis el aumento de los asalariados del sector privado y la disminución de los del sector público– por una mejora de su eficiencia–, se puede concluir que las tres regiones que mejor lo han hecho son Madrid, Galicia y La Rioja. En el caso opuesto se encuentran Murcia, Andalucía y Cataluña. Las políticas clientelistas de inventar puestos de trabajo público innecesarios, siempre a costa de aumentar la deuda de todos, dan lugar a una depravación política, la cual debería estar penada con cárcel. El motivo es claro: esos puestos exigen un aumento recaudatorio que impide que se cree empleo real.
